El ejército israelí castiga a la población palestina destruyendo casas

Tras el informe de Amnistía Internacional denunciando a Israel por la destrucción de más de 3.000 viviendas palestinas (ver servicio 72/04), numerosas organizaciones internacionales han levantado su voz para criticar violaciones de derechos humanos en la franja de Gaza. En los últimos meses han publicado denuncias en este sentido la ONU, Médicos Sin Fronteras, la Federación Internacional de Derechos Humanos y las organizaciones norteamericanas Human Rights Watch y Freedom House.

A fines de agosto, el profesor sudafricano John Dugard, relator especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, describió a la Asamblea General las “continuas violaciones de los derechos humanos en los territorios” como un “régimen de “apartheid” peor que el que existió en Sudáfrica”. A fines de octubre, Dugard presentará un nuevo informe donde afirma que, en Gaza, “Israel se ha cebado en una masiva y caprichosa destrucción sin motivo”.

Peter Hansen, director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) denunció en septiembre al Ejército israelí por destruir las casas de 103 familias -2.600 personas- en Rafah, al sur de Gaza. Hasta fines de agosto de 2004 se habían destruido otras 2.508, dejando sin hogar a 23.740 personas. A esas 25.000 personas cuyas casas fueron demolidas en los últimos cuatro años habría que sumar 4.000 en Cisjordania. Además, la operación “Días de Penitencia” desatada por el ejército israelí en Yabalia (norte de Gaza) en octubre, ha causado la muerte de más de cien personas, entre ellas una treintena de menores, y demolido 90 casas.

La estrategia de demoliciones que precede a la prometida retirada israelí de Gaza fue denunciada el 18 de octubre por Human Rights Watch como una “política de destrucción masiva de casas, independientemente de la necesidad militar, para crear una “zona de contención” libre de palestinos a lo largo de la frontera”. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, evaluaba en 16.000 las personas (10% de la población de Rafah) cuyas casas se han destruido en los últimos cuatro años sin que “sus casas plantearan una verdadera amenaza militar” (en concreto, la de interceptar túneles de contrabando desde Egipto).

Roth recordaba que, de acuerdo con el derecho internacional, “está prohibida la destrucción de propiedad para mejorar la seguridad general de la potencia ocupante o como amplia medida de precaución contra hipotéticas amenazas”.

A fines de septiembre, Freedom House, que desde 1978 publica informes sobre la situación en el mundo, asignó a los territorios palestinos controlados por Israel el mismo grado (6) de falta de derechos políticos y civiles que el de países como Egipto y la R.D. del Congo, sólo superior al de Libia y Cuba (7). Los territorios bajo control de la Autoridad Palestina aparecen también como país “no libre”, con un 6 en libertades cívicas, pero algo mejor (5) en las políticas. Israel, por el contrario, aparece como país “libre”, calificado respectivamente con 1 y 3 puntos.

Por su parte, el Ejército israelí trata con rigor a la ONU, pero no a sus propios oficiales. El 1 de octubre se denunció que un vehículo de la ONU transportaba un misil de producción casera Qassam. Al final, ni el vehículo era de la ONU (se trató de un uso abusivo de insignias de Naciones Unidas) ni llevaba ningún misil. El día 5, una niña de 13 años fue abatida cerca de un puesto fronterizo en Rafah. La investigación del Ejército concluyó que el jefe del puesto no cometió “fallos éticos”, ya que la joven estaba dentro de la zona de exclusión de 300 metros del puesto. Sin embargo, fue relevado del mando por fallos “en su capacidad de mando y en su relación con sus subordinados”. Los soldados declararon (“Le Monde”, 13-10-2004) que el oficial se acercó al lugar donde había caído la niña, disparándole dos tiros antes de llegar junto a ella, y vaciando después su cargador sobre el cuerpo inerte.

Santiago Mata

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