El consenso actual en torno al valor de la democracia va acompañado de una creciente conciencia de la necesidad de regenerarla, escribe Javier Tusell en la revista Cuenta y Razón (Madrid, IV-V, 1993).
Más que una crítica a las instituciones de la democracia y a su funcionamiento, lo que hay en todo el mundo democrático es un profundo estado de perplejidad en las fuerzas políticas tradicionales. Por supuesto, los partidos comunistas han sufrido graves descalabros en la totalidad del mundo, pero a los partidos socialistas les ha sucedido lo propio. La pregunta que recorre en estos momentos el mundo es en qué consiste el socialismo, o para decirlo de un modo más beligerante, si éste no habrá perdido radicalmente su razón de ser. Pero lo cierto es que la crisis no afecta tan sólo a la izquierda: la propia derecha francesa, victoriosa y dotada de una abrumadora mayoría parlamentaria, no ha obtenido en las últimas elecciones más votos que en 1988, fecha en que perdió, y sus programas tampoco son muy precisos ni tampoco tan distintos de la izquierda. Hay, por tanto, (…) un estado de profunda perplejidad en las fuerzas políticas tradicionales.
El resultado ha solido ser la aparición de grupos políticos nuevos. De algunos de ellos se ha advertido su condición de neofascistas, pero es dudoso que merezcan este calificativo: el propio Le Pen no cuestiona el sistema político francés en la actualidad vigente. En muchas de las manifestaciones de supuesta extrema derecha no hay más que barbarie juvenil y urbana, más que el renacimiento de Hitler.
Lo que sí se aprecia en la política europea de manera clara es un afán de experimentar con nuevas opciones políticas. Muchas de ellas (por ejemplo, parte de los ecologistas) carecen de una visión global, centrándose tan sólo en un aspecto; a menudo son, además, irresponsables en sus propuestas. Es posible que estos evidentes defectos concluyan por hacer efímeros a estos partidos, pero no cabe negarles una influencia indudable durante algún tiempo e incluso la introducción de nuevas temáticas, como las medioambientales.
(…) El fenómeno más decisivo que se da en todas las latitudes es una sorda irritación contra la clase dirigente, contra toda ella, sea cual sea su significación, derechista o izquierdista (…). Hoy se piensa que los políticos son poca cosa, pero que, además, exigen mucho y muy injustificadamente para sí mismos. Son poca cosa porque los partidos apenas tienen afiliados y los que existen ocupan cargos públicos. Su comportamiento es oligárquico en extremo y después de haberse desideologizado la política tienden a dividirse de modo infinito en camarillas que no tienen otra significación que la de una clientela personalista. La política se ha convertido en actividad para quienes carecen de una vida profesional brillante y quieren tener una cierta dimensión pública. Con ella se reciben privilegios, inmunidades y sueldos por encima de lo normal, pero las preocupaciones y el lenguaje de los profesionales de la política están a años luz de los ciudadanos (…).
Sabemos que la democracia no es sustituible por nada mejor, lo que hay que hacer es perfeccionarla. En teoría cualquier régimen democrático está, por su propia esencia, abierto a una transformación permanente. Lo cierto es, sin embargo, que a estas alturas de fin de siglo nos encontramos con un profundísimo anquilosamiento que hace imprescindible una regeneración de la democracia de idéntica magnitud. (…).
El punto de partida quizá está en la vuelta a los principios. No se trata de recuperar las ideologías, esos universos cerrados que crean unas anteojeras con las que pretenden interpretar el mundo. Lo que, en cambio, resulta imprescindible es que los fundamentos de principio de la democracia estén robustamente instalados en la conciencia de todos (…). En este marco de principios reviste especial importancia la exigencia de un nivel ético especialmente estricto. No sólo es necesaria la existencia de códigos de conducta sino, sobre todo, de transparencia en cada uno de los aspectos en que la vida privada se encuentra con la pública (…).
Algo que parece cada vez más imprescindible es combatir las tendencias a la oligarquización que se da en la vida política y, en especial, en los partidos. (…) El hecho más importante de las últimas elecciones presidenciales norteamericanas no fue la elección de Clinton, sino la decisión de una quincena de Estados de limitar el número de los mandatos posibles de senadores, congresistas y gobernadores. Esto resulta imprescindible para evitar que los partidos (y lo mismo vale para los sindicatos) se conviertan en oligarquías encerradas en sí mismas. Por supuesto, los partidos podrán seguir desempeñando un papel importante en el futuro, pero limitado (por ejemplo, no deberán poder cerrar y bloquear las listas de sus candidatos a puestos públicos), y es imaginable un tipo de política más laxa que la llevada a cabo por las oligarquías partidistas centrada, por ejemplo, en una personalidad o en otro tipo de instituciones, como los clubs de debate y las formaciones circunstanciales, para acudir a una elección.
Debe desaparecer de forma radical, como ya se ha votado en referéndum en Italia, la financiación pública a los partidos. Resulta imaginable una política en la que se desgraven las aportaciones a las campañas electorales en vez de que el propio Estado financie a los partidos mediante unas sumas nunca suficientes y, por lo que parece, necesitadas de todo tipo de trapacerías a título complementario. La política debe profesionalizarse en otro sentido por completo distinto a aquel que tiene esta expresión en el momento actual. No tiene sentido, por ejemplo, que las autoridades en materia cultural sean cambiadas de acuerdo con la rotación de partidos en el poder. Ya hay países como Francia en que es habitual, ante los problemas políticos más graves, constituir autoridades administrativas independientes y que nada tienen que ver con los partidos: existe, por ejemplo, una comisión nacional de Bioética. Cualquier experimento participativo debe ser considerado como positivo (…).
Una tercera realidad que es preciso tener muy en cuenta es el respeto por parte del ejecutivo de otras instancias diferentes: no sólo el parlamento sino también la judicatura, los medios de comunicación o incluso los medios intelectuales y universitarios, que son otros tantos poderes cada vez más autónomos. En vez de criticar su supuesto corporativismo, los gobiernos debieran beneficiarse de la existencia de estos poderes y ellos mismos debieran ser capaces de alcanzar una respetabilidad general por la trayectoria propia. En Francia, por ejemplo, el vértice del poder judicial está en manos del ejecutivo, pero la televisión pública ha conquistado la independencia, una situación que es la contraria a la que se da en España.