La reforma de las organizaciones internacionales

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Un nuevo sistema de gobernanza mundial requeriría también cambios en las organizaciones internacionales más influyentes, cuya reforma está planteada desde hace tiempo.

La reforma de la ONU, en especial del Consejo de Seguridad, es una cuestión que se debate desde 1992. En el Consejo de Seguridad, la composición y el equilibrio de poderes reflejan sobre todo los resultados de la II Guerra Mundial más que la realidad del mundo de hoy.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad adoptan sus resoluciones por mayoría de 9 miembros. Pero las resoluciones pueden ser bloqueadas por el veto de alguno de los cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Francia y Gran Bretaña).

Ya el anterior secretario general, Kofi Annan, insistió para que el “Consejo dé una mayor representación a las partes del mundo que tienen hoy una voz limitada”, para lo cual “se debería incluir nuevos miembros”. Potencias emergentes como India, Brasil, Alemania, Japón o Sudáfrica serían candidatos naturales para un Consejo de Seguridad más equilibrado.

Para eso haría falta que los países miembros se pusieran de acuerdo sobre el número y las prerrogativas de los nuevos miembros permanentes del Consejo y el posible abandono del derecho de veto.

Ya en 2004, Kofi Annan encargó a un grupo de 16 personalidades, encabezadas por el ex primer ministro tailandés Anand Panyarachun, que propusiera recomendaciones para mejorar la legitimidad y eficacia de la ONU. Respecto a la reforma del Consejo de Seguridad, el comité ofreció dos posibles soluciones. Las dos coincidían en hacer pasar el número total de miembros del Consejo de los 15 actuales (cinco permanentes y diez no permanentes, elegidos por dos años) a 24.

Según la primera fórmula, el número de miembros no permanentes pasaría a 13 y se crearía un grupo de seis nuevos miembros permanentes, pero que no tendrían derecho de veto. De los seis, uno sería un país europeo, otro de Latinoamérica, dos de Asia y dos de África.

La segunda fórmula sugería agregar 8 miembros semipermanentes (dos por continente), elegidos por cuatro años renovables, y un miembro no permanente. El comité proponía que la selección de los países candidatos se hiciera según tres criterios: la contribución a la paz y a la seguridad internacional; su aportación al presupuesto de la ONU y las contribuciones voluntarias; la puesta a disposición de la ONU de fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz.

Pero las rivalidades regionales y el afán de las grandes potencias de conservar su derecho de veto han impedido hasta ahora una reforma del Consejo. Ban Ki-moon, secretario general desde 2006, no ha logrado que avance la reforma por el momento.

Pero las reformas que necesita la ONU no se reducen al Consejo de Seguridad. Un informe encargado ya en la época de Kofi Annan, en 2006, a un “comité de sabios” para evaluar la eficacia del sistema ONU y proponer mejoras, dictaminó que el conjunto de agencias onusianas que tienen competencias en los campos del desarrollo, de la ayuda humanitaria y del medio ambiente actúan con falta de coherencia, de manera dispersa y con costes administrativos elevados.

Estas agencias, a diferencia de la ONU, no pueden contar con contribuciones obligatorias de los Estados miembros, por lo que están constantemente en busca de financiación y tienden a ocuparse de problemas de moda que pueden atraer dinero.

A veces más de veinte de estas agencias trabajan en un mismo país en desarrollo en proyectos variados y pequeños, lo cual entraña elevados gastos de gestión. Los autores del informe proponían un solo programa de Naciones Unidas sobre el terreno, negociado con los países beneficiarios, en función de sus necesidades. Un representante de la ONU tendría autoridad sobre las diferentes agencias presentes en el país.

Cuotas y votos en el FMI

La importancia en el panorama mundial de las economías emergentes ha obligado a plantearse una reforma del sistema de gobierno del Fondo Monetario Internacional, donde a cada país se le adjudica una cuota en función aproximadamente del tamaño relativo de su economía. La cuota determina la contribución del país al capital del Fondo, su poder de voto y su capacidad para acceder a la financiación del FMI.

El reparto actual refleja una situación anacrónica, en la que se dan disparidades tan curiosas como que Brasil (11ª economía mundial) tiene solo un 1,38% de los derechos de voto mientras que Holanda tiene un 2,34%.

En marzo de 2008 se alcanzó un acuerdo para modificar las cuotas, con el que aumentó sobre todo el poder de voto de las economías emergentes (China, Corea, India, Brasil, México, Singapur, Turquía). También se acordó aumentar los llamados votos básicos, iguales para todos los miembros, lo que da mayor voz a los países pequeños en las deliberaciones de la organización.

En estos momentos, los derechos de voto de los países del G-8 representan el 47,13% del total, con un máximo del 16,77% correspondiente a EE.UU. El resto de países que completan el G-20 disponen del 17,64%.

Para que China (que actualmente tiene un 3,66%) o India (1,89%) tuvieran un poder de voto adecuado a su creciente importancia, habría que disminuir el de los países que están sobrerrepresentados, sobre todo los europeos. A este fin algunos han propuesto que los 27 países de la Unión Europea, que en conjunto tienen el 32,4% de los votos en el FMI, acepten abandonar su representación individual para adoptar una colectiva. Así serían el primer accionista del FMI, aunque su peso electoral conjunto disminuiría unos diez puntos, que serían repartidos entre las economías emergentes. Pero la mayoría de los europeos no quieren saber nada de eso, y cualquier cambio en las cuotas del FMI necesita una mayoría del 85%.

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