Canadá: polémica sobre tribunales islámicos

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Duración lectura: 1m. 46s.

Una propuesta de arbitraje de conflictos familiares ante tribunales islámicos según la sharía provoca vivas polémicas en Canadá, donde viven 600.000 musulmanes. El Parlamento de Québec ha sido el primero en pronunciarse contra esta iniciativa, si bien cuando la resolución fue aprobada solo se encontraban presentes un puñado de diputados.

La polémica se inició en 2002, cuando el presidente de la Sociedad Canadiense de Musulmanes pidió al gobierno de Ontario que, en virtud de una ley de arbitraje en cuestiones civiles o comerciales, se permitiera que tribunales islámicos decidieran en asuntos familiares dentro de la comunidad musulmana. El gobierno de Ontario encargó un informe a la entonces ministra de Justicia, Marion Boyd. En diciembre de 2004, esta abrió la puerta a la sharía, al recomendar su aplicación en casos de arbitraje familiar (custodia de los hijos, reparto de bienes en caso de separación…). Boyd aconsejó analizar detenidamente la jurisprudencia de la sharía para determinar si las críticas de discriminación de las mujeres en la ley islámica eran reales.

Pero la propia comunidad musulmana está divida en la cuestión. La principal impulsora de la resolución para vetar la sharía en Québec ha sido Fátima Houda-Pepin, musulmana nacida en Marruecos. Según ella, los fundamentalistas islámicos quieren aprovecharse de las garantías de derecho que existen en Canadá y del multiculturalismo oficial, pensado para defender los derechos de las minorías. Para Houda-Pepin no hay ninguna duda de que “según la sharía, la mujer está siempre bajo tutela”, y por tanto, discriminada. Houda-Pepin recordó que hay musulmanes en Canadá desde 1871 y que quieren integrarse en la sociedad; a su juicio, “la aplicación de la sharía es una estrategia para aislar a la comunidad musulmana, para imponer una visión arcaica del Islam”.

Los musulmanes que están a favor de la aplicación de “principios islámicos” en las disputas familiares, aducen que otros grupos religiosos (judíos, ortodoxos…) utilizan la ley de arbitraje para dirimir litigios, sobre todo comerciales, entre miembros de sus comunidades.