Los empresarios israelíes, con el apoyo del gobierno, están contratando extranjeros de Europa y Asia, a despecho de la población árabe parada del país y de los territorios palestinos. Por un lado, los empresarios quieren evitar a todo coste que su negocio particular pueda algún día verse afectado por las tensiones violentas entre árabes y judíos. Por su parte, el gobierno castiga así los últimos atentados contra ciudadanos israelíes.
Desde 1967, cuando Israel conquistó la franja de Gaza y Cisjordania, los empleadores y granjeros israelíes dependen en gran parte de la mano de obra palestina. Pero la violencia lleva de vez en cuando al gobierno israelí a decretar el cierre de fronteras, y a imponer restricciones a la contratación de personal árabe. De modo que la tasa de paro en Cisjordania ha alcanzado el 32%, y en Gaza ha llegado al 58%. No obstante, los desempleados normalmente cuentan con ahorros y la ayuda de familiares.
Aunque la tasa de paro en Israel es del 10%, el atentado masivo del pasado enero agotó la paciencia del gobierno. Entonces comenzó una operación de reclutamiento de extranjeros para reemplazar la mano de obra árabe. La revista Time calcula que se ha contratado a unas 70.000 personas, principalmente de Rumania y Tailandia, aunque también los hay de Bulgaria, Filipinas, Turquía, la antigua Yugoslavia, China, Moldovia y Polonia.
De este modo el gobierno intenta cubrir puestos de trabajo que rechaza la escasa mano de obra israelí, generalmente poco dispuesta a empleos manuales pesados.
Desde que Jericó y parte de la banda de Gaza están bajo mandato palestino, la situación laboral no ha mejorado sustancialmente. El gobierno autónomo ha creado 12.000 empleos (9.000 en la policía y 3.000 como funcionarios civiles), pero todavía no hay apenas inversión privada.
