El puerto de Beirut tras las explosiones del 4 de agosto de 2020 (Foto: Mehr News Agency)
Las devastadoras explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut han provocado una nueva ola de protestas populares en el Líbano. Para muchos libaneses, esta catástrofe es una muestra de la corrupción de los políticos y la ineficacia del Estado. En un intento de ayudar a entender la crisis, damos algunas claves en formato de preguntas y respuestas.
¿Cómo nació el movimiento de protesta?
El descontento viene de lejos: ya se manifestó con gran fuerza en octubre pasado; pero ahora está mostrándose de forma más contundente y violenta. En la ocasión anterior, el desencadenante fue el anuncio de una nueva tasa sobre las llamadas por WhatsApp y servicios semejantes, a las que la gente recurre para evitar las elevadas tarifas telefónicas de Ogero, el monopolio estatal de telecomunicaciones. Para la población, que sufría un largo periodo de estrecheces, aquello fue como poner sal en la herida. El gobierno del premier Saad Hariri renunció a la medida prevista, pero no pudo con eso calmar la indignación popular, y el 29 de octubre dimitió en pleno.
El presidente Michel Aoun encargó formar nuevo gobierno a Hasán Diab, que no obtuvo el respaldo del Parlamento hasta enero siguiente. El gabinete Diab había de ser principalmente un equipo técnico que pusiera remedio a la grave crisis económica; pero apenas ha conseguido nada y la situación ha empeorado.
Las enormes explosiones de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que causaron más de 200 muertos y 7.000 heridos, y han dejado destruidas o seriamente dañadas las viviendas de unas 300.000 personas, han agotado la paciencia del pueblo. Cantidad tan grande de material peligroso, llegado en 2013 en un carguero ruso que los dueños finalmente abandonaron, estuvo almacenado en el puerto beirutí desde entonces, sin que las autoridades libanesas dispusieran retirarlo de modo seguro.
Diab acabó dimitiendo, tras proponer elecciones anticipadas –salida para la que no tenía apoyo de las distintas facciones políticas–, y Aoun tendrá que iniciar consultas para designar otro primer ministro. Pero esta vez la gente no pide simplemente un cambio de gobierno: su ira se dirige a toda la clase política y reclama un nuevo régimen que acabe con la corrupción estructural que achaca al sistema implantado desde la independencia en 1943.
¿Cuáles son los motivos de fondo del descontento?
La protesta obedece a causas económicas, sociales y políticas.
Por un lado, el país padece una grave crisis económica. El Estado libanés gasta más que recauda, y para financiar el déficit depende de ayudas, créditos y remesas de expatriados. El balance comercial del país es también fuertemente negativo. Con la pretensión de dar estabilidad a la moneda, la libra libanesa, se la vinculó al dólar, con un cambio oficial fijo de 1.500 a 1. Sin divisas suficientes para sostener la vinculación, la libra ha sufrido una devaluación del 80% en el mercado negro –donde se cambia a más de 8.000 por dólar–, y en consecuencia se ha disparado la inflación, hasta el 90% anual (casi el 250% en el caso de los alimentos).
El 1% más pudiente de los libaneses posee el 58% de la riqueza nacional, y la mitad de la población está bajo el umbral de pobreza
El Banco del Líbano ha tratado de suplir la falta de divisas obteniendo dólares de la banca privada a un interés mayor que el del mercado, lo que ha acabado resultando insostenible.En marzo pasado, el Estado libanés suspendió los pagos de su deuda, por primera vez en la historia, y pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que acudiera en su rescate con un crédito de 10.000 millones de dólares. La ayuda no ha llegado porque la negociación entre el Fondo y el gobierno se atascó. El Banco del Líbano y la banca privada no coinciden en la estimación de las pérdidas: cada parte presenta los números que más le favorecen, mientras que el FMI necesita un diagnóstico verídico. El FMI pide también un mínimo de reformas para corregir el balance fiscal; pero el gobierno no logra acordar con el Parlamento un paquete de medidas con posibilidades de ser aprobado.
El nivel de vida se ha ido deteriorando. El paro está por encima del 25%. El 30 de junio, el gobierno tuvo que decretar un aumento de un tercio en el precio del pan, y para colmo, las explosiones del 4 de agosto destruyeron el principal silo del país, que ahora cuenta con reservas de trigo para menos de un mes.
¿Cómo es la dimensión social de la crisis?
En el Líbano hay una fuerte desigualdad: el 1% más acomodado de la población (unas 42.000 personas) posee el 58% de la riqueza nacional. En los últimos años, las clases baja y media han sufrido una depauperación progresiva, de suerte que ahora se estima que la mitad de la población está bajo el umbral de pobreza.
La protección social es débil y los servicios públicos se encuentra en estado lamentable. La empresa estatal que produce y distribuye casi toda la electricidad del país ya no puede asegurar el suministro más de cuatro horas diarias, porque falta combustible para tener en marcha las centrales y divisas para importar más. También hay cortes de agua, teléfono e internet. No hay cobertura sanitaria pública universal, y el personal ha empezado a sufrir retrasos en el pago de los salarios (por ese motivo, el sector de enfermería había convocado una huelga para el 5 de agosto, que suspendió con motivo de las explosiones). La pandemia de covid-19 desbordó a los hospitales, que ya antes padecían escasez de medios.
En tal situación, la única manera de suplir las deficiencias de los servicios públicos es tener dinero: por ejemplo, para comprar un generador eléctrico y gasóleo con que hacerlo funcionar, o para recibir atención médica sin retraso.
¿Cuáles son las raíces políticas de la crisis?
Primero, es justo recordar que no todos los problemas políticos libaneses son de origen interno. El Líbano ha sido muy castigado por el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá, que domina como un feudo el sur del país, con ayuda económica y militar de Irán; por las intervenciones de Israel y Siria, que ocuparon durante años sendas partes del territorio; por la entrada masiva de refugiados palestinos y, desde 2011, sirios. La misma guerra civil de 1975-1990 fue en parte desencadenada y alimentada por influencias exteriores.
El sistema de cuotas de poder para los diversos grupos es, según muchos, la raíz de la corrupción que sangra los servicios públicos
Pero en estos momentos, la diana de la indignación popular es la clase política libanesa, vista como una élite que se cuida casi solo de sus propios intereses, blindados gracias al sistema vigente.
Desde la creación de la República Libanesa impera el llamado Pacto Nacional, no incorporado formalmente a la legislación y varias veces reformado, que distribuye el poder en función de la pertenencia religiosa de los políticos (ver una estimación de la población libanesa por confesiones en el recuadro final). El presidente de la República ha de ser un cristiano maronita; el primer ministro, un musulmán sunnita; el presidente del Parlamento, un musulmán chiita; el viceprimer ministro y el portavoz del gobierno, cristianos ortodoxos. Los escaños del Parlamento se reparten entre cristianos y musulmanes –drusos incluidos– a partes iguales (desde el Acuerdo de Taif que puso fin a la guerra civil: antes había seis diputados cristianos por cada cinco musulmanes). Los cargos en la Administración pública se adjudican de modo semejante.
¿El problema está entonces en el sistema político confesional?
La división no es puramente religiosa. Los partidos pueden ser también facciones estrechamente vinculadas a un territorio o un clan. Tanto Amal como Hezbolá son partidos chiitas, pero se combatieron a tiros a finales de los años ochenta por el control del sur del país, donde se concentra la población del mismo credo, cuyos votos se disputan. Desde 2006, Hezbolá es socio del Movimiento Patriótico Libre, el partido cristiano de Aoun, con el que forma la actual mayoría parlamentaria, a la que se ha sumado Amal. Las Falanges Libanesas son la facción dominada por la familia cristiana Gemayel, que forma el bloque minoritario con el Movimiento del Futuro, el partido sunnita de Hariri, y las Fuerzas Libanesas de Samir Geagea (maronita).
El Partido Socialista Progresista (PSP) es el principal de los drusos, que profesan una versión peculiar del islam de origen chiita y se concentran en las montañas del centro del país. El jefe del PSP, Walid Jumblatt, fue un firme opositor a la presencia siria en Líbano; pero en 2011 rompió con el bloque hoy minoritario para apoyar el nombramiento como primer ministro de Najib Mikati, que era el candidato de la oposición prosiria, en contra de Hariri.
Etcétera. No es fácil seguir el rastro de las cambiantes alianzas de la política libanesa, en las que la religión no necesariamente es determinante.
El caso es que el sistema instaurado por el Pacto Nacional, pensado originalmente para asegurar representación política a todos los grupos libaneses, a juicio de muchos ha degenerado en un régimen clientelar, por el que los mismos de siempre se reparten el poder y las prebendas. Es también, según opinión extendida, el origen de la corrupción que sangra los servicios públicos para beneficio privado.
El futuro gobierno que ha de resolver la crisis, ¿no debería salir de nuevas elecciones?
Las elecciones anticipadas, que Diab propuso in extremis, eran una de las demandas originales de la protesta de octubre. Pero probablemente no supondrían un cambio significativo, pues el régimen electoral favorece el statu quo. La nueva ley electoral de 2017, aplicada en las elecciones de mayo de 2018, introdujo por primera vez una representación proporcional limitada, en lugar del sistema mayoritario vigente hasta entonces, y cambió el mapa de circunscripciones. El resultado fue una relativa desventaja para el Movimiento del Futuro de Hariri y una relativa ventaja para el Movimiento Patriótico Libre de Aoun y para Hezbolá.
Pero más decisiva es la distribución de escaños por zonas y por confesiones religiosas, porque no hay partidos verdaderamente nacionales: lo más común es que cada uno domine en su feudo. Así, en el Parlamento actual, de 128 escaños, el partido con mayor representación –aunque tercero en número de votos–, el Movimiento Patriótico Libre, tiene 24 diputados. Los demás, menos 8 independientes, pertenecen a otros 18 partidos. El más votado en las últimas elecciones, Hezbolá, obtuvo el 16,8% de los sufragios. Con el anterior sistema mayoritario, el panorama no era muy distinto: una veintena de partidos, la mayoría con tres diputados o menos.
Por eso, algunos proponen adoptar una proporcionalidad total, con un distrito electoral único, que reflejaría mejor el apoyo real a los distintos partidos e iría diluyendo el carácter “tribal” de la política libanesa. Pero solo están a favor los partidos pequeños y seculares.
Tampoco hay visos de que se vaya a abolir la reserva de escaños por confesiones, que tiene más o menos los mismos apoyos que el distrito único. En la actual legislatura, partidos que no sean confesionales o étnicos, ni por principio ni de hecho, solo hay cinco, que suman entre todos diez escaños. En los últimos años han surgido otros, como el significativamente llamado Ciudadanos y Ciudadanas en un Estado, o el Partido Verde Libanés, que por ahora no están en el Parlamento.
¿Logrará la protesta actual forzar un cambio de sistema político?
El 8 de agosto en Beirut, los manifestantes desfogaron su cólera ahorcando en efigie a los líderes de los partidos. Pero su exigencia de un cambio radical no tiene todavía una expresión política constructiva que pueda impulsarla en las instituciones. Aparte de que quienes lo piden no son mayoría: los beirutíes pueden ser más cosmopolitas; pero es dudoso que chiitas y drusos, entre otros, estén dispuestos a arriesgar su cuota de poder o a dejar en segundo plano sus particularismos.
¿Esta crisis pone en peligro la integridad del Líbano?
Tras la guerra civil de 1975-1990, el Líbano ha conocido otras crisis graves: la Revolución del Cedro, a raíz del asesinato del primer ministro Rafiq Hariri en 2005; un enfrentamiento armado entre Hezbolá e Israel en 2006, seguido de una recesión económica; una rebelión de Hezbolá en 2008, combatida por las milicias sunnitas del Movimiento del Futuro; dos años y medio (2014-2016) sin que el Parlamento fuerza capaz de ponerse de acuerdo para nombrar un presidente al término del mandato de Michel Sleiman.
Los libaneses, sobre todo los políticos, están muy divididos, y eso provoca fuertes tensiones que pueden llegar a estallidos de violencia (sin contar con la influencia de intereses extranjeros). Pero, a la vez, el proverbial oportunismo político y el chalaneo entre partidos ha permitido repetidamente salir de las crisis con soluciones de compromiso. En esta ocasión podría ocurrir lo mismo.
Un mosaico de religionesLa distribución de cargos políticos y escaños parlamentarios en el Líbano, adoptada en el Pacto Nacional de 1943, se hizo según el censo de 1932, llevado a cabo cuando el país estaba bajo mandato francés. Entonces, los cristianos eran el 51% de la población. No ha vuelo a hacerse otro censo, pero ya desde antes del Acuerdo de Taif es claro que los cristianos han quedado en minoría. Su proporción ha bajado por la fuerte emigración, en especial a raíz de la guerra civil, y también por el mayor crecimiento de la población musulmana. A falta de datos oficiales, se puede tomar los que trae The World Factbook, publicado por la CIA. Sin contar unos dos millones de inmigrantes y, sobre todo, refugiados (en su gran mayoría, sirios, y casi todos, musulmanes), el Líbano tiene 5,5 millones de habitantes según la CIA. Por confesiones religiosas se distribuyen de este modo:
Otras religiones (judaísmo, bahaísmo…) tienen una presencia mínima. |