Los escándalos de corrupción y una economía que no hace pie han colocado a la presidenta brasileña contra la pared.

Fruto de un profundo desencanto popular, las multitudinarias marchas del pasado 16 de agosto en varias ciudades de Brasil volvieron a exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff y mayores soluciones para la recuperación económica y contra la galopante corrupción, especialmente reflejada en el caso Petrobras, el mayor escándalo de corrupción en la historia de esta nación. Lejos está Brasil de aquel boom de 2010 que hacía pensar que el gigante sudamericano se ubicaría finalmente en las grandes ligas mundiales. Rousseff lleva ocho meses de su segundo mandato, pero el gobierno tiene una aprobación semejante al fin de su administración luego de una pobre gestión: un 7,7%, de acuerdo a la encuesta realizada por la firma MDA. Además, la figura de Rousseff obtuvo 15,5% del apoyo y el 70,9% de los consultados consideró que el gobierno actual es “malo o pésimo”. Pese a algunos llamados a la calma, los pedidos de un juicio político contra la mandataria no se detienen. Brasil ha entrado en recesión y encadena una larga racha de malos indicadores económicos Políticos investigados por corrupción El esquema de corrupción de Petrobras, en el que están implicados directivos de grandes empresas y legisladores y que ha dejado pérdidas por más de US$ 2.000 millones, según la propia firma, sumado a una economía en recesión –analistas prevén una caída del PIB de 1,7% para este año–, han golpeado de lleno en la imagen de la presidenta y de su gobierno. A través de la operación Lava Jato se llegó al escándalo de Petrobras en el que exejecutivos, empresarios y políticos habrían amañado licitaciones millonarias mediante sobornos, que fueron a parar a las billeteras personales y a financiar partidos políticos como el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, aliado del Partido de los Trabajadores), del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. La Lava Jato motivó la apertura de investigaciones sobre 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones. Entre los legisladores investigados se encuentra el propio Cunha. El titular de la Cámara baja niega cualquier vinculación con los casos de corrupción, pero un lobista de varias constructoras involucradas le acusa de haber pedido un soborno de US$ 5 millones de un contrato de alquiler de barcos sonda para la petrolera estatal. Por esto y más, se ha entablado una guerra entre Rousseff y Cunha de grandes dimensiones que en el terreno pantanoso en el que vive Brasil podría acarrear una crisis institucional. Esto derivó en un divorcio entre el gobierno y el Parlamento, donde PMDB rompió con la administración de Rousseff por los casos de corrupción. Cunha ordenó incluso la creación de comisiones investigadoras. Una de ellas indagará además en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el mayor de fomento en América Latina, por supuestas irregularidades. Sospechas sobre Lula La carrera política de Rousseff está estrechamente vinculada a la del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El popular Lula la forjó y la llevó de la mano a la Presidencia. Sin haber sido llamado a declarar ni ser acusado de ningún delito, las denuncias de corrupción continúan sobrevolando sobre la figura de Lula. En concreto, la fiscalía brasileña le abrió un expediente por supuesto tráfico de influencias para beneficiar a la constructora Odebrecht –la mayor firma de construcción e ingeniería de América Latina–, involucrada en el escándalo de Petrobras. Lula habría realizado movimientos para que esta empresa ganara contratos en países de la región y de África entre 2011 y 2014. Varios de esos millonarios contratos eran financiados por el BNDES y Lula habría interferido para facilitar el acceso a los créditos. Por el momento, el exmandatario no será llamado a declarar. Rousseff: “Para sacar a un presidente de la república tienen que explicar por qué” A principios de agosto, la policía federal de Brasil arrestó al exhombre fuerte de Lula, José Dirceu, involucrado en el “Petrolao” y quien ya cumplía detención domiciliaria por otro caso, el Mensalao, una red de corrupción que recaudaba dinero público en forma ilegal y sobornaba a dirigentes de otros partidos políticos. Lula no fue condenado por entonces pese a su estrecha cercanía con Dirceu. Hoy, a la luz del caso Petrobras, la Justicia no descarta llamar a declarar al exmandatario en algún momento. Tras ser detenido Dirceu, un fiscal aseguró que “ninguna persona está al abrigo de ser investigada”. Según acusados que confesaron sus delitos a la Justicia, como el exgerente de Petrobras, Pedro Barusco, la corrupción dentro de la mayor empresa de Brasil se “institucionalizó” durante los gobiernos del PT de Lula y Rousseff. Juicio político Luego de las marchas del 16 de agosto, se alzaron algunas voces –desde el sector político y también de la prensa– pidiendo calma y llamando a respetar el proceso democrático por el cual es conveniente para el país que un presidente culmine su mandato. De cualquier modo, el estado de ánimo de la población –y de la oposición– es llevar a la mandataria a un impeachment. La encuesta de la firma MDA reportó que el 69,2% de los consultados responsabiliza a Rousseff por el “Petrolao” (aunque no esté siendo investigada por la Justicia, pero sí involucra a estrechos asesores) y que el 62,8% dijo encontrarse a favor de una destitución de la mandataria. Ante este panorama, la presidenta prefiere mantenerse firme. “Yo no voy a caer”, afirmó Rousseff durante una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo a principios de julio, en relación a rumores de renuncia o de una destitución parlamentaria. Poco después, Cunha anunció la reapertura de 11 pedidos de impeachment contra la presidenta. “No hay bases para que yo caiga. Y que lo intenten. Si hay algo de lo que no tengo miedo es de eso. Ese es el punto de vista de una oposición un tanto golpista. Para sacar a un presidente de la república tienen que explicar por qué”, añadió Rousseff durante aquella entrevista con el diario paulista. La presidenta fue reelegida en octubre en segunda vuelta con muy escasa ventaja –el 51,64% contra el 48,36%– sobre el opositor Aécio Neves, cuyo Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) también ha planteado la posibilidad de que Rousseff salga del poder antes de terminar su mandato de cuatro años pero sin especificar cómo. Las investigaciones y luchas políticas por la corrupción en Petrobras podrían acarrear una crisis institucional Recesión El contexto que completa a un Brasil en terapia intensiva lo brindan los datos de la economía. El gigante sudamericano lleva más de cuatro años de crecimiento económico bajo o nulo y las proyecciones oficiales y privadas indican que en 2015 se contraerá entre 1,5% y 1,7%, y con los datos de fines de agosto se concretó lo que se sospechaba: la recesión. La economía de Brasil se contrajo 0,6% en el segundo trimestre del año respecto al primero, cuando también registró una caída de 0,2%. Es la primera vez que Brasil entra en recesión desde 2009, en momentos de la crisis financiera global. Brasil encadena una larga racha de malos indicadores económicos. Según datos oficiales publicados, la tasa de desempleo de Brasil subió por sexto mes seguido en junio –hasta un 6,9%– a su nivel más alto en cinco años. También, Brasil redujo drásticamente sus metas de ahorro fiscal para 2015 y 2016, debido a un descenso en los ingresos impositivos, y anunció nuevos recortes de gastos para mostrar su compromiso con la austeridad. Recortó la meta de superávit presupuestario desde el 1,1% del PIB al 0,15% del PIB. La confianza del consumidor de Brasil continuó deteriorándose en julio con una baja del 2,3% de la demanda respecto al mes anterior, de acuerdo al índice de la Fundación Getulio Vargas, lo que le sitúa en el menor nivel desde que se creó la serie histórica. El gobierno –que se encuentra embarcado en políticas de ahorro y austeridad, muy impopulares entre la ciudadanía–, trata de brindar optimismo pese a todo. El ministro de Hacienda, Joaquim Levy, ha dicho que la economía brasileña “dejó de empeorar” tras asegurar que la reducción de la meta fiscal da “seguridad” y “disminuye la incertidumbre”.

El tambaleante gobierno de Dilma Rousseff

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