Con una crisis económica a la espalda, la ONU está soportando críticas que la tachan de ineficaz, pródiga y excesivamente burocrática. El momento es delicado, porque, de una parte, hace meses que no cuenta con el dinero presupuestado y, de otra, se cumple el plazo para renovar el cargo de secretario general. Estados Unidos -responsable de un cuarto del presupuesto y primer deudor de la organización- es el más interesado en mostrar la ineficacia de la ONU y en conseguir que Butros-Ghali no sea reelegido.
Una muestra de las críticas norteamericanas es el artículo de S. Halper, antiguo miembro del Departamento de Estado norteamericano, publicado en The Wall Street Journal (18-VI-96). Entre otras cosas, critica que la ONU pague salarios excesivos a su personal. Y pone ejemplos como que un analista informático que trabaja en la sede central de la ONU, en Nueva York, cobra 111.500 dólares anuales, casi el doble del salario que ganan de promedio sus colegas en otras empresas. Algo similar ocurre con los cargos intermedios. Y un vicesecretario general cobra 60.000 dólares anuales más que el alcalde de Nueva York, que gana 130.000 dólares al año. Tal disparidad se acentúa por el hecho de que la mayor parte de los funcionarios no pagan impuestos, y porque además muchos reciben subsidios mensuales para alquilar casa, o ayuda económica para la educación de los hijos.
Se acusa también a la ONU de guardar celosamente los presupuestos y no permitir que nadie examine si sus agencias están cumpliendo los objetivos. Escribe Stephan Halper que Butros-Ghali ha estado rechazando que se hiciera una auditoría de la organización hasta abril de 1994, fecha en que el Congreso norteamericano logró que se nombrase un inspector general, en teoría independiente, para investigar las cuentas. Tras siete meses de estudio, el inspector Karl Paschke halló un agujero por fraude y despilfarro de 16,8 millones de dólares: fraudes en Somalia, Nigeria, Palestina… Paschke ha llegado a decir que no conoce otra organización pública tan corrupta.
La ONU ha respondido defendiendo su feudo. Joseph E. Connor, vicesecretario general de gestión, ha recordado que la plantilla de la Secretaría general se recortó el año pasado en un millar de personas, hasta quedarse en 9.000; y que, en 1985, en esas mismas oficinas trabajaban 12.000 personas. Otra alta funcionaria, Pamela Johnson, afirma que su departamento ha elaborado 300 directrices para fomentar el ahorro y agilizar la burocracia, algunas de las cuales ya se han puesto en práctica.
Por su parte, James Phillips, analista político de la Heritage Foundation, ha elaborado un informe en el que sostiene que los graves problemas de la organización no se solucionan con arreglos puntuales. Su opinión, mencionada por el International Herald Tribune (8-VII-96), es que la ONU debería tener un papel mucho más definido, abandonar proyectos generales como «erradicar la pobreza» o conseguir «atención sanitaria para todos en el año 2000», y concentrarse en metas más asequibles, como la ayuda de urgencia ante catástrofes o la ayuda a los refugiados en las regiones más pobres.