Dos recientes actuaciones del fiscal general de Israel, Menahem Mazuz, pueden tener efectos importantes en la disputada propiedad de la tierra. Por un lado, ha dicho al gobierno israelí que no puede aplicar una antigua ley sobre propiedades abandonadas para adueñarse de las propiedades palestinas en Jerusalén Este. Por otro, ha tomado una decisión histórica: permitir que todos los ciudadanos de Israel y no solo los judíos puedan comprar tierras en el país.
La ley que pretendía aplicar el gobierno de Ariel Sharon data de 1950. Tras la creación del estado israelí en 1948, muchos palestinos abandonaron sus posesiones. Dos años más tarde el gobierno aprobó la Ley de Propiedades Abandonadas, por la que podía confiscar las tierras abandonadas, y solo una minoría de afectados obtuvo compensación. Desde que en 1967 Israel se anexionó Jerusalén Este, el gobierno aplicó teóricamente la ley, aunque no la ejecutó. En general, durante años los propietarios palestinos que vivían a escasa distancia en Cisjordania han tenido acceso a sus tierras en Jerusalén Este, aunque se les negaba el derecho de posesión por la aplicación de esta ley.
En julio de 2004, el gobierno de Sharon aprobó secretamente una resolución para adueñarse de propiedades palestinas en Jerusalén Este en virtud de la ley de Propiedades Abandonadas. Esta medida no salió a la luz pública hasta que el periódico «Haaretz» la destapó.
Tanto la población palestina como los grupos de defensa de los derechos humanos han protestado esta decisión, argumentado que es un paso más en la política israelí de marginación de la población palestina, en la línea de la construcción del muro de separación.
Ahora, el fiscal general ha decidido que la postura del gobierno no tiene base legal en la que sustentarse, pues no cabe invocar en este caso la Ley de Propiedades Abandonadas. La aplicación de esta ley implicaría que Israel estaría infringiendo las reglas del derecho internacional.
De histórica se puede considerar la otra decisión del fiscal general. Desde la creación del estado de Israel, solo los ciudadanos o empresas judías podía comprar las tierras pertenecientes al Estado (la mayor parte). Ahora Mazuz ha ordenado que se permita también poder comprar tierras a los ciudadanos árabes-israelíes, que son un millón.
Dos son las instituciones que deciden la propiedad de las tierras en Israel: la Administración de Tierras de Israel (ATI) y el Fondo Nacional Judío (FNJ). Este último, que dispone hoy del 13% de las tierras de Israel, fue creado por la Organización Sionista Mundial en 1901, con la misión de recabar fondo de judíos de todo el mundo para poder comprar tierras en Israel y así garantizar un sitio a los que quieran venir a instalarse en el país. Desde 1961 ambas instituciones funcionan coordinadamente en la compraventa de tierras, vendiendo solo a los judíos.
En los últimos meses varias organizaciones de defensa de los derechos humanos habían denunciado esta discriminación ante el Tribunal Supremo israelí, y gracias a la decisión de Mazuz ya no tienen que esperar a la decisión de este órgano judicial.
Paralelamente a esta decisión, Mazuz ha creado un sistema para que se sigan gestionando las tierras reservadas a los judíos que deseen venir a vivir a Israel. De esta forma, cada vez que el FNJ tenga que vender unas tierras a ciudadanos no judíos, la ATI tendrá que ceder a este organismo la misma cantidad de hectáreas que se hayan vendido.
Esta decisión de Mazuz ha creado una gran controversia en Israel. En general, tanto las organizaciones de defensa de los derechos humanos como los partidos de la izquierda israelí y laicos han aplaudido esta medida que hace de Israel «un Estado de mayoría judía que ofrece y garantiza los mismos derechos a todos sus ciudadanos, sean o no judíos». Los más críticos con Mazuz han sido los diputados de la extrema derecha israelí. Estos achacan al fiscal general haber violado la declaración israelí de independencia, «al preferir el carácter democrático de Israel a su definición de Estado judío».