Aunque Bruselas parece preocupada por el estado de la democracia en Hungría, en el trasfondo se advierte la típica guerra cultural sobre los valores europeos.

Orbán quiere completar una transición postcomunista que ha estado gestionada en buena medida por hombres del viejo régimen transformados en “socialistas”

“Alarma por la deriva autoritaria en Hungría”, “La democracia húngara se encuentra en estado de sitio”, “El gobierno húngaro infringe el derecho europeo”. A juzgar por los titulares del último mes, se diría que Hungría ha vuelto a caer en un régimen dictatorial como el que conoció bajo el comunismo. El gobierno de Viktor Orbán responde que está haciendo las reformas que Hungría necesita para superar definitivamente el comunismo y rectificar el marasmo económico heredado del anterior gobierno socialista.

Tras la llegada del partido Fidesz al poder en mayo de 2010 con el 52,7% de los votos, se aprobó una nueva Constitución (ver artículo relacionado), a la que han seguido una batería de leyes que reforman la administración pública, el sistema sanitario, la enseñanza, la judicatura, la fiscalidad... Los críticos de la nueva Constitución dicen que es “nacionalista”, “conservadora” y “contraria a los valores europeos”. Lo curioso es que Hungría ingresó en la UE con una Constitución hecha bajo el régimen comunista en 1949, parcheada para adaptarla a la vida democrática, sin que esto suscitara mayores reservas. La nueva Constitución es la primera que ha sido elaborada por un parlamento tras una libre elección, impulsada por un gobierno con un masivo mandato democrático.

Es verdad que la nueva Constitución es original para los vientos que corren en Europa, pues reconoce el respeto de la vida humana desde la concepción, el valor central de la familia, define el matrimonio como unión entre hombre y mujer, reconoce la libertad de educación, y además el “papel del cristianismo en la pervivencia de la nación”. Pero nada de esto va contra los valores europeos.

El gobierno húngaro está aplicando una terapia legislativa de choque para cambiar el país, con métodos que la oposición critica

Una transición gestionada por comunistas reciclados Hasta este cambio, en Hungría ha habido una transición incompleta, gestionada en buena medida por hombres del viejo régimen comunista transformados en “socialistas”. Como en Rusia, se ha producido un exceso de especulación financiera y mucha corrupción, con enriquecimientos súbitos.

Viktor Orbán ha forjado su personalidad luchando contra estructuras, modos de pensar, y un estatismo heredados de la época comunista. De modo que es extraño que la UE tenga más problemas con él que con antecesores excomunistas como Gyula Horn, primer ministro entre 1994 y 1998, que luchó al lado de los soviéticos para aplastar la revolución de 1956; o con Ferenc Gyurcsány, antiguo miembro de las Juventudes comunistas, primer ministro entre 2004 y 2009, hoy un hombre de negocios multimillonario, que mintió a Bruselas para ocultar el elevado déficit público.

¿Qué ha ocurrido para que Orbán haya pasado de ser una figura admirada en Europa a ser acusado de aspirante a dictador? En declaraciones a Le Monde (5-02-2012), Orbán afirma que su partido es de “orientación demócrata-cristiana, con especial apego a la libertad, la responsabilidad individual y la soberanía nacional”. De hecho, en el Parlamento Europeo se inscribe dentro del Partido Popular Europeo, que engloba a partidos de centro derecha. Confiesa que no le gusta la política elitista y que prefiere el “enfoque plebeyo” o populista. Y advierte que Europa Occidental no ha conocido el comunismo ni el postcomunismo, por lo que a veces no le resulta fácil entender lo que siente la gente de los países del antiguo bloque soviético.

Otros observadores apuntan que, por el desconocimiento de la difícil lengua húngara, el extranjero se ve obligado a informarse sin tener la posibilidad de acceder directamente a documentos debatidos, como el de la Constitucón.

La herencia socialista Los ataques al gobierno húngaro, impulsados en el Parlamento Europeo por socialistas y liberales, llegaban a pedir que la UE invocara el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que priva de derecho de voto a los Estados miembros que violen las reglas democráticas.

Pero la Comisión Europea se limitó a abrir un expediente en el que objeta tres puntos, sobre los que pide a Hungría información adicional: la autonomía del Banco Central respecto al gobierno, la independencia del poder judicial y la de la autoridad de la agencia de protección de datos.

El propio Viktor Orbán se presentó en el Parlamento Europeo el 18 de enero, y en una intervención en un tono más moderado que el de sus detractores dijo que no tenía ningún problema para aclarar y reformar lo que preocupa a la Comisión.

Otros reproches que se le hacen a Orbán es que ha modificado los distritos electorales de un modo que favorece a su partido y que ha colocado a gente de su cuerda al frente de instituciones estatales. Pero buena parte de las informaciones y artículos que se publican en Occidente más bien reflejan la furibunda lucha actual en que gobierno y oposición se debaten en Hungría.

Los que acusan a Orbán de deriva autoritaria tienen que presentar esto como un posible riesgo, pues la realidad actual no lo confirma. Como ha escrito The Economist (7-01-2012): “Fidezs ganó el poder con elecciones limpias. Los políticos de la oposición no están encarcelados ni son agredidos. La prensa no estatal critica ásperamente al gobierno. Las fronteras siguen abiertas. Varias decenas de millares de personas se han manifestado libremente contra el gobierno...”

Lo que parece claro es que Orbán está aplicando una terapia legislativa de choque para enterrar los restos del comunismo, enderezar la economía y corregir la corrupción, y que su acción enérgica está chocando con intereses arraigados.

Enderezar la economía En sus declaraciones a Le Monde explica la grave situación económica que heredó del gobierno socialista: un déficit público del 7%, una deuda equivalente al 80% del PIB; el país contaba solo con 2,6 millones de contribuyentes que ahora han pasado a 3,8 millones.

Recuerda también que el país era adicto a la deuda, tanto el Estado como las empresas y las familias. Un millón de familias se habían endeudado con productos financieros “podridos” y con créditos inmobiliarios en moneda extranjera. Orbán ha negociado con los bancos para obtener un reescalonamiento de las deudas, un pulso que considera “el más duro combate de mi carrera política”. “Está claro –dice– que hemos chocado con los intereses de algunos agentes del mundo de los negocios”.

Sobre la cuestión de la independencia del Banco Central, reconoce que, como en otros países, hay una discrepancia entre la política económica del gobierno, que quiere créditos a tasas más bajas para estimular el crecimiento, y la política del Banco Central, que ha elevado la tasa de interés (ahora es un 7%) para controlar la inflación (3,9%). Explica que en el consejo del Banco Central hay un representante del Ministerio de Finazas, con voz pero sin voto; esto es así desde hace veinte años, y si la Comisión Europea cree que es ilegal se cambiará.

En cuanto a la independencia de la judicatura, se le reprocha haber adelantado la edad de jubilación de los 70 a los 62 años, lo cual supone la marcha de unos 200 jueces y puede interpretarse como un modo de prescindir de jueces de la época comunista. Respecto a las atribuciones del Tribunal Constitucional, la nueva Constitución limita sus competencias en cuestiones presupuestarias y fiscales.

A quienes afirman que la libertad de expresión de la prensa húngara está en peligro, replica que “el 90% de los medios de comunicación húngaros están en manos de grupos privados, en sus dos tercios extranjeros”, y que no se privan de criticar al gobierno.

En último término, Orbán explica así el trasfondo de muchas críticas: “Cuando defendemos un enfoque más tradicional de los valores, como el cristianismo, la nación o la familia, tropezamos de vez en cuando con reacciones hostiles y se nos dice que nuestra actitud no es europea. Pero si hay países de Europa Occidental que tienen sensibilidades diferentes sobre estos valores, no merecemos ser tratados como si no fuéramos dignos de participar en la conversación europea”.

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