Debido al potencial de la neurotecnología, juristas, científicos e intelectuales creen necesario reconocer derechos específicos que protejan de sus riesgos.

En 2013, bajo los auspicios de la Administración Obama, un grupo de científicos liderados por el neurobiólogo español Rafael Yuste pusieron en marcha el proyecto BRAIN. El programa sigue vigente y hoy cuenta con más de 550 laboratorios y una financiación por parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) norteamericanos de más de 6.000 millones de dólares, partida a la que hay añadir recursos obtenidos de otros fondos, públicos y privados, de investigación. El objetivo principal de BRAIN es mapear detalladamente la actividad neuronal e impulsar el desarrollo de las neurotecnologías. Además de los propósitos asistenciales o terapéuticos –avanzar en el estudio de enfermedades como el alzhéimer, el párkinson o la epilepsia–, investiga la mejora en la neurocognición y desea expandirse más allá del terreno de la neurociencia, de modo que ramas como la psicología, la educación o incluso la industria del entretenimiento puedan beneficiarse de sus descubrimientos. Un nuevo paradigma Siguiendo a Michael Foucault, es como si el enfoque neurocientífico inaugurara una nueva episteme, esto es, un nuevo modelo de saber bastante prometedor, a la luz de sus posibles rendimientos. El prefijo “neuro” constituye lo que hace unos años eran los morfemas “bio” o “nano”: una especie de santo y seña que no solo contribuye a incrementar el respaldo social hacia determinadas investigaciones, sino que abre fácilmente la puerta de los presupuestos destinados a la ciencia. Y es que hay una veta neurotecnológica importante. Y muy práctica. Por ejemplo, en la actualidad ya se emplean técnicas de ultrasonidos focalizados sobre áreas cerebrales lesionadas o se diseñan dispositivos robóticos para la rehabilitación motora. También se ha logrado estimular determinadas áreas del cerebro. Por otro lado, los expertos trabajan en prótesis que conectan el hipocampo a internet, hay logros en las BCI –interfaces cerebro-computadora– y la evolución de la neurociencia determinará el alcance de la IA generativa, que se sustenta, justamente, en redes neuronales no naturales. ¿Y los chips? Los hay inalámbricos y tan pequeños que pueden implantarse mediante una simple inyección. Se venden airpods que registran la actividad eléctrica de los usuarios y hay otros artefactos que supuestamente miden el grado de atención de los alumnos o detectan cuándo el conductor de un vehículo está a punto de dormirse. El santo grial de la mente La neurotecnología se ha conjurado también con las fantasías transhumanistas. La aumentación consiste, precisamente, en bosquejar estimuladores transcraneales para incrementar la capacidad intelectual, mejorar la memoria o –dicen los más optimistas– que cuando queramos saber algo podamos descargarnos de forma automática la información sobre el asunto almacenada en internet. El proyecto BRAIN, que Trump no tiene por ahora intención de interrumpir, se alargará al menos hasta 2030. Probablemente se prorrogará si para esa fecha no ha conseguido su propósito principal: desentrañar el funcionamiento del cerebro y la mente humana. Ese es el santo grial tanto para Yuste como, en su inicio, para Obama, que brindó su apoyo con la esperanza de que su Gobierno fuera recordado como el que “resolvió el misterio del cerebro”, según dice el científico español en su último ensayo, Neuroderechos (Paidós, 2025). Yuste confía en que se despejará la incógnita: “Creo sinceramente –escribe en las páginas finales– que la neurociencia, aupada por la neurotecnología, nos permitirá acercarnos más a la respuesta, al entendernos a nosotros mismos por dentro. Quizá la neurociencia puede aportar un granito de arena importante, porque podrá responder científicamente a qué es la mente humana”. A raíz de lo cosechado, sin embargo, la actitud más razonable es la moderación. Es el propio impulsor de BRAIN quien afirma que, aunque sabemos cuál es la estructura básica del cerebro, que cuenta con más de tres mil tipos de neuronas, y lo que hacen estas en su interior, se nos escapa la dinámica de los circuitos neuronales y su coordinación reticular. La prioridad: protegernos Con sus limitaciones, los desarrollos neurocientíficos ya están mejorando la vida de muchas personas. Pero la historia tiene su envés. Las posibilidades de intervención que ofrecen también revelan desafíos y comportan riesgos. De hecho, Yuste, quizá el científico más convencido acerca de los frutos de estas nuevas tecnologías, confiesa que el peligro asociado a sus descubrimientos le impedía, literalmente, conciliar el sueño. En medio de las pesadillas surgen, pues, tanto la neuroética como los neuroderechos, de cuya definición y promoción se ha encargado también el proyecto de neurociencia norteamericano. Porque, desde un primer momento, entre sus líneas programáticas, BRAIN alerta de la necesidad de que la investigación no pase por alto su impacto en la ética o en la vida de los individuos. Aunque, en realidad, quien por primera vez abogó por la regulación legal de la neurotecnología fue S. A. Tovino, profesor de Derecho en la Universidad de Oklahoma, en un artículo pionero publicado en Neuroethics hace dieciocho años. Pero no se empezó a discutir acerca de la viabilidad jurídica de esos nuevos derechos hasta la aparición de un trabajo firmado por el propio Yuste, Sara Goering y otros colaboradores en 2017, y publicado en las prestigiosas páginas de Nature. Con el reconocimiento de la libertad cognitiva se pretende consagrar el derecho de los ciudadanos a usar las neurotecnologías y a que no se les apliquen sin su consentimiento Atendiendo al estado del saber acerca del cerebro humano, la pretensión de estos autores no era estudiar el impacto que pudieran tener los estudios empíricos a la hora de determinar la culpabilidad penal, o la relevancia de ellos en sectores jurídicos específicos, como el derecho de seguros o el sanitario. La finalidad era proteger a todos los seres humanos, teniendo en cuenta que, como afirmaban, “las neurotecnologías claramente pueden alterar el sentido de identidad y agencia de las personas, y sacudir los supuestos básicos sobre la naturaleza del yo y la responsabilidad personal, legal o moral”. Neuroderechos fundamentales Lo que se plantean son, de modo tajante, derechos humanos, concretados a partir de cinco peligros. En primer lugar, teniendo en cuenta la importancia para la neurociencia de contar con datos masivos sobre la actividad humana cerebral, se reconoce un derecho específico a la privacidad mental, de acuerdo con el cual no se puede acceder al funcionamiento del cerebro ni estudiarlo sin el consentimiento explícito de los sujetos. A la vista de la competencia por los datos personales que hoy existe y la rentabilidad que tienen para los que diseñan algoritmos, es fácil imaginarse qué ocurriría si información tan sensible se difundiera o utilizara comercialmente. El segundo peligro proviene de que el cerebro condiciona la actividad mental, influye en los estados de conciencia y en la psique, aunque no sepamos bien cómo lo hace. Por eso, resulta trascendental para la identidad personal. Si no se protege de manera especial el yo mediante lo que los especialistas denominan el derecho humano a la identidad mental, la personalidad podría ser alterada. Algunos pacientes refieren que han sufrido cambios de identidad al seguir determinados tratamientos. Yuste afirma que eso se ha dado en algunos casos de párkinson. “¿Para qué sirven los derechos humanos si no tenemos garantizado el derecho a existir como personas y tener una identidad propia?”, se pregunta. En tercer término, se debe proteger la libertad o libre albedrío, puesto que se sabe que, por ejemplo, activando determinadas neuronas o por medio de imágenes se ha podido interferir en el comportamiento de ratones. El riesgo de que se controle la capacidad de agencia humana –de dirigir o modificar las decisiones personales– exige una protección específica por parte de la ley. Una de las objeciones más corrientes que se hacen para poner sobre aviso acerca de las consecuencias de la medicina desiderativa o meliorativa es la inequidad en el acceso y, por tanto, el miedo a que estos tratamientos aumenten las injusticias. Si la neuroaumentación solo está al alcance de los de mayor nivel económico, crecerá la desigualdad social. Por esta causa, se aboga por garantizar el acceso equitativo a todas las neurotecnologías que mejoren las condiciones mentales y cognitivas. Finalmente, se ha considerado preciso, ante la posibilidad de introducir artificialmente información en el cerebro, establecer las medidas necesarias para prevenir que se incorporen datos parciales que puedan generar sesgos en la persona. ¿Un plus de protección? A la ola de los neuroderechos no solo se han subido científicos, sino también profesionales del derecho, aunque con algunas modificaciones. Es el caso del jurista argentino Roberto Andorno y del filósofo italiano Marcello Ienca, quienes consideran necesario elevar los neuroderechos a la categoría de derechos humanos o fundamentales, pero que hacen hincapié en la libertad cognitiva, con la que pretenden consagrar el derecho de los ciudadanos a utilizar las neurotecnologías y evitar que se les apliquen sin su consentimiento. Existe un debate acerca de los neuroderechos: ¿Se trata, realmente, de nuevos derechos humanos? ¿Es necesaria esa protección específica? A pesar del interés de muchos sectores por incluir los neuroderechos en los ordenamientos jurídicos, existe un debate acerca de su naturaleza. ¿Se trata, realmente, de nuevos derechos humanos? ¿Es necesaria esa protección específica? Elisa Moreu Carbonell, catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, cree que no. A su juicio, los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación resultan suficientes para defender de modo integral la dignidad y libertad de las personas en el ámbito de la neurotecnología. La Neurorights Foundation, creada por Yuste y sus colaboradores, ha publicado informes sobre los tratados internacionales de derechos humanos vigentes –desde la Carta de la ONU hasta distintas convenciones–, y concluyen que, aunque es posible entender que algunos de los neuroderechos están incluidos en los derechos ya reconocidos, los riesgos y abusos derivados de un empleo fraudulento o deficiente de las neurotecnologías justifican, sin embargo, un convenio neurojurídico especial. Papel mojado Es sintomático que el peso principal en la promoción de los neuroderechos esté en manos de científicos. Quizá eso explica que se pase fácilmente por alto, en primer lugar, que el derecho no es un componente estático, sino que, atravesado por la historicidad propia de todo lo humano, necesita instrumentos para su aplicación. Los jueces interpretan las normas jurídicas, emplean la analogía para llenar las lagunas o atienden al bien que la norma se propone proteger, sin necesidad de alterar la letra de la ley. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, creer que la defensa que proporciona el derecho opera exclusivamente cuando hay una norma positiva que así lo indica es una idea más extendida –afortunadamente– entre los legos que entre los jurisperitos, lo cual revela, también por fortuna, que el positivismo ha permeado antes la conciencia colectiva que la profesional. Especialmente desde que la política legislativa tomó la senda del subjetivismo, se asiste a una inflación desmedida de tutelas jurídicas que puede resultar contraproducente. La codificación internacional tiene poca eficacia interna y no asegura la protección de los ciudadanos. ¿No son a veces los derechos humanos, ante su inaplicabilidad, un mero brindis al sol? Ahí están, para probarlo, las repetidas vulneraciones sin consecuencias de los tratados internacionales. Además, se presta poca atención a una realidad: cuando se multiplican derechos, no aumenta la protección, sino que, paradójicamente, se resiente el vigor de los más importantes. El problema de fondo Estos inconvenientes explican que, a pesar de lo que se indica en las noticias, los avances en el campo de los neuroderechos sean mínimos. Chile o Brasil son, supuestamente, “pioneros” en este campo, pero lo máximo a que han llegado es a establecer enmiendas constitucionales que protegen “la actividad cerebral” o la integridad psíquica. Por ahora, los neuroderechos solo se encuentran en declaraciones de propósitos, como en España (Carta de Derechos Digitales, 2021) o en Europa (Declaración de León, 2023). Aunque resulta evidente que el ser humano debe arbitrar medidas de protección, es más preocupante de cara al futuro que se cuele de rondón una concepción naturalista de lo mental, como si cerebro e inteligencia, neuronas y conciencia, fueran términos intercambiables. Se está extendiendo una comprensión materialista de lo cerebral. Un ejemplo: los descodificadores de la actividad cerebral que supuestamente permiten, a través de resonancias magnéticas, descubrir lo que alguien piensa. Ciertamente, el instrumental técnico mapea o registra las zonas del cerebro que se activan, pero más allá de ello, lo que tenemos son enigmas. Así, para descodificar lo que alguien piensa es necesario entrenar el dispositivo hasta la extenuación. Y, con todo, los resultados son solo aproximados. El dataísmo y el llamado capitalismo de la vigilancia indican, además, que el derecho no evita lo que Byung-Chul Han llama “psicopolítca”, es decir, la posibilidad de que alguien se adueñe de la interioridad del sujeto y este se someta sin rechistar a una voluntad ajena. Para proteger la libertad cognitiva o la identidad personal resulta trascendental defender la dimensión espiritual del ser humano. Pues, aunque estamos condicionados por nuestro entorno, hay algo en nuestra especie que nos distancia de la materia. No podemos ir parcheando mediante leyes y más leyes nuestra defensa; lo prioritario es reconocer esa dignidad espiritual y concienciar a todos de sus exigencias.

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