Los “arrepentidos”, una desbandada en Sendero

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Duración lectura: 13m. 34s.

Una fórmula para vencer al terrorismo en Perú
Lima. Las encuestas confirman que el presidente Alberto Fujimori, candidato a la reelección, se dirige cómodamente hacia una nueva victoria electoral en abril próximo. No poca de la aceptación popular ganada por el mandatario peruano ha tenido que ver con su victoria sobre el terrorismo, y ésta, a su vez, con un poco conocido instrumento legal: la ley de arrepentimiento.

Tras el “autogolpe” con el que Fujimori cerró el Congreso y tomó el control del Poder Judicial en abril de 1992, el mandatario peruano decidió efectuar una lucha frontal contra la amenaza creciente que significaba el grupo maoísta Sendero Luminoso, aprovechando el hecho de tener todos los poderes en la mano y contar con el apoyo incondicional del ejército.

La experiencia de la guerra subversiva acumulada durante diez años revelaba que parte importante de las “tropas de a pie”, tanto de Sendero Luminoso (SL) como del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), estaban constituidas por campesinos reclutados y entrenados a la fuerza, muchos de los cuales deseaban abandonar las filas subversivas.

Perdón a cambio de colaboración

El ejército peruano había intentado convencer al Congreso, sin éxito, de la necesidad de aprobar una ley que aplicara a la realidad peruana la táctica antisubversiva utilizada exitosamente por los ingleses en Malasia. Se trataba, básicamente, de fomentar la delación y entrega de líderes a cambio de incentivos y amnistías.

Fujimori aceptó la idea y la convirtió en ley.

La ley de arrepentimiento, promulgada el 12 de mayo de 1992, concedía “la reducción, exención, remisión o atenuación de la pena” a quienes voluntariamente abandonaran una agrupación subversiva. A cambio, los acogidos a la ley debían entregar información que permitiese a las fuerzas del orden la desarticulación de la célula y la captura de su mando. No se podían acoger a esta ley los cabecillas más importantes o los miembros de la cúpula dirigente.

Cuando venció el plazo para acogerse a la ley, en noviembre de 1994, el número de arrepentidos de SL y del MRTA pasaba de 6.000. Pero la ley no tuvo éxito desde el principio. A los tres meses después de proclamado el decreto, se habían arrepentido sólo 100 subversivos del agónico MRTA y apenas 10 del entonces rampante Sendero Luminoso. Uno de los acogidos a la ley, sin embargo, tuvo un papel decisivo: Luis Arana Franco, miembro de la cúpula metropolitana de SL y el único subversivo acogido a la ley después de haber sido capturado. Arana, a cambio de la libertad y una nueva vida, ofrecía el premio mayor: información que permitiría, finalmente, llegar a Abimael Guzmán. El resto es historia: el 12 de septiembre de 1992, gracias al paciente trabajo del general Antonio Ketin Vidal -hoy un héroe nacional-, el “Presidente Gonzalo” y sus principales colaboradores caían sin disparar un solo tiro.

Nuevo impulso

A partir de ese momento, el número de arrepentidos comenzó a crecer sensiblemente. Pero para que se convirtiera en una verdadera avalancha fueron necesarios dos hechos fundamentales. El primero fue la decisión del hoy cardenal Augusto Vargas Alzamora, arzobispo de Lima y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, de ofrecer las parroquias como puntos en los cuales los subversivos podían entregarse.

Esta medida era especialmente importante en las regiones de mayor enfrentamiento, donde los subversivos temían presentarse a los mismos cuarteles o comisarías que habían estado asolando. Los párrocos de las zonas de emergencia recibieron instrucciones para acoger a los arrepentidos y entregarlos directamente a las autoridades judiciales en compañía de un testigo.

El segundo hecho fue la publicación y difusión masiva, en junio de 1993, del reglamento de la ley, que el gobierno hizo coincidir, astutamente, con dos sucesivas cartas que Abimael Guzmán escribiera desde la cárcel -a cambio de algunas comodidades- pidiendo la rendición de sus militantes. Así, el número de arrepentidos de SL subió a 892 en 1993 y a 4.922 en 1994. El ápice de las entregas también obedeció a otros factores, entre ellos, el fraccionamiento de SL, las sucesivas derrotas militares y un severo exitoso control sobre los insumos que permitían la elaboración del ANFO, el devastador explosivo utilizado por los subversivos en sus atentados.

La guerra económica

El ejército concentró la campaña de propaganda de la ley de arrepentimiento no en Ayacucho, donde operaba el “Comité principal” de SL, sino en el Alto Huallaga, el valle selvático que se ubica entre los departamentos de Huanuco y San Martín, en el margen oriental de la cordillera de los Andes. De allí proviene el 45% de la hoja de coca utilizada para elaborar la cocaína que circula en el mundo.

La propaganda, acompañada de una masiva ofensiva militar, tenía por objeto ahogar económicamente a SL y al MRTA, que se financiaban tanto con los cupos cobrados a los narcotraficantes por cada “embarque”, como por la directa implicación en la producción de pasta básica de cocaína.

Luego de una tenaz resistencia -posible gracias a las dificultades del terreno selvático-, tanto el MRTA como SL comenzaron a dar claros signos de desgaste. Las derrotas terminaron en desbandada: en noviembre de 1994, 4.636 militantes de ambas agrupaciones se habían acogido a la ley de arrepentimiento sólo en la región. La gran mayoría de ellos eran lo que los subversivos denominaban “masa”, es decir, campesinos que habían colaborado con SL, ya sea en el campo de batalla o en los cultivos de coca. Sólo 124 eran militantes regulares de SL y apenas 15 eran mandos significativos.

Sin embargo, debido a la estructura fuertemente centralizada de los comités, el número de líderes entregados o muertos era suficiente para convertir la organización en la región en apenas una banda de supervivientes.

Los aciertos…

Según importantes analistas, la ley de arrepentimiento produjo una deserción masiva y un decisivo debilitamiento tanto de SL como del MRTA. SL tuvo que centrar su atención en evitar la desbandada de sus miembros, así como en crear sistemas de seguridad que impidieran las numerosas delaciones. Esta situación creó un clima de desconfianza dentro de las filas subversivas, por lo que los senderistas no pudieron reorganizarse ni relanzar sus acciones subversivas tras la descomposición del Comité Central.

La ley también brindó una salida legal para aquellos subversivos que deseaban abandonar las organizaciones terroristas. Aunque no se entregó ningún cabecilla regional o nacional, en los dos años y medio en que funcionó esta ley se arrepintieron unos 30 importantes mandos intermedios, lo que en la práctica significaba la desmovilización de unos 2.000 subversivos, la mayoría de ellos “miembros plenos”, es decir, militantes convencidos y bien entrenados.

Dentro de SL, la ley de arrepentimiento tuvo acogida casi exclusivamente entre los militantes de base, mientras que en el MRTA hubo arrepentidos tanto entre los militares como entre los dirigentes.

La ley tuvo, además, un inesperado efecto positivo en el respeto de los derechos humanos, pues ayudó a evitar abusos de la policía y el ejército. En efecto, las fuerzas del orden cambiaron la tortura y la autoinculpación obligada, por el interrogatorio y la confesión.

… y los desaciertos

Sin embargo, la ley de arrepentimiento también ha tenido limitaciones, sobre todo en el modo de ser aplicada. La lentitud en el proceso de registro y de resolución ha sido una de las mayores dificultades, por lo que hasta el momento sólo unos 1.500 expedientes han podido ser resueltos. Otro aspecto negativo de la aplicación de esta ley es que hay un número considerable de arrepentidos que no han sido borrados de las listas de terroristas a los que se busca, mientras que en otros casos no se ha mantenido en reserva la identidad del arrepentido. El caso más grave es el del mismo Arana Franco, cuya entrega fue anunciada públicamente por el gobierno mucho antes de que éste adquiriera una nueva identidad y abandonara el país.

Además, no han dejado de producirse abusos en la aplicación de la ley por parte de las fuerzas del orden, que en muchos casos han exigido cobros indebidos. Al presionar a los arrepentidos a delatar a un mínimo de subversivos, han provocado que los arrepentidos acusen a muchos inocentes a fin de cumlir con el “cupo”.

La delación también ha sido utilizada para venganzas políticas o personales. Actualmente existen unos 400 casos de dirigentes de barrio o sindicales -que en muchas ocasiones se enfrentaban a los propios terroristas- que han sido denunciados falsamente por los subversivos con el único fin de “desacreditarlos”.

A esto se han sumado otros problemas colaterales. Frecuentemente, por ejemplo, se han confinado en las mismas celdas a los arrepentidos y a los militantes terroristas. En la mayoría de los casos no se ha concedido asignación de recursos económicos, ni trabajo para los arrepentidos, por lo que muchos de ellos se han dedicado a la delincuencia o al narcotráfico.

El balance, sin embargo, es altamente positivo. Según Carlos Tapia, un experto “senderólogo” consultado incluso por las fuerzas armadas, la ley de arrepentimiento “ha sido uno de los instrumentos más eficaces para acabar con la subversión reduciendo el derramamiento de sangre”. Según Tapia, todavía queda pendiente procesar los 2.500 casos acogidos la última semana y reinsertar en la sociedad a los más de 6.000 arrepentidos. “La deuda más grande en este sentido es la de demostrar que la palabra del gobierno tiene credibilidad”.

Alejandro BermúdezLa coca, un problema de alternativas

La guerra contra la droga en Perú, emprendida -como en Bolivia y en Colombia- a instancias y con la colaboración de Estados Unidos, ha encontrado un serio obstáculo adicional en la implicación de los movimientos terroristas en el negocio de la coca, al lado de los narcotraficantes. Pero la dificultad fundamental está en ofrecer un medio de vida alternativo a los 200.000 campesinos que cultivan coca. En las principales zonas cocaleras -en especial el valle del alto Huallaga- faltan infraestructuras para impulsar el desarrollo, y la coca es mucho más rentable que los cultivos legales.

Desde 1981, Estados Unidos ha gastado más de 80 millones de dólares en destruir cocales en el alto Huallaga, mediante operaciones capitaneadas por la DEA (Drug Enforcement Administration, organismo norteamericano encargado de la lucha contra la droga). Esta estrategia ha contado con un aliado inesperado: a partir de 1992, un hongo ha dañado seriamente las plantaciones y ha hecho que disminuya la producción. A la vez, la bajada de los precios de la coca ha reducido notablemente los beneficios de los agricultores. Sin embargo, a falta de sustituto convincente, muchos agricultores siguen cultivando coca en otras zonas o han aumentado la superficie cultivada para compensar las pérdidas ocasionadas por la plaga.

La gran deficiencia de la guerra es todavía la parte positiva. Pese al descenso de los precios, la coca aún se vende, mientras que los incentivos para abandonarla son débiles. En parte, esto se debe a las reformas económicas implantadas por el presidente Alberto Fujimori. El plan de saneamiento ha rebajado los aranceles y ha recortado los subsidios y los créditos a los agricultores. Las ayudas para la sustitución de cultivos no han sido suficientemente generosas, o bien, en opinión de Tito Hernández, director del programa anti-droga de la ONU en los países andinos, “el desarrollo alternativo no ha fracasado: simplemente no se ha puesto en práctica”.

Según cálculos norteamericanos, el desarrollo alternativo a escala nacional costaría entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Pero el dinero no está disponible. El fondo estadounidense dedicado a este fin se terminó el 31 de diciembre, y de momento no se ha renovado. Por su parte, el gobierno peruano anunció en octubre pasado un plan con el que pretende que la mitad de los cocaleros se pasen a otros cultivos en un plazo de cinco años. Algunos observadores mencionados por Newsweek (23-I-95) estiman que diez o veinte años sería una meta más realista, siempre que se gaste el dinero necesario.

Protesta campesina en Colombia

El cambio de cultivos ha tenido más éxito en Bolivia, gracias a un programa, financiado por Estados Unidos, por el que los campesinos reciben dinero a cambio de dejar la coca. Sin embargo, no se ha conseguido más que contener la producción, y convencer a los cocaleros sigue siendo un problema correoso. El año pasado, cuando el gobierno recrudeció la erradicación forzosa, los agricultores emprendieron acciones de protesta. Además, las pérdidas causadas por el hongo en Perú últimamente han provocado que remonte el cultivo de coca en Bolivia.

El mismo efecto, pero a mayor escala, ha tenido en Colombia el descenso de la producción de Perú. Colombia era -y es- el mayor centro de elaboración y distribución de cocaína; pero allí los cultivos eran relativamente escasos. En los últimos dos años se ha duplicado la superficie dedicada a la coca, hasta alcanzar -según algunos cálculos- 80.000 hectáreas, incremento más que suficiente para compensar la pérdida de cosechas en Perú. De manera que, según la DEA, Colombia concentra hoy el 13% de la producción mundial de coca.

El año pasado, el gobierno colombiano reaccionó con un plan de destrucción de cocales, concertado con la DEA, mediante aviones que fumigan las plantaciones con herbicida. Esto provocó, como en Bolivia, las protestas de los campesinos de Guaviare y Putumayo, al sur del país, que son las regiones más afectadas. En diciembre, los agricultores bloquearon el tráfico terrestre, aéreo y fluvial durante más de una semana, y paralizaron las instalaciones de la compañía estatal de petróleos, con lo que ocasionaron unas pérdidas de 2,5 millones de dólares. Los campesinos alegan que cultivar coca es prácticamente el único medio para vivir dignamente, además de que la fumigación desde el aire daña también sus plantaciones legales.

Alianza entre narcos y terroristas

También en Colombia hay una alianza entre narcotraficantes y terroristas, en este caso las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que sacan tajada del negocio de la droga. Se calcula que sólo en Guaviare la coca reporta 5.600 millones de dólares anuales. El ejército sostiene que las protestas campesinas están organizadas en la sombra por los guerrilleros.

El gobierno sigue empeñado en destruir los cocales. Ha decidido cuadruplicar el número de aviones destinados a la fumigación y aumentar la presencia del ejército en esas regiones. Pero también ha llegado a un acuerdo con los campesinos, en virtud del cual las plantaciones ilegales de menos de dos hectáreas no serán fumigadas, sino arrancadas. Y los agricultores recibirán créditos para sustituir la coca por otros cultivos. El gobierno se ha comprometido, además, a construir carreteras y líneas ferroviarias, así como a suministrar energía eléctrica. Con esas infraestructuras, esas regiones pobres y descuidadas, aunque ricas en minerales, tendrían más posibilidades de desarrollarse sin recurrir a la coca. Además, el gobierno nombrará un consejero presidencial encargado de planear la sustitución de cultivos y dialogar con los agricultores.

Los gobiernos andinos no parecen del todo convencidos de la eficacia de la estrategia norteamericana, y la energía con que impulsan la guerra contra la droga decae periódicamente. En vísperas de la cumbre continental de Miami, el presidente peruano declaró que en su país la guerra había sido un “desastre”. En distintas ocasiones, Fujimori ha pedido un cambio de métodos. “Nuestros agricultores no son criminales -subraya-. No es justo que los países productores reciban sólo las migajas de la ayuda anti-droga, mientras que los mayores beneficios se quedan al norte”.

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