Chicago.— Pocos discutirían que la cuestión crucial en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 se reduce a cómo cada candidato decida gestionar la cada vez más inminente crisis de inmigración. Por complejo y divisivo que sea este tema, tiene el potencial de influir en los votantes y remodelar el futuro panorama político, con el estado de Texas en el epicentro de este debate. En ningún otro lugar son más evidentes las dinámicas de la política, la economía y la seguridad nacional que en el “estado de la estrella solitaria”, debido a los enrevesados problemas que allí plantea la inmigración, a consecuencia de su posición geográfica.
Con una vasta frontera de 2.000 km que lo separa de México, Texas es la principal puerta de entrada de inmigrantes a Estados Unidos. El año pasado, la Oficina del Censo declaró que Texas tenía los condados del país con crecimiento más rápido, y que los hispanos constituían el 40,2% de toda la población del estado. Aunque ciudades como Houston, San Antonio, El Paso y Austin reflejan la riqueza cultural y las aportaciones económicas que la inmigración ha cultivado, también existen serias preocupaciones respecto al control de los efectos negativos de la inmigración ilegal. El tráfico de drogas, la escasez de recursos y las disparidades socioeconómicas son algunos ejemplos de los crecientes problemas que afectan a las comunidades locales de Texas.
Históricamente, los sectores que han impulsado el éxito económico de Texas están directamente relacionadas con la inmigración: la agricultura, la tecnología, la hostelería y la construcción son algunos que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Mientras que unos estadounidenses expresan su temor por el desplazamiento de puestos de trabajo debido a la afluencia de trabajadores inmigrantes, otros argumentan que estos trabajos esenciales son los que nunca haría un nacional. Es difícil negar que los inmigrantes desempeñan un papel económico crucial que contribuye a la productividad y competitividad general del estado. Sin embargo, el creciente número de trabajadores indocumentados también plantea problemas reales de estancamiento salarial, así como presión sobre los servicios sociales.
Preocupaciones tangibles
Ciudades situadas en estados demócratas como Chicago y Nueva York han sido calificadas de “zonas de aterrizaje” para miles de inmigrantes que llegan a diario sin un plan claro para el futuro. En Chicago se pueden ver niños pequeños con sus padres en la mayoría de las esquinas de las calles principales y cerca del metro y las estaciones de tren, mientras intentan vender caramelos y otros productos a los peatones. Muchas de estas familias acampan por la noche frente a las comisarías de policía o en el interior de los departamentos de bomberos locales para cobijarse del frío cortante. En Nueva York, el problema es peor que en Chicago: la ciudad se ha visto en apuros para alojar, alimentar y procesar a la oleada de solicitantes de asilo, lo que ha llevado al alcalde Eric Adams a pedir a los funcionarios federales ayuda financiera y un cambio de política.
La opinión pública parece estar más a favor de la estrategia de mano dura de Trump que del discurso más suave adoptado por Biden
Los dos candidatos a la presidencia, Joe Biden (demócrata) y Donald Trump (republicano), han hablado de sus planes para afrontar este asunto. Trump afirma que Biden ha “deshecho” los cuatro años de reformas migratorias que se pusieron en marcha bajo su mandato. Si es elegido, planea centrarse en reforzar los controles de seguridad nacional aplicando las deportaciones de inmigrantes indocumentados y cerrando la frontera de Texas. Biden se ha posicionado más suavemente en torno al tema, centrándose en vías que permitan a los inmigrantes entrar legalmente en el país con permisos de trabajo. También ha ralentizado las detenciones y deportaciones de inmigrantes de larga duración para centrarse en deportar a los verdaderos delincuentes. Sin embargo, el progreso real ha sido mínimo, ya que los inmigrantes indocumentados siguen llegando al país un día tras otro sin una perspectiva clara.
Texas libra su propia batalla
En los últimos meses, los legisladores de Texas han decidido tomar las riendas de la crisis migratoria. Con la aprobación de la Ley del Senado 4 (SB 4), que convertiría en delito estatal cruzar la frontera entre Texas y México y permitiría a la policía detener a inmigrantes irregulares, el estado ha dejado claro que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para gestionar la inmigración ilegal. La SB 4 se basa en la cláusula de guerra de la Constitución, que permite a los estados actuar en defensa propia si son invadidos. La ley ha estado yendo y viniendo de un tribunal federal a otro mientras continúa el debate sobre si algún estado tiene derecho a aplicar su propia ley de inmigración. Aún no se ha tomado una decisión definitiva.
No obstante, la SB 4 demuestra la realidad de que Texas es un microcosmos del debate nacional sobre inmigración. Las políticas de inmigración que sintonicen con los votantes de Texas tendrán un efecto dominó en todo el país, y harán de la cuestión una preocupación multifacética y urgente que ambos candidatos presidenciales tendrán que resolver. Aunque Texas trata de abordar sus problemas de inmigración aplicando medidas a nivel estatal para controlar su frontera, las políticas federales afectan directamente a la capacidad del estado para regular la inmigración ilegal.
De entrada, Trump parece tener el tema en el primer plano de sus planes políticos, dejando claro a los votantes que verán cambios tangibles en cuanto sea elegido. La opinión pública parece estar más a favor de la estrategia de mano dura de Trump, frente al discurso más suave adoptado por el actual presidente. Biden ha enmarcado la cuestión de la inmigración en Texas como una batalla por la democracia, un ataque a las fuerzas del orden federales, ya que el control de las fronteras forma parte de la seguridad nacional.
La cuestión de la seguridad se mantiene fuera y dentro de Texas, donde la porosidad de las fronteras está facilitando importantes tráficos de drogas y cruces ilegales que se extienden de hecho al resto del país. Las peticiones de medidas de control fronterizo reforzadas resuenan con fuerza entre los ciudadanos estadounidenses que quieren que se proteja a sus comunidades de la actividad criminal y se garantice la integridad territorial. Ambos candidatos presidenciales deben abordar estas preocupaciones proponiendo estrategias integrales de control. Tales estrategias tendrían que combinar tecnología, mano de obra y mejoras de las infraestructuras para contener la oleada de inmigración ilegal. El truco está en facilitar una entrada justa a través de vías legales que ofrezcan oportunidades a los inmigrantes para contribuir al bien de la sociedad.