Populismo judicial en México

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Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México (CC Eneas De Troya)

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México (CC Eneas De Troya)

 

Jalisco.— El pasado 15 de septiembre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso una consulta popular para que se investiguen posibles delitos cometidos por los cinco últimos expresidentes. El problema es que esto es constitucionalmente dudoso, pues la justicia no puede sujetarse a la opinión de las mayorías.

Más aún si tomamos en cuenta que no existe ningún impedimento legal para investigar y procesar a los expresidentes. De hecho, si existen sospechas de que participaron en algún hecho ilícito, las autoridades están obligadas a investigarlo sin necesidad de que una consulta popular lo avale.

Por otra parte, una consulta con tintes de linchamiento popular y una fuerte exposición mediática de los enemigos políticos del Presidente, puede violar la presunción de inocencia y el derecho al honor de los involucrados. Además, someter un proceso o investigación criminal a consulta popular también implicaría dejar a un lado los derechos de las posibles víctimas.

Mensaje de cambio

Esta consulta fue una propuesta de campaña desde que AMLO era candidato y tiene la clara intención de transmitir un mensaje de cambio radical. Todo el discurso del gobierno actual, autoproclamado “La Cuarta Transformación”, persigue este objetivo. El mensaje es: somos distintos, la corrupción del periodo neoliberal ha quedado atrás, el país se está transformando.

El discurso de AMLO presenta a toda la oposición como conservadora neoliberal y al gobierno actual como la única opción real de cambio

En la exposición de motivos de la consulta, se hace referencia a todos los escándalos y problemas políticos relacionados con inseguridad y corrupción en los últimos 30 años, culminando con los escándalos relacionados con las denuncias a Emilio Lozoya sobre posibles hechos de corrupción entre la empresa Odebrecht y el gobierno anterior.

Todo parece indicar que la consulta popular que está promoviendo el ejecutivo tiene fines más electorales que de impartición de justicia. Se busca, por una parte, reforzar el discurso del gobierno actual que polariza a la sociedad en dos bandos: los que están a favor de la transformación del país y los que se oponen a ella.

Sobra decir que este mecanismo conlleva un gasto enorme y una campaña publicitaria bastante fuerte; todo en el marco de un proceso electoral que culmina el 6 de junio del próximo año y que podría cambiar el escenario político del país, pues se elegirán diputados federales y de 30 congresos locales, así como 15 gobernadores y 1,900 ayuntamientos.

Jueces en situación incómoda

Ahora bien, la Constitución Mexicana establece como requisito para la convocatoria de una consulta popular que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si la consulta es o no constitucional. Lo anterior puso a la SCJN en una situación incómoda, pues la decisión implicaría una confrontación directa con un poder ejecutivo hostil que no ha vacilado en atacar al poder judicial en el pasado, llegando al extremo de provocar la polémica renuncia del Ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora el año pasado con base en acusaciones vagas, en medio de fuertes presiones políticas y mediáticas, después de que éste hubiera sido ponente en un asunto en contra del gobierno federal por abusar de la medida de congelamiento de cuentas bancarias sin autorización judicial.

La difícil situación en que se encontraba la Corte también se vio reforzada por las declaraciones del Presidente días antes de la decisión, cuando afirmó que el Poder Judicial debía “asumir su responsabilidad” si resolvía que la consulta es inconstitucional y amenazó con reformar la Constitución si fuera necesario. La presión era fuerte no solo por parte del Ejecutivo sino también por la opinión pública, pues gran parte de ella considera a la SCJN como representante de los intereses de gobiernos anteriores.

La Corte ya ha ejercido esta facultad en ocasiones anteriores determinando que la materia de diversas consultas populares era inconstitucional, pues versaban sobre cuestiones que no están sujetas a la opinión de las mayorías, relacionadas con normas electorales, restricciones a derechos humanos, o ingresos del Estado. De modo que ya existía una metodología desarrollada para estudiar este tipo de casos.

Pregunta ambigua

Sin embargo, el pasado primero de octubre la SCJN siguió una metodología completamente distinta a la desarrollada en los precedentes y, para sorpresa de todos, una mayoría de 6 ministros contra 5 decidió que la materia de la consulta es constitucional, aunque no lograron llegar a un acuerdo sobre las razones por las que esto es así. En un segundo momento, la mayoría de los ministros decidió modificar la pregunta para prevenir que esta fuera contraria a derechos humanos, de modo que quedó una redacción exageradamente ambigua:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?

Así, la pregunta cambió profundamente: la consulta popular ya no será para que se inicie una investigación, sino para que se lleven a cabo las “acciones pertinentes”; el objeto ya no es la posible comisión de delitos sino las decisiones políticas de años pasados; y ya no se refiere a los 5 últimos expresidentes sino a “actores políticos”, sin especificar quiénes. La Corte tomó una decisión salomónica en la que evitó una confrontación con el poder ejecutivo y cambió la redacción de la pregunta para evitar el linchamiento mediático de los expresidentes y que la persecución de delitos se sometiera a la decisión de las mayorías.

Sin embargo, la nueva pregunta, además de ser imprecisa, convierte a la consulta popular en algo completamente irrelevante. Sea positivo o negativo el resultado, no está claro a quién obliga ni a qué. Sin duda, habrá muchos problemas en la implementación de esta consulta y el resultado será, en última instancia, ocioso.

Pensando en las elecciones

Por si fuera poco, aún existe incertidumbre respecto a la fecha en que se llevará a cabo la consulta, pues si bien la Constitución prevé que debe hacerse el primer domingo de agosto del próximo año, la legislación secundaria prevé que debe hacerse en la jornada electoral (6 de junio), lo cual confundiría aún más el ambiente, pues los ciudadanos decidirían en un mismo momento sobre la consulta y sobre el partido por el cual votar. El Presidente ya ha argumentado que el proceso de consulta debería hacerse en la jornada electoral para reducir costos.

El Presidente constantemente busca desviar la discusión pública hacia temas del pasado

Estas preocupaciones se acentúan por las manifestaciones recientes de López Obrador, quien continúa hablando de una consulta para enjuiciar a los expresidentes e incluso afirmó: “Según entiendo los que están por que se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el sí y los que están en contra de que se lleve a cabo este proceso votarían por el no”.

Se trata de un precedente peligroso para el equilibrio de poderes. Finalmente, existe un consenso entre los académicos en derecho constitucional más importantes del país (1) que opinan que con esta decisión la Corte se dejó presionar por la opinión popular y por el gran poder que acumula el Presidente. Se ignoró el texto constitucional al avalar una consulta popular ociosa en la que el Presidente consigue su objetivo principal: se utilizará para propagar el discurso que clasifica a toda la oposición como conservadora neoliberal y al gobierno actual como la única opción real de cambio, al mismo tiempo que se llevan a cabo las campañas electorales.

AMLO mira al pasado

Esto se enmarca en un estilo de gobernar que a estas alturas ya es bastante claro. El Presidente constantemente busca desviar la discusión pública hacia temas del pasado: ya sea para que se hable del aeropuerto propuesto por el anterior gobierno, del avión presidencial, de exigir disculpas al gobierno español por la conquista de América o al Vaticano por la evangelización, o utilizar investigaciones criminales, como lo hizo en el caso Odebrecht o en el caso de Rosario Robles, para que se hable de la corrupción de gobiernos anteriores.

Lo anterior, a su vez, funciona como distractor para los cuestionamientos que cada vez incomodan más al gobierno federal respecto a la falta de estrategia para enfrentar la crisis sanitaria, el bajo desempeño de la economía nacional, la mala relación del gobierno federal con los gobiernos locales de oposición y el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

En el fondo, se trata de fortalecer una narrativa maniquea con el propósito de atraer votos, colocando a la población ante la falsa disyuntiva de elegir entre un pasado corrupto o un futuro esperanzador.

Juan Pablo Andrade Rojas
Abogado

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(1) Por ejemplo, Juan Jesús Garza y otros, o Dulce Alejandra Camacho.

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