La oposición venezolana ha conseguido entrar en la Asamblea Nacional (Congreso), tras cinco años de ausencia. Este logro, estrangulado por una Ley Electoral claramente favorable al Gobierno, es quizá la última oportunidad en Venezuela para la supervivencia de la democracia representativa. Mientras, el régimen de Hugo Chávez anuncia que forzará la marcha para la instalación del Estado comunista.
La oposición venezolana, tanto como la opinión pública internacional, ha estado desconcertada durante largo tiempo por la estrategia política del chavismo. Ésta no era otra que aprovecharse de las instituciones democráticas para secuestrar el poder: desde 1999, mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente que defenestró a todos los poderes públicos, Hugo Chávez ha combinado la manipulación del orden legal con una agitación plebiscitaria de signo populista, garantizada por el control gubernamental de los organismos electorales.
Puestos así en flagrante desventaja, los partidos adversos al chavismo decidieron no presentarse a las elecciones legislativas de 2005. La denuncia que implicaba este gesto, sin embargo, resultó escasamente efectiva, y al fin el régimen invirtió la carga de la prueba, achacó a la oposición la culpa de no entrar en la liza democrática, y quedó dueño absoluto, prácticamente, del Congreso. Con este escenario, Hugo Chávez pudo subordinar a su voluntad el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo y tener acceso a la Ley Habilitante que le permitía legislar por decreto, y merced a la cual ha aprobado el 80% de las leyes venezolanas en los últimos tiempos. A la vez, ha aglutinado las fuerzas oficialistas bajo la forma de un partido único, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del que es presidente el propio jefe del Estado.
La Ley Electoral , a gusto del poder
Las elecciones legislativas de 2010 eran sin duda la mayor amenaza para el proyecto totalitario del régimen, que comenzó a prevenirse desde el año anterior con la promulgación de una Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). Este instrumento consagra un desequilibrio entre la población de las circunscripciones electorales y los escaños que les atribuye (el llamado malapportionment), de modo que los estados menos poblados del país, afectos al oficialismo, aparecen sobrerrepresentados. De los resultados obtenidos el domingo pasado se desprende que la oposición es mayoritaria en las regiones donde se concentra el mayor número de electores: Zulia, Carabobo, Lara, Miranda, Aragua y el Distrito Capital. Según el censo electoral, a estos seis estados les pertenece el 52% del total de votantes. Sin embargo, les corresponden 64 de 165 diputados que componen la Asamblea Nacional, apenas un 39% de los escaños.
Junto a esto, el artículo 19 de la nueva Ley permite a los rectores del parcializado Consejo Nacional Electoral estructurar las circunscripciones electorales agrupando a conveniencia municipios y parroquias. De este modo se pueden desmembrar las que se prevean más favorables a la oposición, y sumar votos chavistas donde hagan falta. La trampa conocida con gerrymandering, queda, así, legalizada.
La lucha que viene
Gracias a estas tretas, el 51% del favor electoral que ha logrado atraerse la oposición se traduce en tan sólo 65 diputados, el 40% de la Asamblea Nacional. No obstante, y aunque el PSUV ha obtenido la mayoría simple, los adversarios del régimen podrán bloquear la aprobación de leyes orgánicas. Desde luego, el parlamento venezolano será en los próximos meses escenario de luchas tenaces ante la avanzada que el programa comunista de Chávez se ha apresurado a reafirmar.
Baza fundamental en estos planes es la Ley de Comunas, aprobada el 22 de junio pasado por la Asamblea monocolor. En el proyecto del texto legal se reconoce el comienzo de “un proceso de cambio político, que abarca todos los ámbitos estructurales para la transformación del país desde un capitalismo dependiente hacia un socialismo de contenidos socioeconómicos y geopolíticos innovadores”.
El gobierno de Chávez ha insistido en que las comunas son apenas otro nivel en la descentralización —ajeno, por cierto, al diseño constitucional del Estado—. Sin embargo, se trata de una estructura vertical, sometida directamente al Ministerio de las Comunas e inserta en la cadena de mando del partido único. Resulta muy claro que, so color de “participación directa”, la organización soviética prevista en este modelo busca minar el papel de los órganos representativos propios de la democracia liberal, y el equilibrio de poderes capaz de conjurar las ambiciones despóticas.
Las fuerzas opositoras, integradas por formaciones políticas recientes y por los grandes partidos tradicionales que procuran renovarse y recuperar el prestigio perdido, han descubierto en estas elecciones las ventajas de aparcar parcialidades y de aunar esfuerzos: la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), donde convergieron, parece ser la fórmula deseable para enfrentar también las presidenciales de 2012. Las intenciones expresas de Chávez son las de perpetuarse en el poder y empeñarse a cualquier precio en el progreso de la “Revolución Bolivariana”, pero la realidad de Venezuela no secunda precisamente esos propósitos.
Con una inflación cercana al 30%; con 100 mil millones de dólares de deuda pública; agobiado por el desabastecimiento y por recortes de luz y de agua; en el puesto 122 entre 139 en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, el país en ruinas ve afianzarse la autocracia chavista entre una borrachera de petrodólares exhibida sin rubor por los jerarcas del régimen.