Análisis
La convicción de que tampoco en la guerra todo vale está en la base de la Convención de Ginebra, que ha servido para introducir unos niveles mínimos de humanidad en los conflictos bélicos. No respetarla, invocando razones de seguridad, es siempre un retroceso hacia la ley de la jungla.
Tras el revés sufrido en el Tribunal Supremo en la sentencia sobre los juicios a los presos de Guantánamo, el gobierno norteamericano ha decidido aplicar a los detenidos el artículo 3 de la Convención de Ginebra que prohíbe los tratamientos crueles y degradantes, la tortura y el uso de la violencia. Hasta ahora la tesis de la Administración Bush era que la Convención no protegía a los prisioneros de Al Qaeda y a los talibanes, ya que no eran combatientes regulares según las leyes de guerra.
Los analistas legales observan que el Supremo ha rechazado la teoría básica del gobierno, según la cual el presidente fue autorizado por el Congreso después del 11-S a hacer lo que estime oportuno para defender la seguridad de los ciudadanos contra las amenazas terroristas. La autorización no puede ser un «cheque en blanco», según la expresión del magistrado Stephen Breyer.
La idea de que la seguridad nacional lo justifica todo está también en la base de la reacción del gobierno de Israel en su confrontación con los palestinos. Israel no reconoce que tiene enfrente unos enemigos legítimos, sino «terroristas», que por definición están privados de todo derecho. Los soldados israelíes que son capturados por los palestinos son «secuestrados», mientras que los palestinos capturados por Israel son por definición terroristas detenidos, no «prisioneros de guerra». Un soldado capturado por los grupos armados palestinos debe ser inmediatamente liberado sin condiciones; un palestino capturado por Israel puede pasar años en la cárcel sin juicio.
Si algo debe distinguir los métodos de los terroristas y los de un Estado, es que el poder legítimo somete su acción a las normas del Derecho internacionalmente reconocido. Pero la Convención de Ginebra sobre la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra no parece ser un «best seller» en el ejército israelí, como tampoco lo es entre los que atacan a los civiles israelíes.
No a los castigos colectivos
La Convención no impide que Israel se defienda contra las agresiones que sufre. Pero sí estipula unas condiciones para que la población civil sufra lo menos posible. La Convención (art. 33) dice que «están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo (…) Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes». En cambio, la respuesta de Israel, con bombardeos que causan víctimas civiles ajenas a la agresión, con «asesinatos selectivos» que por matar a un dirigente de Hamás liquidan a toda una familia que tiene la mala suerte de vivir en el mismo inmueble, con el bloqueo que causa una penuria extrema de toda la población, responde a los criterios del castigo colectivo.
La Convención de Ginebra (art. 23) exige que «cada una de las partes autorizará el libre paso de todo envío de medicamentos y de material sanitario»; sin embargo, el bloqueo israelí ha dejado desabastecidos a los hospitales de Gaza en el momento en que hay más víctimas que atender. Los cortes de electricidad y la escasez de carburantes, cuyo aprovisionamiento depende de Israel, provocan perturbaciones en el suministro de agua.
«Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas», dice la Convención (art. 53). Pero lo primero que hizo el ejército israelí fue bombardear la única central eléctrica de Gaza, para dejar privado de electricidad al territorio. Los bulldozers y los blindados israelíes han destruido viviendas, derribado los postes de electricidad, reventado las canalizaciones de agua. Y en la invasión del Líbano tras los ataques de Hizbolá, el ejército israelí se ha cebado en la destrucción de infraestructuras civiles (el aeropuerto de Beirut, puentes, carreteras…)
El propósito, confesado por el gobierno israelí, es causar un sufrimiento tal a la población palestina o libanesa que les haga comprender que no les conviene apoyar a los grupos armados que combaten a Israel. Por su parte, con el lanzamiento de cohetes contra pueblos israelíes, los activistas palestinos quieren hacer comprender a la población que la ocupación debe terminar. Pero precisamente la Convención de Ginebra pretende evitar que se utilice la violencia para hacer llegar mensajes de este estilo. Por eso dice (art. 3) que «las personas que no participen directamente en las hostilidades (…) serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad».
Frente a este ciclo infernal de violencia es preciso reafirmar la fuerza del Derecho. Bush asegura que los presos desprovistos de garantías han sido siempre «bien tratados», aunque lo poco que ha sabido el resto del mundo sobre Guantánamo es suficiente para asustarse; Israel asegura sin pestañear que su réplica a las agresiones está circunscrita a las milicias que le atacan, aunque las imágenes del telediario estremezcan al mundo con las víctimas civiles.
Pero la Convención de Ginebra se hizo precisamente en 1949 para que la idea de «buen trato» al prisionero o a la población no quedara sometida al criterio del más fuerte. Ignorarla en nombre de la retórica de la seguridad solo puede hacer retroceder la civilización.
Ignacio Aréchaga