Cinco cristianos están presos en Pakistán acusados de blasfemia contra Mahoma

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La presión internacional contribuyó quizá a que salvara la vida la nigeriana Safiya Hussaini, a la que un tribunal islámico había condenado a ser lapidada por presunto adulterio. Varias ONG hicieron campaña a favor de esta mujer, que finalmente fue absuelta el 25 de marzo. Menos conocido, en cambio, es el caso de Ayub Masih, católico sentenciado a muerte en Pakistán bajo la acusación de blasfemar contra Mahoma. Lo mismo se puede decir de otros cuatro cristianos paquistaníes sobre los que pesa el mismo cargo, que lleva aneja la pena capital.

El castigo de la blasfemia fue introducido en el Código Penal paquistaní en 1986, bajo el entonces presidente, el general Mohammed Zia ul-Haq (1977-1988), islamista convencido que llegó al poder mediante un golpe de Estado. El correspondiente artículo impone la pena de muerte a todo el que denigre a Mahoma «directa o indirectamente, con palabras dichas o escritas, o gestos, o alguna acusación, o mediante insinuaciones». La mera denuncia es suficiente para poner al acusado en prisión preventiva; para el veredicto de culpabilidad no se requiere probar que hubo intención de blasfemar, y basta el testimonio concorde de cuatro musulmanes. Esta disposición se ha convertido en un arma en manos de los extremistas islámicos, o se aprovecha para vengar agravios personales.

Ayub Masih fue acusado por un vecino en 1996 de haber dicho: «Si quieres conocer la verdad sobre el islam, lee a Salman Rushdie». Está preso desde entonces en Multan, 300 Km al sur de Islamabad. Fue condenado a muerte en abril de 2000, y en julio del año siguiente, la Alta Corte de Lahore rechazó la apelación. Solo le queda el último recurso, ante el Tribunal Supremo de Pakistán, que el 13 de febrero aceptó revisar el asunto, al apreciar indicios de irregularidades procesales. Es la primera vez que un caso de blasfemia llega al Supremo de la nación. La vista tendrá lugar hacia mayo próximo.

Según la ONG Christian Solidarity Worldwide (CSW), «los términos de la ley de blasfemia son notoriamente vagos; cualquiera puede ser hallado culpable, sin pruebas». En el caso de Ayub Masih, dice CSW, la acusación es falsa, y el verdadero motivo de la denuncia era coaccionar a quince familias cristianas de la localidad para que retirasen una reclamación sobre ciertos terrenos. No hay pruebas contra él, añade la ONG, y «la sentencia condenatoria es fruto de presiones sobre los jueces por parte de fundamentalistas islámicos».

El 15 de marzo se inició en Sialkot, 100 Km al sureste de Islamabad, el proceso contra otro cristiano acusado de blasfemia, Pervez Masih. Es el fundador de un colegio en su localidad, Chailyke Goraya, al que acuden unos 300 alumnos, muchos de ellos musulmanes. Fue denunciado en abril del año pasado por el director de una escuela islámica del mismo lugar. Cuando fue detenido, algunos grupos extremistas amenazaron con matar a cualquiera que le prestara asistencia legal u otra ayuda, informa la agencia Fides. Según la Comisión «Justicia y Paz» del episcopado paquistaní, la denuncia está motivada por celotipia.

Otro cristiano condenado por blasfemia, encarcelado en octubre de 2000, está pendiente de que la Alta Corte provincial vea su apelación. Dos más, en prisión desde mayo de 1999, siguen a la espera de juicio.

Hasta ahora no ha habido ninguna ejecución en cumplimiento de la ley de blasfemia, aunque cinco cristianos denunciados por este motivo han sido asesinados, así como un juez que había absuelto a dos acusados. En mayo de 1998 se suicidó el obispo católico de Faisalabad, en protesta contra la condena en primera instancia de Ayub Masih (ver servicio 72/98).

Los cristianos y los musulmanes moderados piden la derogación de la ley, y han presentado una moción en el Parlamento. Ya antes ha habido otras tentativas, sin éxito. En 1995 la entonces primera ministra Benazir Bhutto, y en 2000 el actual presidente Pervez Musharraf intentaron reformar la ley, pero renunciaron ante la fuerte oposición de los islamistas.

En cambio, el gobierno de Musharraf ha abolido otra medida de discriminación religiosa, vigente desde 1985 y también obra de Zia ul-Haq. Se trata del sistema electoral segregado, por el que cada elector solo puede votar a candidatos de su misma religión, y los musulmanes tienen reservados todos los escaños, menos diez, del Parlamento. De los escaños para minorías religiosas, a los cristianos corresponden cuatro. Pero en enero pasado, el gobierno decidió que, a partir de las próximas elecciones, previstas para octubre de este año, los electores podrán votar a cualquier candidato, con independencia del credo. Esto, según CSW, resultará beneficioso para la libertad religiosa: como los cristianos y otras minorías de creyentes suelen concentrarse en determinados lugares, su voto será importante para los candidatos -musulmanes incluidos- de las correspondientes zonas. En tal caso, los parlamentarios tendrán que escuchar a las minorías, y es más probable que contribuyan a frenar el recurso abusivo a la ley de blasfemia.

En Pakistán, país de 144 millones de habitantes, los musulmanes son el 96%. Del resto, unos tres millones son cristianos.

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