Tras un año de gobierno de Ariel Sharon, en el que no se ha intentado más que la represión para acabar con la intifada palestina, se multiplican en la sociedad israelí iniciativas a favor de la paz que antes solo concernían a grupos marginales.
Cerca de 800 altos oficiales en la reserva del Ejército han firmado un llamamiento en el que piden la retirada unilateral de las tropas de los territorios palestinos, la proclamación del Estado de Palestina y la reanudación de las conversaciones de paz con o sin alto el fuego, según informa el corresponsal de El País (19-II-2002) en Jerusalén. Los reservistas adjuntan al llamamiento un plan militar con medidas concretas, entre las que se encuentran el repliegue de tropas, el cierre de todos los asentamientos en Gaza y de otros 50 en Cisjordania, los más aislados y difíciles de defender, en los que se concentra tan solo el 15% de los colonos.
La presentación del plan se hará en medio de una campaña publicitaria que pretende llenar el país de octavillas en las que se repite el lema: «Decir shalom a los palestinos». Shalom en hebreo tiene un doble sentido: bienvenido y paz. Como prólogo de esta campaña pacifista, en la prensa israelí han aparecido grandes anuncios en los que se pide textualmente: «Alto al tiroteo. Empezad a hablar».
El llamamiento de estos coroneles y generales va en la línea de la carta publicada el 25 de enero en la que 52 reservistas (hasta 194 la han firmado después) anunciaban que se negaban a participar en acciones bélicas en los territorios ocupados (ver servicio 19/02). Los reservistas denunciaban haber recibido órdenes que «nada tienen que ver con la seguridad del Estado» y cuyo único objetivo es «perpetuar nuestra dominación sobre el pueblo palestino».
En un reportaje publicado en Le Monde (11-II-2002), Sylvain Cypel se hace eco de la reciente multiplicación en la sociedad israelí de iniciativas a favor de la paz y que hacen suyas tomas de postura que hasta ahora se circunscribían a pequeños grupos. Además de la carta de los militares antes mencionada, está la declaración de una quincena de juristas de renombre, que exigen que el ejército tome medidas legales contra el que mate sin motivo a un palestino y contra los que humillan o tratan con brutalidad a los civiles en los controles militares. Igualmente, en unas declaraciones a la televisión, el almirante Ami Ayalon, ex jefe de los servicios de seguridad interior, se asombra del «escaso número de soldados que se niegan a cumplir órdenes manifiestamente ilegales».
Por primera vez desde el comienzo de la intifada, la fiscalía militar ha anunciado una investigación sobre la muerte «injustificada» de un niño palestino y sobre la muerte de dos recién nacidos cuyas madres, en camino hacia la maternidad, no fueron autorizadas a franquear un puesto de control militar.
Si antes solo algunos grupos pacifistas se atrevían a denunciar los «crímenes» del ejército, ahora empieza a insinuarse en ciertas capas sociales la duda sobre la estrategia represiva. Un hecho ha contribuido a hacer cambiar la opinión: como respuesta a un ataque en Gaza en el que murieron cuatro soldados, el ejército derribó 59 viviendas en Rafah, dejando en la calle a 500 civiles. El ejército justificó el derribo por la necesidad de «aumentar la visibilidad» para los tiradores israelíes. Pero, como denunciaba el semanario Ha’Ir: «Si esto no es venganza, ¿qué es? La venganza se ha convertido en el factor de unidad del país y en el orden del día permanente del ejército». El ejército, siempre idealizado en Israel, sufre ahora una crisis de credibilidad cuando presenta como operaciones militarmente justificadas algunas acciones represivas.
«Apartheid»
Ahora, términos como guerra colonial o apartheid son utilizados, incluso por gente del establishment. El presidente de la Knesset, Avraham Burg, declara el 28 de enero: «La ocupación corrompe; más concretamente, ya nos ha corrompido. La discriminación se convierte en nuestra norma, y la insensibilidad en nuestra manera de ser». Casi todos estos críticos consideran amenazados los valores del sionismo, y comparten la convicción de «defender el honor de Israel». Todos están asustados por el «culto a la fuerza» de un gobierno que no hace una guerra defensiva, sino una «guerra de defensa de las colonias», la cual lleva al país hacia la catástrofe.
La expresión de estas inquietudes y las violentas réplicas contra los «traidores» y los «derrotistas» manifiestan el vigor de la democracia israelí. Cuando se expone esta convicción a Dhoulamit Aloni, ex ministra del gabinete de Rabin, contesta con una boutade: «La ley constitucional define a Israel como Estado judío y democrático. Es perfectamente exacto: es democrático para los judíos y judío para los árabes».
Otra voz que dice no a la dominación para salvar los ideales del sionismo es la del juez Michael Ben Yair, también ex ministro del gobierno de Rabin. «Cuando un poder erige dos sistemas jurídicos diferentes, uno democrático y liberal, otro represivo y cruel, entonces empieza el apartheid. Cuando dos poblaciones no tienen ni el mismo estatuto ni los mismos derechos, cuando un ejército defiende la propiedad de los unos y destruye la de los otros, cuando un colono tiene derecho a mucha más agua que un palestino, cuando la segregación está inscrita en la ley, no hay otro término para definir esta situación que el de apartheid».
Aunque la mayor parte de la sociedad israelí es partidaria de la mano dura contra los palestinos, las organizaciones pacifistas se han lanzado a convocar manifestaciones. En Tel Aviv, el 16 de febrero, varios miles de personas (15.000 según los organizadores) vinieron de todo el país para demostrar que hay «otro Israel» aparte del que apoya a Sharon. Era la primera vez desde el acceso de Sharon al poder hace un año que una manifestación de protesta alcanzaba tal amplitud. Los manifestantes, de distinta proveniencia (extrema izquierda, izquierda, centro, árabes israelíes) coincidían al menos en dos exigencias: retirada de los territorios ocupados y creación de un Estado palestino.