Tras el éxito militar israelí, el temor a la derrota ante la opinión pública mundial

El gobierno de Ariel Sharon ha presentado como un gran éxito ante la opinión pública israelí la invasión de las poblaciones palestinas y la destrucción de la “infraestructura del terrorismo”. Pero el éxito militar puede convertirse en una derrota de opinión pública cuando la prensa, impedida de trabajar sobre el terreno, pueda entrar en Cisjordania y mostrar las imágenes de las destrucciones y los relatos de la población civil palestina, y se conozca el número total de víctimas. La prensa israelí, que ha apoyado a Sharon en la escalada militar, empieza a temer que Israel se encuentre en el banquillo de los acusados ante la opinión pública mundial. Los que denuncian el trato del ejército israelí a la población civil no son ya solo los palestinos sino también la Cruz Roja y representantes de ONG.

Antes de que se supiera el número de muertos causados por el ejército en el bombardeo y asalto del campo de refugiados de Yenín, articulistas del diario Yediot Ahronot advertían las posibles repercusiones. “Mientras contamos nuestros muertos, los palestinos mostrarán al mundo entero las imágenes de los suyos. Y si hasta ahora solo hemos oído hablar de nuestros éxitos, a partir de ese momento vamos a oír hablar también de nuestros errores”, escribe Sima Kadmon. El editorialista Nahoum Barnea prevé que los palestinos tratarán de presentarse como víctimas de una masacre, y que “Israel será mostrado ante el mundo entero como un criminal de guerra del tipo de los serbios en Bosnia”.

Pero no son solo los palestinos los que acusan al ejército israelí de violar el derecho humanitario. Durante los días de la invasión, el jefe de la delegación de la Cruz Roja Internacional, René Kosirnik, declaraba que Israel no respetaba la Convención de Ginebra (1949) sobre protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra. La convención dice que una población ocupada debe poder vivir de la manera más normal posible, dada la situación. “El principal problema es el toque de queda -declaraba Kosirnik a Le Monde (10 de abril)-. No se impone de modo parcial, sino a ciudades enteras y de forma sistemática. La población vive encerrada, atrapada. El aprovisionamiento de productos básicos es imposible. Faltan bombonas de oxígeno en los hospitales, medicamentos especiales para los enfermos crónicos. Siempre hay en el derecho humanitario una cláusula de excepción. No olvidemos que es el derecho en tiempo de guerra. Pero condena toda medida que no está dictada por ‘imperiosas necesidades militares’, que sea desproporcionada a la situación”.

El art. 53 de la Convención de Ginebra prohíbe que “la potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes a personas privadas, al Estado o a colectividades públicas”, excepto “cuando sea absolutamente necesario para las operaciones militares”. Kosirnik mostraba también su preocupación por las “destrucciones de casas, de infraestructuras de agua y de electricidad. Dudamos que la destrucción de bienes civiles esté justificada por imperativos militares”.

René Aquarone, de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, declaraba el 10 de abril que la situación de Yenín “es la peor de la historia reciente: desde hace una semana no ha sido posible acceder para entregar ayuda humanitaria, ni alimentos, ni medicamentos, ni sangre ni oxígeno, ni han podido entrar ambulancias”.

La Convención de Ginebra estipula que los heridos y los enfermos “serán objeto de una protección y de un respeto particulares”, al igual que los transportes que los llevan. A este respecto, Noam Lubell, de la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos, explicaba en París el 8 de abril cuál era la situación en los territorios palestinos: “Los hospitales sufren graves carencias. Los equipos médicos están agotados. Las ambulancias no pueden circular. Con un poco de suerte, el ejército se limita a impedirles el paso. Con menos suerte, son retenidas durante horas, con el riesgo que eso comporta para la persona transportada. En el peor de los casos, son atacadas, y ejemplos no faltan”.

Las autoridades israelíes afirman que han encontrado ambulancias que transportaban armas y explosivos. “Solo en un caso el ejército ha podido descubrir explosivos en una ambulancia”, replica Nimrod Amzalak, director de la ONG israelí B’Tselem, que se dedica a informar sobre la situación en los territorios ocupados. Pero este caso aislado no justifica que se dispare sobre las ambulancias. “El ejército puede parar las ambulancias, registrarlas y dejarlas partir. Disparar es ilegal e inmoral. De todos modos, el ejército israelí atacaba las ambulancias incluso antes de ese elemento de prueba”.

Mohammed Abu Ghali, cirujano, director del hospital público de Yenín, situado en la proximidad del campo de refugiados, contaba así su situación el pasado 9 de abril (Le Monde, 11 de abril): “El hospital está cercado por los carros israelíes. Han colocado un puesto de control a 20 metros, y no dejan entrar ni salir a nadie, ni heridos ni mujeres embarazadas. Un carro israelí ha aplastado la única ambulancia que tenía el hospital. La Cruz Roja tiene tres y la Media Luna Roja siete, pero ninguna puede salir. Esta mañana han venido del exterior ambulancias con comida y medicamentos. Han estado bloqueadas en el puesto de control de las 8 a las 13 horas; después de negociaciones, los soldados les han obligado a dar media vuelta. El campo de refugiados está rodeado, bombardeado sin cesar, y no podemos hacer nada por esa gente. Para nosotros, médicos, es horrible”.

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