En Perú, los herederos de Sendero Luminoso intentan legitimarse en las urnas y afirman que la lucha armada fue “un error”. El gobierno de Humala responde con una ley que pena con cárcel negar el carácter terrorista de las acciones de Sendero Luminoso.

Hasta ocho años de cárcel. Es ese el destino que puede aguardar a quien, en Perú, niegue el calificativo de terrorista a cualquiera de las organizaciones armadas de orientación izquierdista –a saber, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y Sendero Luminoso (SL)– que tuvieron en vilo al país durante las décadas de los 80 y 90. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, al presentar la propuesta de legislación a finales del verano, aseguró que la legislación era necesaria porque, hasta el momento, “el delito de apología del terrorismo no ha tenido éxito en la persecución penal”. En tal sentido, “quienes nieguen que en el Perú hubo una masacre por parte de estas organizaciones criminales, serán sancionados porque incurrirán en el delito del negacionismo”. Ciertamente, la cifra de 69. 280 víctimas de esa guerra no declarada –dato que registra la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada en el país sudamericano a efecto de paliar los enormes daños causados a la población civil y de intentar tender puentes entre los antiguos implicados– dice mucho de la necesidad de no olvidar, de no minimizar aquellos hechos. Críticos de la ley dicen que no impide justificar las acciones delictivas cometidas por el ejército en la lucha contra la insurgencia Así, el gobierno de Ollanta Humala parece, con la ley, estar tomando medidas preventivas para evitar un rebrote de la violencia, pues una parte de quienes la generaron están ahí, vestidos con una nueva indumentaria demócrata, en el denominado Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF). Este remanente ideológico de SL califica hoy la lucha armada como “un error”, y no ha dejado de ejercer su influencia en ámbitos estudiantiles y profesionales del país. El MOVADEF niega que SL haya practicado alguna vez el terrorismo y expresa que su líder, Abimael Guzmán (en prisión desde 1992) estaría dispuesto a hacer una autocrítica pública. Por los antecedentes del grupo y por sus pronunciamientos actuales, que buscan quitar hierro a su pasado subversivo, su intento de inscribirse como partido político ha sido rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones. El pasado 12 de septiembre, el presidente Humala advirtió que el MOVADEF se sigue “infiltrando en organizaciones sociales y sindicatos”. No extraña, pues, que Lima quiera cortarle las alas, mientras más pronto, mejor. Los militares quedan fuera La ley contra el negacionismo es breve –sería el artículo 316-A del Código Penal– y establece que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años el que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas”, de modo tal que el contenido de esas expresiones ofenda a un colectivo social, enaltezca a los responsables del delito de terrorismo, estimule la violencia terrorista y sirva para adoctrinar con esos fines. El presidente Humala advierte que los herederos de los terroristas se siguen infiltrando en organizaciones sociales y sindicatos Si se mira bien, sin quitar para nada la responsabilidad de los crímenes que corresponden al MRTA y a SL, la propuesta de legislación deja fuera a una parte de los implicados en la violencia de antaño: los militares. Quien corre el riesgo de ir a prisión es el que reste importancia a las acciones cometidas por “integrantes de organizaciones terroristas”, pero el ejército, desde luego, es una institución del Estado, no una banda armada irregular; por eso, en teoría, no se le aplicaría la ley a quien defendiera cualquier actuación de los uniformados en la guerra contra la insurgencia. Los testimonios de los sangrientos delitos militares son muy abundantes. Como ilustración, el secuestro, tortura y desaparición, el 18 de julio de 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la limeña Universidad de Nacional de Educación. El suceso, conocido como la matanza de La Cantuta (por el barrio en que se encuentra el centro educativo), derivó en el enjuiciamiento de un grupo de oficiales, su ingreso en prisión, su amnistía en 1994 y la revocación de esta en 2001. Buscando antecedentes… Al dar a conocer el proyecto, el presidente del Consejo de Ministros quiso apoyarse en precedentes y citó la existencia de leyes como las de Alemania contra el negacionismo de los crímenes del régimen nazi. Mas no solamente Berlín tiene instrumentos de este tipo. Francia, Austria, Suiza, Polonia, etc., cuentan en sus legislaciones nacionales con artículos para detener en seco a los que relativicen el genocidio ejecutado por los nazis. A nivel europeo, el Consejo de la UE aprobó en 2008 una Decisión Marco que considera delito punible “la apología pública, negación o trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”. Ahora bien, el apoyo comparativo que pretende hallar Lima en estas bases para legitimar la nueva iniciativa antinegacionista, puede resultar engañoso: los autores de los crímenes cometidos en Europa entre 1939 y 1945 son harto conocidos, sus acciones son innegables, y a quienes las justifican o enaltecen se les juzga en razón de ello. Pero en Perú, donde tanto la fuerza castrense como la guerrilla fueron culpables de casi 70,000 muertes –20.000 a manos del ejército y 31.000 a manos de SL–, la parcialidad con que se trata el asunto deja mucho que desear. ¿A la cárcel por no saber? La abogada Cristina Chiabra considera que, al castigar el negacionismo, la ley se convertirá en un peligro para quienes no conocen qué es el terrorismo. Pudiera decirse, en este punto, que un principio jurídico universalmente aceptado refiere que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. No es menos cierto, si embargo, que a diferencia de Europa, donde el sistema educativo y los medios de difusión han documentado eficazmente la realidad del nazismo, en Perú, con una tasa de analfabetismo del 10 por ciento y cierta manipulación que exonera totalmente a unos y culpa de todo a otros, pudieran surgir obstáculos en la valoración de un pasado en que los dos bandos se mancharon las manos de sangre, y cualquier confusión pudiera tomarse arbitrariamente como motivo para enjuiciar a inocentes. De momento, un vídeo gubernamental se esfuerza por alejar los temores de la ciudadanía. El locutor advierte: “El terrorismo ha cambiado sus tácticas. Ahora busca introducirse en la sociedad que quiso destruir con la violencia, adoctrinando con mentiras a nuestra juventud. No debemos permitirlo”.

Se castigará negar los delitos de organizaciones terroristas

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