Desde los comienzos de la Corte Penal Internacional (CPI), una vez conseguido el número necesario de ratificaciones para la aplicación del tratado de Roma de 1998, surgieron problemas con algunos países de África: reconocían la necesidad de juzgar a líderes autoritarios que habían cometido crímenes contra la humanidad, pero tenían cierta sensación de que los “jueces blancos” de La Haya se ocupaban desproporcionadamente de asuntos africanos.
(Actualizado el 9-3-2017)
Como en tantas otras cuestiones, los sentimientos prevalecían sobre auténticas razones. Una de estas, y muy decisiva, es que la CPI no actúa de oficio en primera instancia, sino con carácter subsidiario respecto de las jurisdicciones nacionales. En la práctica, se juzgan en La Haya casos denunciados por los dirigentes de los Estados, normalmente, contra sus predecesores, en un intento de asegurar la máxima imparcialidad posible. De otra parte, no se puede olvidar la presencia como jueces en ese Tribunal de personalidades africanas de prestigio en el plano jurídico. En 2012 se incorporó como fiscal general la gambiana Fatu Bensuda, que fue adjunta de su predecesor Luis Moreno Ocampo, y antigua ministra de Justicia de su país.
No se puede acusar de parcialidad al Consejo de Seguridad de la ONU: antes de la constitución de la CPI, creó otros tribunales especiales, para juzgar masacres: las perpetradas en la antigua Yugoslavia en 1993 y en Ruanda en 1994. Como se recordará, el líder serbio Slobodan Milosevic no pudo ser condenado, porque falleció durante el desarrollo del proceso penal. Aunque, ciertamente, la primera sentencia condenó a un señor de la guerra congoleño, Thomas Lubanga.
“Hacemos un llamamiento al gobierno para que permanezca en la CPI hasta que África adopte un tribunal regional efectivo” (obispos católicos sudafrica
La Haya se limita a recibir las demandas de países con cuentas jurídicas pendientes, dentro de los crímenes tipificados en el tratado vigente, si no son sustanciadas en los propios Estados, como ocurrió en Kenia tras los violentos sucesos que siguieron a las elecciones de 2008. Pero el continente africano ha denotado una especial conflictividad, con unas contiendas regionales que no cesan, como las de República Centroafricana, Sudán del sur, Somalia o el Congo. Por desgracia no son simples guerras civiles, sino que van acompañadas de violaciones gravísimas del derecho.
Antiguas y recientes suspicacias
En 2013, en una cumbre extraordinaria de la Unión Africana, celebrada en Addis Abeba, la capital etíope, se llegó a plantear la retirada colectiva de 34 países africanos firmantes del Estatuto de Roma. Pero también entonces voces africanas, como la del ghanés Kofi Annan, alertaron de los serios peligros de esa decisión para las poblaciones civiles.
Algo semejante había sucedido en 2007, cuando el entonces presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, lanzó la idea de un tribunal islámico internacional, para perseguir criminales de guerra y gobiernos que violan los derechos de las naciones, en la reunión de los jefes judiciales de los 57 países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica reunidos en Teherán. Implicaba la crítica a la supuesta occidentalización de los derechos humanos, y al tribunal de La Haya.
Los acontecimientos se han acelerado en 2016. Después de Burundi y Sudáfrica (1), Gambia anunció en octubre su salida de la CPI. Son solo tres, de los 34 países africanos que firmaron el Estatuto de Roma (ratificado hasta ahora por 124 Estados en total). Como señaló Le Monde, “el golpe es duro, porque la fiscal da la Corte, Fatu Bensuda, de nacionalidad gambiana, había intentado darle nuevo impulso”.
Ciertamente, la mayor parte de las causas afectan a África; pero casi todas se abrieron a instancia de países africanos. Además, la CPI trabaja con perspectiva internacional: en su día, se emprendió una investigación sobre los crímenes cometidos en Georgia durante el ataque de las fuerzas rusas en 2008, y otras acciones podrían dirigirse contra Colombia o Palestina. Pero razones diversas confluyen para restarles posibilidades de éxito. Por otra parte, la Corte tampoco puede actuar en la práctica respecto de Estados no firmantes: basta que tengan un mínimo de apoyo de algún miembro permanente del Consejo de Seguridad en la ONU, como ha sucedido con Siria.
El posible influjo negativo de Sudáfrica
En materia de derechos humanos, el presidente Jacob Zuma se ha ido distanciando de los criterios del mítico Nelson Mandela. Con la decisión de retirarse de la CPI –no aprobada por el parlamento– se acerca a Rusia y China, y legitima cierta cultura de la impunidad, fuertemente criticada por organizaciones de la sociedad civil sudafricana.
La mayor parte de las causas afectan a África; pero casi todas se abrieron a instancia de países africanos
El principal partido de oposición, la Alianza Democrática, ha llevado el caso a los tribunales para obtener la anulación de una decisión que considera “inconstitucional e irracional”. Por su parte, los obispos católicos afirman en un comunicado haber “recibido con tristeza la decisión del gobierno de Sudáfrica de retirarse de la Corte Penal Internacional”. “Hacemos un llamamiento al gobierno para que reconsidere su decisión y permanezca en la CPI hasta que África adopte un tribunal regional efectivo que tenga la capacidad y la voluntad de pedir cuentas a todos los líderes estatales, sobre todo a los jefes de gobierno en el poder”, afirma el comunicado.
Temen que otros Estados sigan ese ejemplo, con “consecuencias desastrosas en África para miles de personas vulnerables que quedarán sin la protección adecuada frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por los jefes de Estado en ejercicio”. Más aún cuando no se ha creado el Tribunal Africano de Derechos Humanos, previsto en los acuerdos de Malabo de 2012, en equivalencia al correspondiente del Consejo de Europa.
De todos modos, como escribía The Economist, recordando que Nelson Mandela no habría aceptado estas decisiones, los líderes africanos que juegan la carta populista y antioccidental para defenderse del brazo largo de la ley, en asuntos nacionales o internacionales, son, al menos hasta el momento, una minoría.
Sin apoyo de las grandes potencias
El semanario británico recuerda que, de los diez países a los que se dirigen actualmente “exámenes preliminares”, la mitad está fuera de África: Afganistán, Colombia, Irak, Palestina y Ucrania. Pero el problema sigue siendo la falta de adhesión de las grandes potencias.
Estos días se ha hablado de una denuncia a Estados Unidos por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en Afganistán. Pero Washington no puede ser inculpada, porque no ha incorporado a su ordenamiento jurídico el tratado de Roma y vetaría cualquier intento por parte del Consejo de Seguridad. Bill Clinton puso la firma in extremis, en diciembre de 2000, poco antes de abandonar la Casa Blanca. Pero su sucesor George Bush la retiró.
Los estadounidenses siguen la estela de otras grandes potencias que no aceptan ser juzgadas desde fuera, como China, Rusia o la India, además, por supuesto, de Israel. Y esa ausencia determina también las limitaciones de carácter económico que sufre La Haya, aunque no suelen mencionarse en las informaciones habituales.
Por si fuera poco, el presidente ruso Vladímir Putin ha anulado la firma de Rusia al Estatuto de Roma, que tampoco había ratificado, ante las crecientes críticas sobre su campaña de bombardeos en Siria y los informes internacionales sobre la anexión de Crimea.
La humanidad vive un momento crítico, tras la no lejana euforia por la globalización, sobre todo, en el plano económico. La interdependencia exige recortes jurídicos a la soberanía estatal. Pero están rebrotando diversas formas de nacionalismos, cuyo alcance es difícil de prever. Se comprende, en ese contexto, las reservas de esos países africanos ante la justicia internacional. Sin embargo, la paz en el mundo requiere del correcto funcionamiento de esas instituciones supranacionales, al menos, para evitar la impunidad de líderes inhumanos.
Nota:
(1) El 8 de marzo de 2017, Sudáfrica dio marcha atrás a su anunciada decisión de abandonar la CPI. En una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, Pretoria hizo saber que la retirada había sido declarada “inválida e inconstitucional” por un tribunal del país africano.