Tambores de guerra, argumentos para la paz
La inminencia de una intervención armada de los EE.UU. contra Irak es un lugar común de la prensa internacional, que presenta los diversos pareceres sobre los argumentos aportados por la Administración Bush. Entre los que se plantean la legitimidad moral del uso de la fuerza, se debate si el ataque a Irak reúne los criterios de una guerra justa, cuestión que despierta muchas reservas entre los líderes religiosos.
El pasado 13 de enero, Juan Pablo II se pronunció expresamente sobre la posibilidad de una intervención armada contra Irak. En el marco de la tradicional audiencia al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Pontífice dijo que «la guerra nunca es una simple fatalidad. Es siempre una derrota de la humanidad. El Derecho internacional, el diálogo leal, la solidaridad entre los Estados, el ejercicio tan noble de la diplomacia, son los medios dignos del hombre y las naciones para solucionar sus contiendas».
La guerra no es una fatalidad
Ante el empeoramiento de la crisis de Oriente Medio, el Papa dijo que «su solución nunca podrá ser impuesta recurriendo al terrorismo o a los conflictos armados, pensando que la solución consiste en victorias militares. Y ¿qué decir de la amenaza de una guerra que podría recaer sobre las poblaciones de Irak, tierra de los profetas, poblaciones ya extenuadas por más de doce años de embargo? La guerra nunca es un medio como cualquier otro, al que se puede recurrir para solventar disputas entre naciones. Como recuerda la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Derecho internacional, no puede adoptarse, aunque se trate de asegurar el bien común, si no es en casos extremos y bajo condiciones muy estrictas, sin descuidar las consecuencias para la población civil, durante y después de las operaciones».
La postura de la Santa Sede se ha expresado también en declaraciones de Mons. Jean-Louis Tauran, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, como la entrevista concedida al diario italiano La Repubblica (23-XII-2002). «El uso de las armas no es una fatalidad inevitable, y además, una guerra preventiva no está prevista por la Carta de las Naciones Unidas». Tauran se mostraba tajantemente contrario a la intervención unilateral: «Un miembro de la comunidad internacional no puede decir: Yo hago esto y vosotros me ayudáis, o de lo contrario os quedáis en casa. Si fuera así, todo el sistema de reglas internacionales se derrumbaría». Tauran quiso advertir sobre la posible reacción que provocaría en los países de la zona una intervención armada en Irak, en forma de «una especie de cruzada anticristiana, antioccidental, pues ciertas masas analfabetas lo mezclan todo».
Los obispos católicos de EE.UU. escriben a Bush
Tras los atentados del 11 de septiembre, el ataque de EE.UU. contra Al-Qaida y los talibanes en Afganistán contó con una amplia aprobación, incluida la de Iglesias que lo calificaron de «legítima defensa». Pero la reacción es muy distinta respecto a la anunciada guerra contra Irak. Casi todas las Iglesias de EE.UU., de Europa y Oriente Medio multiplican las advertencias contra el belicismo de Washington; juzgan que no se cumplen los requisitos para una guerra justa; y estiman que el concepto de guerra preventiva de la Administración Bush socava el orden internacional.
Los reparos comienzan en la propia casa. El Consejo Nacional de Iglesias de EE.UU. -que agrupa a denominaciones metodistas, luteranas, presbiterianas, baptistas…- ha escrito a Bush para advertirle que «el uso preventivo y unilateral de la fuerza militar no tiene ninguna legitimidad moral».
Wilton D. Gregory, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, escribió, el pasado 13 de septiembre de 2002, una carta al presidente Bush en la que reflexionaba sobre el casus belli de un ataque militar contra Irak. Gregory recuerda que si en el caso de Afganistán los obispos consideraron que el ataque estaba moralmente justificado, «consideramos difícil de justificar la extensión a Irak de la guerra contra el terrorismo, en ausencia de pruebas claras y adecuadas de implicación iraquí en los ataques del 11 de septiembre o de un inminente ataque de naturaleza grave».
«No nos hacemos ilusiones -sigue diciendo Mons. Gregory- sobre el comportamiento o las intenciones del gobierno iraquí», que debería poner fin a la represión interna, acabar con sus intentos por construir armas de destrucción masiva, y cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas.
El ataque preventivo, difícilmente justificable
Gregory admite que, al aplicar los principios de la guerra justa, el pueblo de Dios «puede llegar a juicios prudenciales diferentes, dependiendo de la evaluación de los hechos que se tienen a la mano y de otras cuestiones». Por su parte, los obispos católicos «hemos concluido, basándonos en los hechos que conocemos, que el uso preventivo y unilateral de la fuerza es difícil de justificar en esta ocasión». Para explicar esta conclusión, la carta repasa los criterios tradicionales de la guerra justa: justa causa, legítima autoridad, probabilidad de éxito, proporcionalidad y respeto a los no combatientes.
¿Cuál es el casus belli de un ataque militar contra Irak? El Catecismo de la Iglesia Católica condiciona la justa causa a los casos en los que «el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de naciones sea duradero, grave y cierto» (n. 2309). A partir de este criterio, los obispos de EE.UU. se preguntan: «¿Es sabio ampliar drásticamente los tradicionales límites morales y legales sobre la justa causa hasta incluir el uso preventivo de la fuerza para derrocar regímenes amenazadores o para afrontar la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿No se debería hacer una distinción entre los esfuerzos para cambiar el comportamiento inaceptable de un gobierno con los esfuerzos por acabar con la existencia de un gobierno?».
En cuanto a la legítima autoridad para decidir el uso de la fuerza, los obispos señalan que «decisiones de esta gravedad requieren respetar los imperativos constitucionales de EE.UU., alcanzar un amplio consenso en nuestra nación, y una ratificación internacional, preferentemente del Consejo de Seguridad de la ONU. Por este motivo es tan importante su decisión de buscar la aprobación del Congreso y de las Naciones Unidas. Al igual que la Santa Sede, nos mostraríamos sumamente escépticos ante el uso unilateral de la fuerza militar».
Los sufrimientos de la población civil
Otros requisitos de la guerra justa exigen que el uso de la fuerza debe tener «serias condiciones de éxito» y «no debe entrañar males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar» (CEC, n. 2309). A este respecto, los obispos advierten que «la guerra contra Irak podría tener consecuencias imprevisibles no solo para Irak sino para la paz y la estabilidad en toda el área de Oriente Medio».
Al movernos aquí en el terreno de las hipótesis, la carta plantea en forma de interrogantes una serie de cuestiones que habría que considerar, entre ellas: «¿Cuánta gente inocente debería sufrir y morir, o quedar sin casa, sin bienes básicos, sin trabajo? ¿Se comprometerían los Estados Unidos y la comunidad internacional en la ardua y larga tarea de asegurar una paz justa o el Irak de después de Sadam seguiría marcado por el conflicto civil, la represión, y continuaría siendo una fuerza desestabilizadora en la región? ¿Provocaría el uso de la fuerza militar más conflicto e inestabilidad?».
Los obispos estadounidenses piensan que «el uso de la fuerza militar masiva para derrocar al actual gobierno de Irak tendría consecuencias incalculables para la población civil, que ha sufrido mucho a causa de la guerra, la represión y el extenuante embargo».
La evaluación de estos interrogantes lleva a los obispos a pedir a Bush que «busque activamente alternativas a la guerra».
La guerra y el arte de gobernar
Entre los que intentan justificar la guerra, algunos piensan que basta invocar el interés nacional y las razones de seguridad, eludiendo «moralismos». Pero otros creen que la tradición de la «guerra justa» tiene plena vigencia y que puede justificar moralmente el ataque a Irak. Lo que habría que hacer sería desarrollar la noción de guerra justa, teniendo en cuenta las nuevas realidades políticas del siglo XXI. Esta es la postura de George Weigel, respetado intelectual católico, miembro del Ethics and Public Policy Center, biógrafo de Juan Pablo II y uno de los más destacados comentaristas de EE.UU. en asuntos de religión y vida pública.
En un largo artículo publicado en la revista First Things (diciembre 2002), Weigel advierte que la noción de guerra justa no se reduce a una casuística, sino que pertenece al arte de gobernar. Lo que justifica el recurso a un uso proporcionado y selectivo de la fuerza es precisamente el valor moral de los fines políticos que se pretende defender.
Weigel niega que la noción de guerra justa comience con una «presunción contra la guerra». En la tradición clásica, la fuerza armada no es moralmente sospechosa de por sí, sino que puede ser utilizada para el bien y para el mal. «La tradición de la guerra justa -explica- comienza por definir las responsabilidades morales de los gobiernos, sigue con la definición de fines políticos moralmente adecuados y solo después se plantea la cuestión de los medios».
La paz no es la simple ausencia de guerra. Recuerda con San Agustín que la paz es tranquillitas ordinis, un orden compuesto de justicia y libertad. «La paz del orden está gravemente amenazada cuando regímenes perversos y agresivos disponen de armas de destrucción masiva», armas que, podemos suponer, no dudarán en utilizar contra otros. Por eso, «hay una obligación moral de librar al mundo de esa amenaza contra la paz y la seguridad de todos».
El «factor régimen»
Con estos presupuestos, Weigel piensa que tres de los criterios tradicionales de una guerra justa deben desarrollarse hoy para tener en cuenta las exigencias políticas del siglo XXI y los problemas de seguridad internacional que plantean las nuevas tecnologías de armamento.
En primer lugar, el criterio de causa justa. Desde la II Guerra Mundial, la «defensa contra la agresión» se ha convertido en la causa primaria e incluso única para una guerra justa. Esto excluiría las acciones militares preventivas contra los Estados que son una amenaza para el orden internacional (nueva doctrina estratégica establecida por la Administración Bush).
Para justificar este ataque preventivo contra los «Estados granujas», Weigel propone incluir el «factor régimen» en el análisis moral. Habría que distinguir entre Estados que disponen de armas de destrucción masiva, pero son estables y respetuosos con la ley internacional, y «Estados granujas», que no respetan las normas mínimas del orden internacional, y cuyo acceso a armas de destrucción masiva supone una amenaza para todos. A juicio de Weigel, un ataque preventivo para impedir que uno de estos Estados tenga armas de destrucción masiva no contradeciría el concepto de «defensa contra la agresión». Negar a los «Estados granujas» la capacidad de crear un desorden letal contribuye a reforzar el orden internacional, no a debilitarlo. Pero la inclusión del «factor régimen» supondría también definir qué caracteriza a un «Estado granuja» y quién determina esa clasificación. Weigel da por supuesto que, conforme a la visión de la Administración Bush, Irak, Irán y Corea del Norte son «Estados granujas» que pueden tener acceso a armas de destrucción masiva. Pero, ¿son solo ellos? En la Guerra del Golfo, Sadam Husein agredió a Kuwait, pero ¿a quién amenaza ahora?
¿Último o único recurso?
En segundo lugar, Weigel se plantea quién debe considerarse hoy la autoridad competente para asumir la decisión de desencadenar una guerra justa. ¿Solo la ONU? ¿Toda acción militar legítima debe ser sancionada por el Consejo de Seguridad? Si no es así, ¿está obligado EE.UU., no solo por razones de prudencia política sino también por imperativo moral, a buscar el acuerdo de sus aliados para emprender una acción militar contra estos enemigos?
Ciertamente, según la Carta de la ONU, si un país es atacado no necesita autorización del Consejo de Seguridad para defenderse. Pero otra cosa es sentirse investido de autoridad para emprender una acción militar preventiva por propia iniciativa.
Weigel cree que, habida cuenta de la manifiesta incapacidad de la ONU para gestionar los asuntos de seguridad internacional, no es indispensable para que la guerra sea justa obtener el visto bueno del Consejo de Seguridad. A su juicio, «EE.UU. tiene una responsabilidad única en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo y en la defensa del orden mundial; esto no es una manifestación de soberbia, sino un hecho empírico. Esta responsabilidad puede ser ejercida unilateralmente en ocasiones».
El tercer criterio de la guerra justa que Weigel quiere redefinir se refiere a la idea de la acción militar como «último recurso». Normalmente, siempre se ha entendido que esto significa que, antes de llegar a la guerra, hay que haber intentado las opciones no militares (legales, diplomáticas, económicas, etc.). Pero Weigel precisa que esto no puede entenderse en «simples términos matemáticos», es decir, que haya que poner todos los demás medios uno detrás de otro antes de llegar a la guerra. Las armas pueden considerarse el único recurso «cuando hay razones plausibles para pensar que las acciones no militares son inviables o inútiles».
Al terminar la lectura, surge la duda de si Weigel aporta «Claridad moral en un tiempo de guerra» -como se titula su artículo- o si hace malabarismos para dar un espaldarazo moral a la acción de Bush en un tiempo que ya se ha decidido que sea de guerra.
La guerra como algo abstracto e irremediable
El debate sobre la legitimidad moral de la guerra supone que ésta puede o no estallar. Y un modo de justificarla de antemano es presentarla como irremediable. Contra esta actitud fatalista escribe Rafael Argullol, catedrático de Filosofía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en un artículo de opinión publicado en El País (11-I-2003).
Argullol critica las estrategias mediáticas de EE.UU. para presentar la guerra como un fatum indoloro, abstracto e irremediable, que hace olvidar a las posibles víctimas «Porque nada cuenta tanto como el sufrimiento único, distinto e irrepetible de quienes van a ser alcanzados por el rayo. En consecuencia, es la representación de este sufrimiento la que debería proyectarse en las conciencias de quienes van a arrogarse la prerrogativa de lanzarlo». Para la presumible guerra se recurre a la representación contraria. «Ya ha ocurrido en las últimas guerras, posteriores a la de Vietnam, pero con un tono mucho más acentuado a juzgar por el clima creado desde hace tiempo. Según esta representación, la guerra es indolora, es abstracta y es irremediable».
«La de Vietnam -sigue diciendo Argullol- fue una guerra bajo una luz demoledora. Luego se apagaron los focos y se educó al espectador en un extraño claroscuro donde la violencia masiva y mecánica oculta los síntomas del dolor individual. (…) Como la guerra es irremediable nos preparamos para asistir a ella. El argumento es siempre el mismo: su inevitabilidad. (…) Pronto lo inevitable se convertirá en justo. Ése será el papel de los políticos».
«No nos convencerán de que Sadam Husein es un tirano sangriento (ya lo era cuando era un aliado de Estados Unidos), ni de que dirige una dictadura temible (pues hay otras dictaduras temibles pero aliadas) ni de que Irak es refugio de terroristas (poco en comparación con Arabia Saudí) ni de que nos importa la libertad del pueblo iraquí (dado que no ignoramos que nos importa su petróleo): nos convencerán de que nos acostumbremos a ver lo inevitable como justo. (…) Convoquemos en los parlamentos y medios de comunicación a especialistas que nos informen sobre las consecuencias de nuestros actos. Expliquémonos detalladamente el dolor que vamos a causar. Exijamos de nuestros representantes, empezando por el presidente del Gobierno, que empiecen sus intervenciones de apoyo a la guerra con un informe médico minucioso sobre el sufrimiento previsto. Y a continuación, preparémonos para la vergüenza».