Las relaciones entre el gobierno de Bolivia y la Iglesia católica se han tensado desde que el arzobispo de Cochabamba denunciara la utilización de menores para la venta de cocaína. Ahora el gobierno de Evo Morales anuncia un aumento de impuestos a la Iglesia boliviana.
Durante el acto de clausura de la 90.ª Asamblea de Obispos de Bolivia, Mons. Solari, arzobispo de Cochabamba, expresó su preocupación por las actividades de narcotráfico en su diócesis, y en concreto sobre la incidencia cada vez mayor de este problema en los jóvenes: “Pasajeros que vienen de Santa Cruz, que quieren comprar naranja o mandarina, [ven que] llegan chicos a ofrecer cocaína, bolsas de cocaína”. Además, explicó que en su reciente visita pastoral a territorios como Chapare tuvo ocasión de conocer esos abusos de boca de educadores y padres de la zona. Le sorprendió comprobar que muchos jóvenes disponían de motos y teléfonos móviles de último modelo, sin que se les conozca trabajo alguno. “¿De dónde sacan la plata?”, se preguntaba.
No es la primera vez que se denuncia este abuso. Óscar Nina, comandante de la policía nacional boliviana, reconoció que esta práctica es habitual entre los narcotraficantes, y que ya la habían notificado en el caso concreto de Cochabamba. Los distribuidores aprovechan la inmunidad de los menores para utilizarlos.
El problema es que las asociaciones legales de cocaleros gozan de una gran ascendencia sobre el gobierno. Evo Morales es el líder de seis de las asociaciones de cocaleros más importantes. En principio, el cultivo de coca y el narcotráfico son dos actividades distintas, cada una a un lado de la ley. Sin embargo, basta observar la reacción de estas asociaciones para darse cuenta de las relaciones que las unen.
Según la agencia para el control de estupefacientes de Naciones Unidas, Bolivia, con más de 30.000 hectáreas plantadas, es el tercer productor de coca del mundo, con un 18% del total, detrás de Perú y Colombia. Y se estima que, de ese volumen de coca, entre un 35 y un 40% se desvía al narcotráfico.
Las reacciones y su trasfondo
Los primeros en rasgarse las vestiduras por las declaraciones de Mons. Solari fueron los propios cocaleros. En una escalada de indignación pidieron al arzobispo, en primer lugar, que aportara pruebas, después le declararon persona non grata en Cochabamba, y finalmente le dieron un ultimátum para retractarse en 48 horas: si no lo hacía, presentarían una denuncia ante el Vaticano, por “discriminación y actitud racista”.
Y es que en Bolivia el debate del narcotráfico, como casi todos los debates, está viciado por el indigenismo oficial, variante local del buenismo roussoniano, y representado políticamente por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales. Precisamente del seno de este partido han venido la mayor parte de las réplicas a las palabras del arzobispo Solari. Algunas, como la del portavoz del gobierno, exigen “que la Iglesia aporte soluciones”.
Sin embargo, como era de esperar, otros han ido más lejos y no han querido perder la ocasión de agitar la bandera del indigenismo anticapitalista y la anticolonización. Julio Salazar, senador del MAS, representó a su partido en una asamblea creada para tratar la respuesta a las palabras del arzobispo. Entre otras cosas, en esa asamblea se concluyó que “la Iglesia está actuando con doble moral, políticamente, y se identifica con las oligarquías y a favor del imperialismo”, o que “ante la ausencia de una derecha en el país, ésta [la Iglesia] sale a defender al imperialismo”. Lo mismo para valorar la actitud de Solari: “racista y en defensa de los neoliberales”.
En otros casos se acude directamente a la conspiración antipatriótica: “la Iglesia vino con la colonización, por eso algunos señalaron que el monseñor Tito Solari es un obispo italiano colonial. Se trata de un extranjero en el país que critica la democracia, el proceso de cambio”.
Por su parte, los cocaleros se atrevieron a quejarse de que las palabras del arzobispo “estigmatizan a los niños y a los cultivadores de coca”. Lógicamente solo se les ocurre una solución al problema: “que renuncie a esta autoridad como obispo en Bolivia”.
Más impuestos a la Iglesia
Más allá de las tópicas acusaciones ideológicas a la Iglesia católica, Emiliana Aiza, diputada del MAS, abría otra puerta a la controversia al sacar el tema de la aportación de la Iglesia a las arcas públicas: “La Iglesia nunca aportó económicamente al Estado, pero sí hacen denuncias”.
Unos días después el gobierno de Evo Morales ha anunciado que va a cobrar impuestos a la Iglesia. En realidad, ya cobra algunos; hay otros de los que la Iglesia está exenta por convenios con el Estado.
Es curioso comprobar cómo ha cambiado el punto de vista en poco tiempo. Según recuerda la agencia Zenit, hace menos de dos años Marlene Ardaya, presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales, declaraba que la Iglesia católica “está pagando sus impuestos de otro tipo de actividades que tienen características comerciales, por ejemplo las universidades”. En total, en Bolivia hay casi 1.500 colegios católicos, 1.600 parroquias o conventos y 250 hogares sostenidos por la Iglesia, en su mayoría procedentes de la donación de sus fieles o de otras instituciones.
Ardaya aclaraba que “las instituciones religiosas no pagan tributos por actividades explícitamente referidas a la fe. Nadie paga impuestos de eso, ninguna Iglesia, ni la cristiana, católica ni nadie, porque es un tema de orden de fe”. Además, la medida discrimina a la Iglesia Católica respecto a las religiones indígenas, tan auspiciadas por Morales: “qué pasaría con aquellos que creemos en los ritos aymaras, las ‘mesas’, las ‘milluchadas’, si tuviéramos que pagar impuestos”, afirmaba Ardaya.