El pasado 4 de febrero, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal española hizo pública una nota dando una orientación moral acerca del referéndum sobre la Constitución Europea.
En primer lugar, la nota recuerda que la Iglesia siempre ha alentado «un gran proyecto de unificación europea que, cerrando el triste capítulo de grandes y repetidas guerras, diera paso a una nueva época de concordia y verdadero progreso». Prueba de ello es que «los llamados «padres» de la Unión fueron grandes hombres de Estado cristianos».
Tras dejar clara esta premisa, la nota hace referencia a la necesidad que tienen los ciudadanos de contar con suficiente información para votar con conocimiento de causa; que la pregunta del referéndum pueda ser respondida con facilidad y «que el voto no tenga otras consecuencias políticas distintas de las que se someten explícitamente a consideración de los ciudadanos».
Los obispos advierten que «no son pocos quienes manifiestan su perplejidad ante la dificultad de poder conocer responsablemente el contenido de un largo y complejo texto legal, como es el del Tratado que se presenta a consulta. La dificultad es objetiva y el tiempo es escaso».
Los obispos destacan lo que, a su juicio, son los aspectos positivos y negativos del Tratado. «Parece claro que los firmantes del Tratado, al someterse al imperio de un texto constitucional, favorecerán el proceso de integración de la Unión con todo lo que eso comporta: consolidación de la paz entre los pueblos de Europa; desarrollo económico y social; cooperación más eficaz contra el terrorismo y la delincuencia internacional, e incremento de la capacidad de la Unión para actuar de modo concertado en el mundo».
Por otro lado, «se proclaman con nitidez suficiente los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y de control judicial. También se reconoce, de acuerdo con las leyes nacionales, la libertad de creación de centros docentes, así como el derecho de los padres a la educación de sus hijos «conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas». Se menciona la religión como uno de los elementos constructivos de la herencia europea y se reconoce a las Iglesias como realidades sociales de valor específico con las que la Unión mantendrá «un diálogo abierto, transparente y regular»».
En relación con los aspectos negativos, resaltan la ambigüedad y los silencios a la hora de definir el derecho a la vida: «El texto constitucional no excluye la investigación letal con embriones humanos, ni el aborto, ni la eutanasia; tampoco excluye la clonación de seres humanos para la experimentación y la terapia». Asimismo, hubieran deseado «una tutela mayor del matrimonio como la unión estable de un hombre y de una mujer, y la protección de los niños a no ser adoptados por otro tipo de uniones».
Los obispos destacan la falta de un «reconocimiento explícito del carácter personal del ser humano, abierto a la Trascendencia, que es la base inderogable de los derechos fundamentales; tales derechos no son otorgados, sino sólo reconocidos por la ley». Y, en fin, «lamentan la omisión deliberada del cristianismo como una de las raíces vivas de Europa y sus valores».
En conclusión, los obispos «piensan que el compromiso con Europa no les obliga a indicar, en el ejercicio de su misión pastoral, un sentido determinado del voto en este referéndum. El «sí», el «no», el voto en blanco o la abstención son posibles opciones legítimas. El voto en blanco y la abstención, en el caso de que no sea posible superar la perplejidad o no se pueda aceptar en su raíz el planteamiento de la consulta».