Congreso del Perú (CC Congreso de la República)
Piura.— El Perú celebró, en 2021, su bicentenario en un contexto marcado por la crisis sanitaria, económica, política y social. Y aunque lo más urgente de la crisis sanitaria causada por el covid-19 parece estar por ahora bajo control, la crisis económica, política y social se encuentra en una constante escalada sin un horizonte cierto acerca del cómo o cuándo se encontrará alguna mejora sostenible.
En este escenario, se percibe, por ejemplo, un descontento generalizado por el alza en los precios de los combustibles y de diversos alimentos. El paro de transportistas y las marchas realizadas a inicios de abril, con varios episodios de violencia y vandalismo, son solo una muestra de cómo la población está cansada de enfrentarse a una realidad con constantes situaciones que son percibidas como injustas. Y como en todo fenómeno, una de las preguntas que más se repite es: ¿Cuál es la causa de tantos problemas?, lo que en términos sociales se ha traducido en la búsqueda de un culpable.
Si bien los problemas que golpean hoy al Perú pueden rastrear sus causas en diversos ámbitos, decisiones y eventos de los últimos años, la dinámica de la opinión pública exige algunas simplificaciones que ayuden a tomar una postura. Buscamos naturalmente héroes y villanos, salvadores y culpables, y esta búsqueda se acentúa en los momentos de crisis. Así, hoy el Perú es una sociedad que se polariza rápidamente frente a los temas centrales de la agenda mediática.
Y los actores políticos adquieren indefectiblemente un rol protagónico en este contexto de polarización. Si tomamos en cuenta que las elecciones presidenciales fueron un enfrentamiento de extremos con un anti-voto sumamente fuerte para ambas opciones y que culminó por una diferencia mínima en el conteo final, resulta natural que las polarizaciones de esa contienda electoral tengan aún presencia en el debate actual.
Una propuesta de campaña: la nueva Constitución
Este contexto pone sobre la mesa una de las promesas de campaña de Pedro Castillo: la nueva Constitución. Aunque al inicio de la campaña el mensaje fue muy contundente y claro respecto a que su eventual gobierno vendría acompañado de una nueva Constitución, en las últimas semanas previas a la elección se vio una promesa más prudente que apuntaba a plantear una asamblea constituyente solo si el pueblo así lo quería.
Ahora que Pedro Castillo es el presidente del Perú se ha hablado mucho de esta nueva Constitución. En el debate se han evidenciado, por un lado, los temores más profundos sobre el corte ideológico de izquierda que predominaría en el texto y los riesgos de convertirse en un mecanismo para instaurar una dictadura, y por otro, el apoyo a este cambio que promete mejores condiciones económicas y sanitarias para el pueblo peruano.
Reforma rechazada
La primera acción jurídica, concreta y real en este tema se dio el pasado 25 de abril, cuando el presidente Castillo envió al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional que propone incorporar el artículo 207 a la actual Constitución. Este artículo establecería la figura de la asamblea constituyente y le daría facultad a esta instancia para reformar la totalidad de la Constitución. Además, en la propuesta se planteaba someter a referéndum la convocatoria a la asamblea constituyente, precisamente en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en octubre de este año.
La voz de la población que se encontraba en contra de esta iniciativa se hizo sentir en las calles, con marchas que manifestaban el rechazo a la asamblea constituyente. La Comisión de Constitución del Congreso de la República, que evaluó el proyecto, lo archivó de plano por tratarse de una propuesta incompatible con la Constitución Política que ha establecido la ruta democrática que debe seguir cualquier tipo de reforma constitucional. En este sentido, la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, señaló que en el proyecto no solo se encontraron problemas de forma, sino también problemas de inconstitucionalidad; por esta razón, correspondía su archivo.
Muchos temen que una nueva Constitución impulsada por el partido del presidente Castillo impondría un modelo económico estatista
Entre las voces que se manifestaron en contra de esta decisión de la Comisión de Constitución destacaron las de diversos ministros del poder ejecutivo y la de Vladimir Cerrón, fundador del partido oficialista Perú Libre, quien apuntó que contar con una nueva Constitución es una demanda imperiosa del pueblo.
Los caminos legales para aprobar una reforma constitucional en el Perú se detallan en el artículo 206 de la Constitución y son taxativos. Sin mayoría en el Congreso, es prácticamente imposible para el actual gobierno alcanzar la creación de una asamblea constituyente. Aunque el proyecto de reforma constitucional no hubiera sido archivado por la Comisión de Constitución del Congreso, aún sería necesario que fuera aprobado por la mitad más uno de los congresistas y luego sometido a referéndum. El otro camino legal, a través de la iniciativa ciudadana, tampoco resulta viable en un país en el que el 76% de peruanos desaprueba el desempeño del presidente (desaprobación solo superada por la que tiene actualmente el congreso, que llega al 82%).
Ante la imposibilidad jurídica de que se consiga por las vías legales una reforma constitucional, hay voces políticas que apuntan el riesgo de un posible atropello y abuso por parte del gobierno para instaurar la asamblea constituyente. El sector más radical de Perú Libre, partido político que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, ha expresado en diversas oportunidades que el proceso de reforma constitucional se debe ejecutar sin mayor dilación. Incluso, Vladimir Cerrón ha hablado de su deseo de abolir la Constitución del Perú y desmontar el modelo neoliberal. Esta posibilidad, sin embargo, se encuentra por ahora en el campo de la especulación, pero aun así genera temor en una parte importante de los peruanos.
“Economía Popular con Mercados”
Además de la evidente incertidumbre jurídica, política y económica que traería entrar en un proceso de reforma constitucional, el riesgo más evidente de una nueva Constitución elaborada durante el gobierno de Pedro Castillo se puede resumir en el cambio de modelo económico hacia una “Economía Popular con Mercados”, como se señala en el Plan de Gobierno del partido Perú Libre. Entre las características que más temor generan en este planteamiento destacan el rol regulador, redistribuidor, nacionalizador y revisor de contratos que se le atribuye al Estado. Con este enfoque de una izquierda anacrónica, supone un riesgo latente que el actual gobierno insista en su voluntad de crear una nueva Constitución.
E independientemente de este riesgo, es importante destacar que la crisis que atraviesa el Perú no ha sido ocasionada por la Constitución vigente. Y si hubiera cuestiones que después de un debate profundo y consistente se considerara oportuno mejorar, existen mecanismos jurídicos para una reforma parcial de la Constitución. Reducir la causa de los problemas del Perú a la Carta Magna es evidencia de una lectura superficial y extremadamente simplificada de la realidad nacional; y pone de relieve el ánimo revolucionario más que el ánimo constructivo. En estos momentos de crisis, la reflexión y el debate alturado para edificar una mejor sociedad es la necesidad más urgente.