Japón debate sobre su papel militar

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Ashiya. Cada vez se discute más abiertamente en Japón la posibilidad de modificar la Constitución de 1947. Un punto clave es el posible cambio del artículo 9, que prohíbe poseer fuerzas militares y el recurso a la fuerza para resolver conflictos. Estas limitaciones, establecidas en la posguerra por temor al militarismo nipón, son vistas por muchos como un freno a la presencia de Japón en la política internacional.

La presente Constitución fue preparada por el gobierno japonés -aunque con considerable asesoramiento y apremio por parte de las autoridades americanas de ocupación-, con base en la anterior, promulgada por el emperador Meiji en 1889.

Desde su entrada en vigor en 1947 no ha sufrido cambio alguno. Hasta hace muy poco se consideraba tabú hablar de su posible revisión. Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a discutir abiertamente acerca de la conveniencia de reformarla.

En la arena política las discusiones de los comités para una revisión constitucional, creados en 2000, están entrando en su fase final. Al mismo tiempo, el partido del gobierno (Partido Demócrata Liberal) y el principal partido de la oposición (Partido Democrático de Japón) están trabajando en sendos borradores de nueva Constitución. Por otra parte, varias encuestas publicadas muestran que un creciente número de ciudadanos está a favor de una revisión. Y son los votantes el juez final en esta materia: para poder reformar la constitución se requiere aprobación de la mayoría de los votantes y la sanción por parte de dos tercios de los miembros de las dos cámaras de la Dieta.

Con motivo del 57 aniversario de la Constitución el pasado 3 de mayo, los dos periódicos de mayor tirada del país, el conservador Yomiuri Shimbun (10 millones de ejemplares) y el liberal Asahi Shimbun (8,3 millones) han llevado a cabo encuestas acerca de la conveniencia de esa posible revisión, con resultados muy similares. En los dos casos más del 60% de los que han contestado son partidarios de realizar cambios. La mayoría de los que opinan a favor de una revisión están en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años.

Por lo que se refiere a las razones del cambio, las opiniones más comunes apuntan a la necesidad de reflejar nuevos derechos de los ciudadanos e instituciones en consonancia con los tiempos actuales. Entre ellos se cuentan la protección del medio ambiente, de la privacidad y el derecho a acceder a información.

Aunque el debate parlamentario cubre todas las áreas de la Constitución, el tema que inspira mayor interés público con mucho, es la redacción del art. 9, que en la letra prohíbe a la nación poseer fuerzas militares. Los partidarios de la revisión creen necesaria una enmienda que reconozca a Japón el derecho de legítima defensa y permitir a las actuales Fuerzas de Autodefensa tomar parte en campañas internacionales y de defensa colectiva junto con sus aliados. Por este motivo, en 2001 la Dieta japonesa aprobó una legislación antiterrorista que permite enviar tropas fuera del país para cooperar en zonas de conflicto armado (cfr. servicio 152/01), y, de hecho, actualmente están presentes en Irak.

De todos modos, aunque el público en general acepta la presencia y actividades de las Fuerzas de Autodefensa, en la encuesta del Asahi aparece todavía indeciso cuando se le pregunta acerca de esta cuestión. Sin embargo, los que están a favor de mantener ese artículo tal como hasta ahora han disminuido un 14% con respecto a encuestas anteriores de ese periódico.

El sondeo llevado a cabo por el Yomiuri Shimbun muestra un récord del 65% a favor de revisar la ley suprema, pero los que están a favor de cambiar el art. 9 son un 44%. Las razones principales apuntadas a favor del cambio se refieren a la incapacidad de responder a los desafíos y demandas del orden internacional, impuesta por las restricciones de la Constitución actual. Por su parte, el Yomiuri Shimbun ha publicado una propuesta interesante de revisión constitucional en la que sobresale (en un titular de primera página) la moción de definir la familia como la base de la sociedad. Advirtiendo el creciente número de problemas sociales derivados de las disfunciones familiares, plantea incorporar una cláusula cuyo primer párrafo sea: “La familia será protegida como base de la sociedad”.

También son interesantes las propuestas de incluir una cláusula para prohibir la manipulación de la vida humana, así como un nuevo principio referido a la solidaridad en el que se urge al pueblo a fomentar la seguridad social a través de “sus propios esfuerzos y cooperación mutua”.

Antonio Mélich

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