Unas medidas drásticas de fiscales y jueces contra el partido del presidente electo Arévalo provocan protestas que van haciéndose más violentas.

Protesta en Guatemala el 8 de octubre (foto: Mateo Echeverría) Ciudad de Guatemala.— Desde el pasado 2 de octubre, en diferentes puntos de Guatemala están llevándose a cabo manifestaciones, paros y bloqueos en contra de las acciones de fiscales y jueces contra el partido del presidente electo, Bernardo Arévalo. El llamado al paro nacional, así como los bloqueos a las principales carreteras del país y arterias de la Ciudad de Guatemala, han ido creciendo cada día en número y en temperatura política. La confusión y la resonancia en medios aumenta y muchos se preguntan qué se necesita para que la crisis se resuelva. ¿Proceso electoral o crisis paralela? Pero empecemos por el principio: ¿por qué surgen estas manifestaciones? ¿Qué es lo que exigen y cuál es el papel de cada uno de los actores políticos? Después de la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala, se dio a conocer que Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla fue electo como el próximo presidente de Guatemala. Sin embargo, al poco tiempo de conocerse esta decisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio Público de Guatemala dio inicio a una serie de investigaciones que han tenido como consecuencia la disolución del partido del presidente electo, el secuestro de algunas cajas de papeletas y actas, así como un creciente desequilibrio político. Estas investigaciones tenían por objeto dilucidar algunas irregularidades en la constitución del partido; irregularidades que hasta el momento parecen ser ciertas, como la obtención de firmas de manera ilegítima. Esto, por un lado, ha activado una cierta narrativa de algunos sectores que aseguran que hubo fraude en las elecciones y que por lo tanto los resultados no son válidos. Ante esto, tanto el Tribunal Supremo Electoral como el presidente actual Alejandro Giammatei, han asegurado que el proceso electoral, con todas las limitaciones que haya podido tener, fue válido y que por lo tanto Arévalo deberá asumir la presidencia el próximo 14 de enero. Un enorme sector de la población percibe que hay un riesgo de que Arévalo no asuma el poder en enero y de que se violente la voluntad popular Ante esta narrativa, ahora hay un enorme sector de la población que percibe que hay un riesgo de que Arévalo no asuma el poder en enero y de que se violente la voluntad popular. Por ello, en el momento en el que el Ministerio Público decide actuar e investigar acerca de las supuestas irregularidades en la constitución del Movimiento Semilla, se perciben como acciones políticas con intención de violentar el proceso electoral. En realidad, la investigación, tal y como lo ha afirmado el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, comenzó en 2019 y desde ese momento se dio aviso al TSE de ella, antes del inicio de la campaña electoral. El TSE, aun teniendo esta información, no tomó ninguna medida contra el partido, mientras que sí lo hizo contra otros durante la campaña electoral. Medidas desproporcionadas Con todo ello, amparado en una ley contra el crimen organizado que data de la época de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el juez Fredy Orellana tomó la decisión de disolver la personalidad jurídica del partido sin una sentencia condenatoria previa. Esta ley ha sido criticada por muchos abogados, entre ellos algunos de los grandes constitucionalistas de Guatemala, por considerarse una ley inconstitucional que atenta contra los derechos de las personas jurídicas, y que además podría ser utilizada con arbitrariedad en contra de otras instituciones en el futuro. Además de ello, la acción se percibió como desproporcionada. Ya sean 20 o 500 las firmas con irregularidades, ¿son suficientes para cancelar un partido que se inscribió con más de 25.000 firmas? Otra de las investigaciones del MP ante una denuncia de fraude en la primera vuelta de las elecciones tuvo como consecuencia el secuestro de más de 125.000 documentos de las instalaciones del TSE. Aquella mañana, en medio de enfrentamientos verbales y físicos, funcionarios del Ministerio Público, en particular de la FECI bajo la dirección de Rafael Curruchiche, fueron asistidos por un cordón de agentes de la Policía Nacional Civil mientras retiraban numerosas cajas con miles de documentos auténticos que respaldan los resultados de la primera ronda de las elecciones. Este acto no está previsto en ninguna ley, ya que la Ley Electoral ordena que las originales permanezcan en resguardo y cualquier revisión debe hacerse sobre las copias. Además, vuelven las preguntas: ¿Es proporcional secuestrar todas las actas originales de su custodio constitucional para verificar el resultado de una elección cuando hay copias? ¿Es relevante el conteo de votos frente a lo que se le acusa a Semilla, que es falsificar firmas en su constitución inicial de partido? Estas acciones del MP hicieron explotar la olla de presión, generando expresiones de coraje y enojo pues se percibieron como una confirmación de una posible persecución política al partido Semilla y al presidente electo. Por su parte, el Ministerio Público asegura que es su obligación investigar cualquier denuncia que se haya presentado ante ella y dado que recibió varias contra Semillas, alega que no atenderlas sería un incumplimiento de sus deberes. Ante esto, Bernardo Arévalo sostiene la narrativa de la persecución política al asegurar que se trata de un golpe de Estado, término elegido cuidadosamente y que ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad. Durante estos días de manifestaciones, Arévalo ha lanzado diversos comunicados, y en todos ellos ha mantenido la misma narrativa y la legitimidad de las manifestaciones. Una polarización sin final a la vista Una vez comenzadas las manifestaciones, paros y bloqueos, es difícil predecir cuándo y cómo podrá terminar la crisis. En un inicio, las manifestaciones exigían la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, de Rafael Curruchiche y de Fredy Orellana, pero a esto se ha sumado la exigencia de que se detengan las investigaciones por parte del MP. Ante la situación, la Corte de Constitucionalidad publicó un comunicado exigiendo a todos los actores que realicen las acciones que les competen y garantizando el principio de alternabilidad, es decir, que se dé la toma de posesión de los nuevos funcionarios en el momento previsto: el 14 de enero de 2024. El peligro está en que realmente son pocos los que entienden las acciones judiciales que se están llevando a cabo, y las exigencias de los manifestantes parecen difíciles de cumplir Esta resolución de la CC se leyó de diferentes maneras: para algunos era la confirmación de la legitimidad del proceso electoral, pero para otros era una orden hacia el MP de continuar con las investigaciones. Esto solamente aumentó la presión. La confusión en Guatemala crece día con día, así como la temperatura política y la violencia en algunas de las manifestaciones y bloqueos. Se han conocido ya acciones violentas tanto contra los manifestantes como contra ciudadanos que no han querido sumarse al bloqueo. Además, los grupos de manifestantes exigen que se detenga el golpe de Estado y que se le permita tomar posesión a Bernardo Arévalo. Sin embargo esto parece nunca haber estado en discusión, ya que el presidente electo tiene sus credenciales otorgadas de forma legítima por el TSE, por lo que incluso la disolución de su partido no podría impedir que tomara posesión el 14 de enero de 2024. El peligro está en que realmente son pocos los que entienden las acciones judiciales que se están llevando a cabo, y las exigencias de los manifestantes parecen difíciles de cumplir. La fiscal Consuelo Porras ya ha expresado que no renunciará y el presidente Alejandro Giammatei no se ha pronunciado públicamente al respecto de la situación. Desde el ministerio de Relaciones Exteriores se ha comunicado una solicitud a la OEA para mediar entre los distintos sectores. Difícilmente esto calmará las aguas, puesto que las exigencias de los manifestantes son claras y la Fiscal General no quiere dar su brazo a torcer. Mientras todo esto ocurre, sólo algunos pocos estudian las posibilidades jurídicas que realmente existen, y además el país sufre de pérdidas económicas que afectan a millones de guatemaltecos.

Guatemala: La explosión de una crisis

Contenido para suscriptores

2 Comentarios

Apúntate a la newsletter

síguenos

Guatemala: La explosión de una crisis

Contenido para suscriptores

2 Comentarios

Apúntate a la newsletter

síguenos

Contenido exclusivo para suscriptores de Aceprensa

Funcionalidad exclusiva para suscriptores de Aceprensa