El temor al caudillismo en Latinoamérica llevó en su día a impedir la reelección presidencial. Pero ¿qué sucede cuando es el caudillo quien incorpora las estrategias democráticas a sus ambiciones? Ahora los líderes adscritos al “socialismo del siglo XXI”, pero también el colombiano Álvaro Uribe, han manifestado con distintos argumentos su disposición a forzar los mecanismos legales que vetaban la reelección.
El pasado 2 de febrero el gobierno de Hugo Chávez mandó guardar la fiesta de su décimo aniversario en el poder amenazando con multas a los comercios que decidieran abrir sus puertas. En este decenio, los venezolanos han concurrido a las urnas quince veces, y aunque el régimen ha progresado a zancadas en el control de las libertades políticas, económicas y ciudadanas, se ha encargado de mantener siempre fresco y vigente el argumento de la legitimidad de origen.
Pero esta legitimidad plebiscitaria del chavismo está dispuesta a invocar el valor del voto en el orden democrático siempre y cuando la favorecida sea la “revolución”. Algo que se demostró no sólo en la insistencia de Chávez para repetir la consulta de la que salió derrotado en 2007 (y en la que ahora ha resultado airoso), sino también en la persecución que la Contraloría General de la República, fielmente oficialista, llevó a cabo por supuestas irregularidades en el manejo de fondos contra algunos de los líderes más carismáticos de la oposición -el alcalde de Chacao Leopoldo López, el ex gobernador de Miranda Enrique Mendoza, el ex alcalde mayor Alfredo Peña-, inhabilitados de este modo para concurrir a las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores.
La reelección, seña del “socialismo del siglo XXI”
Los procesos constituyentes promovidos por el gobierno de Rafael Correa en Ecuador y el de Evo Morales en Bolivia han abierto también la puerta a la reelección presidencial. Algo que no sería demasiado excepcional en un régimen democrático. De hecho, ya en los años 80 y 90 varios países de la región (Argentina, Perú, Brasil) cambiaron la regla constitucional que impedía la reelección (cfr. Aceprensa, 12-02-1997). El problema ahora es que Evo Morales y Correa hacen causa común con el presidente venezolano en su predicación del “socialismo del siglo XXI”, un modelo cuyos rasgos más visibles han sido hasta ahora la forma autoritaria y personalista de gobernar y la intención de no reconocer espacio alguno al adversario político.
La aprobación de la nueva Carta Magna en Bolivia ha activado el proceso para reponer todos los cuadros del poder público, el próximo 6 de diciembre. En estas elecciones, Evo Morales podrá presentarse después de haber pactado con la oposición su renuncia a concurrir de nuevo en 2014. En Ecuador, por su parte, las primarias en el seno del partido Alianza País han ratificado recientemente a Rafael Correa como candidato para la reelección presidencial en los comicios generales que se realizarán el próximo 26 de abril, y mediante los que se designará un total de 5.964 autoridades, incluido el primer mandatario.
El nuevo sistema político surgido del texto constitucional ecuatoriano que se aprobó el año pasado, y cuya elaboración estuvo a cargo de la Constituyente instalada en Montecristi con 80 escaños oficialistas entre los 130 que componían la Asamblea, deroga las prohibiciones vigentes desde 1979 sobre reelección inmediata; una limitación que se estableció tomando en cuenta la inconveniencia de que el presidente pudiera favorecer su campaña electoral con recursos públicos o hacer valer de modo ventajista su poder sobre el adversario.
También el presidente paraguayo Fernando Lugo, que asumió el cargo hace apenas seis meses, despertó reacciones recientemente al afirmar que “si el pueblo lo quiere y si las leyes lo permiten, buscaré la reelección”. Poco después, sin embargo, el antiguo obispo de la diócesis de San Pedro se retractó y afirmó que entregará el poder en 2013.
La indefinición de Uribe
Tampoco ha sido clara la postura del presidente colombiano Álvaro Uribe frente a la posibilidad de presentarse para un tercer mandato. Uribe, que accedió a la presidencia en 2002, fue reelegido ya en 2006 tras una polémica enmienda aprobada por el Congreso para modificar la constitución. A comienzos del año pasado la ex diputada Yidis Medina admitió haber aceptado prebendas del gobierno para apoyar aquella reforma, por lo que fue condenada a cuatro años de prisión por cohecho.
Ante el escándalo y las dudas que tiznaron la legitimidad de Uribe, el presidente reaccionó con un desplante proponiendo la convocatoria de un referendo para que el pueblo decidiera si debían repetirse las elecciones que había ganado con amplia mayoría. El pronto presidencial produjo una gran incertidumbre y al fin la consulta no se llevó a cabo, una vez que la Corte Constitucional decidió avalar el resultado de las elecciones.
Pero los éxitos que ha cosechado la “Política de Seguridad Democrática” de Uribe -con triunfos tan resonantes como la liberación de Ingrid Betancourt- mantiene los índices de su popularidad en cotas muy elevadas. Esto parece haber estimulado en el líder colombiano el deseo de optar a un tercer mandato. Una resolución que pareció descubierta con la decisión del gobierno de imponer al congreso el diciembre pasado un breve período de sesiones extraordinarias, minutos antes de cerrar el calendario legislativo de 2008, para posibilitar que se votara un proyecto sobre la reelección.
Tal proyecto prevé la convocatoria de un referendo, respaldado por más de 4 millones de firmas que el oficialista Partido de la U ha recogido por todo el país, para lograr una nueva reforma constitucional que permitiera a Uribe presentarse de nuevo como candidato a las elecciones de mayo de 2010. La iniciativa, que ya superó dos votaciones en la Cámara de Representantes, deberá ser estudiada por una comisión del Senado a partir de marzo próximo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias. Algunos analistas creen que aunque el proyecto salga airoso del legislativo afrontará más dificultades para franquear la Corte Constitucional y para contar con el favor de los electores y de la opinión pública internacional.
Así, por ejemplo, The Wall Street Journal dedicaba a Uribe el pasado 31 de diciembre un texto en el que advertía: “se consolida la imagen del caudillo”, afirmando que “el actual gobierno colombiano es el show de un solo hombre”. También desde el gobierno norteamericano se ha querido hacer ver que el empeño por un tercer periodo no sería lo más recomendable para la imagen de Uribe, “especialmente cuando se tiene un vecino como Chávez, que está haciendo lo mismo”.
Pero parece que el presidente se lo sigue pensando. Su actitud al respecto ha sido hasta ahora muy ambigua. A finales del año pasado, en Berlín, Uribe se refirió al asunto afirmando: “Mi interés no es perpetuar al presidente, sino ver unas políticas con buenos líderes que se puedan proyectar a largo plazo. Estoy seguro de que la opinión pública va a pensar mucho más en esas políticas que en el tema espectacular de la controversia”.
En declaraciones recientes el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossío, aseguró no obstante que el Ejecutivo “no ha pensado” en la posibilidad de repetir mandato, y que “la única reelección que al gobierno le ‘suena’, y que de hecho impulsará a través de un acto legislativo, será la de alcaldes y gobernadores”.
En cualquier caso parece claro que el liderazgo de Uribe -apoyado por una coalición de fuerzas- eclipsa dentro de sus propias filas a otras figuras capaces de atraer la atención. Mientras algunos mencionan a Juan Manuel Santos, ministro de la Defensa, o al ex senador liberal Rodrigo Rivera como los posibles depositarios del favor del presidente para una candidatura de unidad, el Partido Conservador pone sus esperanzas en Fernando Araújo, Carlos Holguín y Andrés Felipe Arias, el ministro de Agricultura que a sus 35 años ha hecho una carrera meteórica y al que suele verse como el “delfín” de Uribe (“Uribito”, le llaman algunos medios de comunicación colombianos). Arias ha dejado su cargo el pasado 7 de febrero para entrar en campaña como precandidato de los conservadores.
La situación en otros países
Brasil (1988). La Constitución de ese año permite como máximo dos mandatos presidenciales sucesivos de cuatro años.
Argentina (1993). Se establece la reducción del mandado presidencial de seis a cuatro años y la posibilidad de una reelección inmediata.
Perú (2000). Después de la fuga y dimisión de Alberto Fujimori se cambió la Constitución para establecer la reelección no inmediata.
República Dominicana (2002). Cuatro años de mandato presidencial, con la posibilidad de optar por solo un segundo mandato consecutivo.
Chile (2005). Una reforma constitucional redujo de seis a cuatro años el mandato presidencial. Los ex presidentes pueden optar a la reelección.