De la sociedad del “yo” a la del “nosotros”

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El secretario de justicia británico, Jack Straw, ha prometido aunar los derechos sociales y económicos en una “Carta de Derechos y Responsabilidades”. Según sus declaraciones, este proyecto, que por ahora es un “Libro Verde”, podría ser el primer paso hacia una Constitución escrita para el Reino Unido.

Straw ha dicho que el nuevo documento podría “subsumir” la Human Rights Act de 1998, mediante la que se incorporó a la legislación británica la Convención Europea de Derechos Humanos. La controversia ha sido desde el principio el signo de esta futura ley, que el líder de la oposición, David Cameron, ha prometido revocar. Pero aunque Straw dice sentirse orgulloso de tenerla, y aunque otra opción que considera es la de preservarla como una ley aparte, su idea de una nueva carta de derechos propone la mención expresa de la sanidad gratuita, de los derechos de los niños o del derecho a la equidad, aumentando a la vez la insistencia en la definición y descripción de los deberes.

Para Straw, estos derechos -que están “desperdigados a lo largo del ordenamiento político y legal del Reino Unido”- forman parte del “bien establecido Estado del bienestar” británico, y van más allá, por tanto, de los contenidos de la Convención aprobada para la Unión Europea.

Otra Carta Magna

Mientras que Straw ha señalado que la nueva carta podría constituir un hito comparable a la Carta Magna de Juan Sin Tierra o a la Bill of Rights de 1689, desde las filas conservadoras se ha hecho ver que el “green paper” (primer borrador) del proyecto, divulgado este 23 de marzo, no deja claro si sólo se trata de una declaración de principios o si por el contrario tendrá capacidad de hacerse valer ante los tribunales.

En el texto de este borrador se explica que el énfasis en el tema de las responsabilidades obedece a la idea de que es posible “terminar con una sociedad del ‘yo’ contraria a una sociedad del ‘nosotros’, en donde una desenfrenada atención a los propios derechos y libertades individuales pasa por encima de la seguridad y del bienestar general”.

Con estas precisiones el documento pretende ponerse a cubierto de algunas de las críticas que ha suscitado la Human Rights Act, y que ya ha dirigido Dominic Grieve, secretario de justicia de la oposición, contra la propuesta de Straw ante la Cámara de los Comunes: que tales declaraciones alimentan la “cultura de la querella”. “Lo que significarán esos nuevos derechos es más dinero para los abogados y menos para los pacientes: lo último que agradecerían los contribuyentes en medio de una recesión”, ha afirmado Grieve.

Opiniones divididas

Mientras que los tories acusan a la nueva declaración de ser muy confusa en lo relativo a su valor legal, el segundo de Straw, Michael Wills, ha afirmado que “las palabras tienen poder en sí mismas” y que “pueden movernos y moldear nuestra sociedad aun cuando no sean leyes”.

El lobby Unlock Democracy, partidario de que los británicos tengan una Constitución escrita, ha advertido sobre el riesgo de que la carta de derechos se reduzca a una “lista de cosas bonitas” que el gobierno “podría, simplemente, ignorar”. Su director, Peter Facey, ha dicho además que “nuestros derechos y libertades no deberían ser tratados como premios que el gobierno reparte por buen comportamiento, o como privilegios que pueden ponerse como se pone la paga en el bolsillo de un niño”. Con todo, Facey ha admitido que el proyecto podría ser la “primera etapa” de un debate necesario.

En su artículo para The Guardian, el líder del partido Liberal Demócrata Chris Huhne ha escrito que los “derechos humanos -como el derecho a un juicio justo- no son ni pueden ser condicionales, porque son por definición lo mínimo de que podemos disfrutar en cuanto personas”. Por lo tanto, “la idea de estar sujeto a las responsabilidades hace que se confunda el concepto de derechos humanos con el de derechos civiles”.

Responsabilidades clave

Según el proyecto, la nueva Carta podría incluir el derecho a la buena administración, que implica la capacidad de tener acceso a las decisiones públicas para constatar que han sido tomadas según criterios justos, respetuosos de la ley y ajustados al debido proceso. También se propone el derecho de las víctimas en los juicios penales, cuya definición busca que las personas encargadas de administrar justicia tomen conciencia de la atención que deben a aquéllas. En cambio, la lista de nuevos derechos no hace referencia a tener un juicio con jurado ni a los límites a las detenciones sin cargos.

Las “responsabilidades clave” que el proyecto toma en consideración podrían comprender la de no reclamar beneficios cuando se tiene la capacidad de trabajar, la de obedecer la ley, la de cooperar con la policía, la de pagar impuestos, y la de participar en la sociedad civil concurriendo a las elecciones e integrando los jurados. Asimismo podrían sumarse el deber de los padres de cuidar a los hijos, el buen trato a los empleados del servicio público, y la obligación de vivir “dentro de nuestros límites medioambientales”.

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