Venezuela: Cómo no ser Nicaragua II

La victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los comicios parlamentarios venezolanos demuestra que, allí donde subsisten algunos principios del juego democrático, el cambio es posible. El “locuaz” Nicolás Maduro no es, en todo caso, Kim Yong-un, y de buen grado o presionado por la letra de una Carta Magna que no ha desterrado el pluripartidismo, convocó las legislativas y ha anunciado que respetará su resultado.

La cifra de 112 diputados opositores, frente a los 55 del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), implica un vuelco en la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, tras 17 años de dominio chavista. Con la nueva mayoría, los diputados de la MUD pueden poner un stop a la costumbre de Maduro de dotarse de “leyes habilitantes” que le permitían gobernar sin apenas restricciones. También, y vista la comprobada simpatía popular que les respalda, podrían organizar un referéndum revocatorio contra Maduro, un mecanismo previsto en el artículo 72 de la Constitución chavista, que puede aplicarse una vez que la figura “revocable”, sea el presidente o cualquier otro cargo público, supere la primera mitad de su mandato, lo que en este caso ocurrirá en la primavera de 2016.

Al actual inquilino del Palacio de Miraflores los resultados le sabrán a ingratitud. Esta vez, tras dispendiar lo mismo cientos de taxis que millones de tablets, se preguntará cómo es posible que tanto derroche de bien sea tan mal correspondido, y lo achacará –ya lo ha hecho– a la “guerra económica” que la patronal, la oposición y Washington le habrían declarado a Venezuela.

“Atado y bien atado”

El actual ocaso de las glorias chavistas roza, en algunos puntos, el que experimentó el sandinismo en Nicaragua en 1990, si bien el contexto mundial y los medios utilizados por el Frente Sandinista (FSLN) para llegar al poder fueron diferentes. Las fuerzas de izquierda nicaragüenses habían tomado el control del país tras una guerra de guerrillas contra la dictadura somocista. Era 1979, y la izquierda internacional tenía un apoyo en el comunismo de Europa oriental y –en la región latinoamericana–, en Cuba, desde donde Fidel Castro había coordinado la última ofensiva de la insurgencia sandinista contra el régimen.

La llegada a la Casa Blanca del republicano Ronald Reagan (1981-1989) provocó un estrechamiento del cerco sobre la Nicaragua sandinista, traducido tanto en un embargo comercial como en el apoyo a bandas armadas antigubernamentales (la Contra) que, además de cometer documentadas violaciones de los derechos humanos contra la población civil, asestaban duros golpes a objetivos económicos. Como resultado, en 1988 la economía registró un retroceso de 12 puntos, según cifras del Banco Mundial (BM).

Las políticas gubernamentales de AD y COPEI, hoy insertos en la MUD, fueron indirectamente responsables del ascenso de Chávez y del actual estado de cosas

El amargo coctel de la guerra, el servicio militar obligatorio y la penosa situación material, además de los propios errores del FSLN –que pretendía una imposible omnipresencia en cualquier asunto de la vida nacional–, acabaron por facilitar la victoria de la Unión Nacional Opositora (UNO) en los comicios legislativos y presidenciales de 1990 (Nicaragua tampoco había abandonado la economía de mercado ni el pluripartidismo). La cúpula sandinista aceptó la derrota y, antes de irse, lo dejó todo “atado y bien atado” para que uno de los suyos quedara al frente del ejército y se repartió las principales empresas del país en aquella escandalosa “piñata” que decepcionó a no pocos militantes, incluidos algunos de la jerarquía.

Así, una coalición de 14 partidos, que agrupaba lo mismo a formaciones de derecha que a comunistas, se colocó al frente de los destinos de Nicaragua y, como era de presumir, afloraron las divergencias. Cuando la alianza se fragmentó, una de sus “partículas”, el Partido Liberal Constitucionalista, pasó a regir los destinos del país hasta 2006, cuando el desastre económico y la existencia de una amplia franja de población por debajo del umbral de la pobreza (un 48,3% en 2005, según el BM) ayudaron a traer de vuelta al sandinismo.

Hoy de nuevo al timón, esta fuerza se cura en salud y prefiere dejar engavetada la “liberalidad democrática” al estilo de 1990, para lo que el presidente Daniel Ortega ha hecho reformar la Constitución de modo que permita la reelección indefinida, algo que en su momento también intentó en Venezuela el finado Hugo Chávez mediante un referéndum (2007) y que, al no obtener a la primera, forzó en una posterior cita en las urnas.

La corrupción, peor que la “guerra económica”

En el caso venezolano, es también una coalición de partidos la que toma el control del Parlamento, mientras que una fuerza declaradamente “antiimperialista” y “bolivariana” se ve ahora forzada a ejercer prácticamente de observadora en el hemiciclo.

La oposición vuelve, a semejanza del caso nicaragüense, en un contexto económico desgarrador para el país. El petróleo, la principal fuente de ingresos, cotiza a la baja, y se hace acompañar de una repentina escasez de alimentos y otros bienes de consumo, derivada de la disminución de las importaciones, las arbitrariedades económicas de un presidente que ha obligado a las empresas comercializadoras a bajar precios o regalar artículos (una pésima señal para los inversores) y la corrupción, que incluso los chavistas más críticos reconocen como el principal enemigo, y que no estaba precisamente “fuera de casa“.

Maduro ha ordenado la renovación, a toda prisa, del Tribunal Supremo, para arrebatar esa facultad a la oposición parlamentaria

A diferencia de lo que sucedió en Managua en 1990, en Caracas el chavismo continúa al timón del gobierno, por lo que mantendrá un poder de decisión que al nicaragüense Ortega, desterrado entonces del ejecutivo, le faltó; sin embargo, en aquellos temas en los que por fuerza perderá potestades, ha optado por poner sus intereses a buen resguardo, tal como hicieron los de la piñata sandinista. Así, Maduro ha ordenado renovar inmediatamente a los miembros del Tribunal Supremo, con lo que adelanta un trámite que, si se hubiera efectuado en 2016, hubiera sido competencia del nuevo Parlamento. Además, ha entregado el capitalino Cuartel de la Montaña, donde está sepultado Hugo Chávez, a la Fundación homónima, porque “a nuestro comandante no lo tocan”, y emitirá un decreto de estabilidad laboral para los funcionarios públicos durante el período 2016-2018, de manera que esos puestos de trabajo permanezcan “blindados” ante cualquier iniciativa de la mayoría opositora.

Una vuelta atrás no es imposible

Las fuerzas de la MUD, sin embargo, deben hilar fino para ser tenidas de veras como “el cambio”, pues a nadie se le escapa que no todo es “nuevo” en sus filas. Hasta 16 organizaciones conforman la amalgama de partidos nuevos y de la “vieja guardia” que se agruparon en 2008 para intentar hacerle una oposición más sólida a un Chávez imparable.

En 1990, la calamitosa situación económica de Nicaragua posibilitó el ascenso al poder de una difícil coalición opositora

Ahora, además de tratar de ganar la batalla que le presentará el oficialismo, y para evitar una implosión similar a la de la UNO nicaragüense, la MUD debe superar algunos problemas internos, como el de la división y esa búsqueda constante de protagonismo por parte de sus líderes, que hace harto difícil saber quién está al otro lado del teléfono.

Por otra parte, el electorado estará tomando nota de las iniciativas económicas que emerjan de esa oposición en la que se sientan cómodamente los dos partidos históricos anteriores a Chávez: Acción Democrática y COPEI, responsables indirectos de que el ex militar hubiera llegado en 1998 al Palacio de Miraflores y torcido el rumbo del país. Fue bajo un gobierno de AD, el de Carlos Andrés Pérez, que se produjo en 1989 el violento estallido social conocido como el Caracazo, en reacción a una política económica de precios al alza, pensiones congeladas y recortes del gasto público. Los predecesores de Pérez, Jaime Lusinchi (AD) y Luis Herrera Campins (COPEI) tampoco descollaron por algo que no fuera acentuar la dependencia de los ingresos del petróleo, y si en 1981 el porcentaje de personas con menos de dos dólares diarios era de 1,3 puntos, ya en 1989 había alcanzado los 7,8, y así en indetenible ascenso.

Es lo que tiene hacerse con el poder, o al menos con un trozo de él: que quien lo detenta, tiene ocasión de mostrarse, de errar. Si desde el 4 de enero de 2016 los logros de la MUD en la Asamblea no superan a los yerros, los hoy desencantados de Maduro todavía podrán volverse atrás y correr a sus brazos en 2019. Tal como los nicaragüenses volvieron al regazo de un gobernante que, más que el bienestar de su pueblo, amaba la silla presidencial.

“Se avizoran tiempos difíciles”

En cuanto a los partidos que conforman la MUD, el Dr. Alberto Arteaga, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y columnista de El Nacional, refiere a Aceprensa que su ascenso es una realidad “novedosa”.

“En los últimos tiempos –explica–, el país no ha tenido Poder Legislativo, el más importante de los poderes y el más efectivo contrapeso del Ejecutivo. Nuestro problema no es de leyes, sino de instituciones que no funcionan por deficiencias de quienes las dirigen. Se trata de un problema de hombres. En todo caso, creo que en el plano político se impone, en aras de la reconciliación nacional, en un país fracturado y polarizado, una ley de amnistía, que puede dictar la Asamblea para dejar sin efecto la persecución penal contra disidentes políticos sometidos a procesos penales, condenados, acusados o en exilio forzoso”.

“En el plano económico, resulta imprescindible derogar decretos-leyes que han instaurado un sistema de controles que solo ha generado alcabalas de corrupción y ha paralizado la actividad empresarial privada, siendo así que, en un país en el que reina la impunidad por delitos comunes, se persigue y castiga efectivamente a comerciantes y empresarios privados, considerados como los delincuentes de mayor peligrosidad, no en razón de sus hechos, sino de su condición u ocupación”.

“Respecto a la institucionalidad, se impone una revisión y reforma de la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes del sistema de justicia, con miras a garantizar la independencia del Poder Judicial y su despolitización. Aparte de la función legislativa, antes delegada en el Ejecutivo por sucesivas habilitaciones, se precisa una seria labor de control de la Asamblea sobre los restantes poderes y, en particular, sobre la Administración Pública, que arrastra un historial de graves hechos de corrupción no investigados, ni sancionados en los años de la denominada “revolución”, y denunciados incluso por algunos exfuncionarios que han desempeñado altos cargos públicos”.

“Por lo demás, la tarea de la Asamblea no será fácil ante un gobierno que ha copado todos los espacios de poder. Se avizoran tiempos difíciles y de conflictos de poderes, salvo que el Gobierno rectifique –lo que no creo posible, por su orientación extremista– y tome el camino de la negociación, de la reconciliación, del reconocimiento del adversario y de la revisión de su política económica, en beneficio de un sufrido pueblo que hoy padece todas las consecuencias de un sistema político-económico inviable y trasnochado, sobre el modelo cubano”. L.L.

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