Contrapunto
«¿Está usted a favor de la humanidad o del neoliberalismo?» Esta es la alternativa del referéndum convocado por el ayuntamiento de El Borge, un pueblo malagueño de unos mil habitantes. El gobierno municipal es un bloque compacto de izquierda (cinco concejales de Izquierda Unida y cuatro socialistas), así que la postura de la corporación queda clara en el bando con que el alcalde llama a los vecinos a las urnas: «Decido convocar un referéndum contra el neoliberalismo…».
Esta insólita consulta responde a una idea lanzada en un reunión internacional celebrada en México por los guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el pasado agosto, en la que se instaba a celebrar referendos contra el neoliberalismo. Hay quien dice que este gesto es la típica payasada de izquierdas, con cargo al erario público. Pero el alcalde está satisfecho de su originalidad: «Somos el primer pueblo de Europa y del mundo que celebra una elección de estas características». Este pueblo, según la información, subsiste del monocultivo de la pasa, y no muy bien, pues la tercera parte de la población está en los umbrales de la pobreza. El alcalde reconoce que muchos de los vecinos ni siquiera han oído hablar del neoliberalismo. Pero tienen que saber que «el avance fundamentalista del neoliberalismo» les concierne, y se manifiesta en la ofensiva para privatizar todo, en el desmantelamiento del Estado del bienestar, en la agresión a lo público.
En otra página del mismo periódico que trae la noticia del referéndum (El País, 6-XI-96), aparece una información sobre las subvenciones a la minería del carbón, cuyo florón es la empresa pública Hunosa. Quizá sea por esta ola de liberalismo que nos invade, pero sería un alivio poder privatizarla o, visto que nadie la compraría, cerrarla. El precio de referencia del carbón en España es 14.000 pesetas por tonelada, mientras que el carbón traído del extranjero y puesto en central térmica cuesta entre 6.200 y 8.400 pesetas. El Estado subvenciona la diferencia. Ahora, obligado por los compromisos con la Unión Europea, el gobierno quiere ir eliminando las ayudas públicas, y la minería está en pie de guerra.
Según las informaciones, el dinero público recibido por Hunosa implica que el mantenimiento de cada puesto de trabajo supone una subvención de 9 millones anuales (muy superior a su coste laboral de 5 millones) y que cada tonelada extraída cuesta al erario público 40.000 pesetas. Es decir, sería más económico pagarles el sueldo y que se quedaran en casa. Aunque la reconversión vigente en Hunosa para reducir plantilla tampoco es que sea barata, pues tiene un coste de 47 millones por cada prejubilado.
La defensa fundamentalista de la subvención pública se hace a costa de todos. Esta sangría se financia, por una parte, a través de todos los consumidores con una tasa del 4,86% sobre la tarifa eléctrica; y lo demás mediante el erario público. Quizá esto tampoco lo saben los votantes de El Borge ni su alcalde se lo explicará; pero les afecta directamente, tanto o más que el neoliberalismo, y hace que sean más pobres.
Ignacio Aréchaga