América Latina: la prensa independiente, bajo presión

Que la libertad de expresión y de prensa estén reprimidas en una dictadura siempre es una mala noticia, pero no deja de ser previsible. Lo que provoca más desconcierto es comprobar que estas libertades están amenazadas en países donde gobiernan líderes elegidos democráticamente. Ésta es una de las denuncias más clamorosas que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su 67 Asamblea General, celebrada en Lima del 14 al 18 de octubre.

Compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, la SIP declaró 2011 como Año de la Libertad de Expresión. De ahí que en el comunicado de prensa donde se recogen los puntos clave de la Asamblea resulte particularmente desalentador leer que “al aproximarnos a la conclusión del año comprobamos cómo las trabas y amenazas a la libertad de prensa han aumentado en nuestro hemisferio”.

En realidad, el empleo del término “hemisferio” es confuso. Aunque Canadá sale citado en dos ocasiones, lo que preocupa claramente a los redactores del comunicado es la situación de América Latina. Sobre todo, los abusos de poder que se dan en países con líderes elegidos democráticamente como Ecuador, Venezuela, Argentina, Nicaragua y Bolivia.

Asesinatos e impunidad

El comunicado empieza distinguiendo dos situaciones. Llama la atención la crudeza de este arranque, seguramente muy pensado. Pues aunque, en efecto, se trata de situaciones diferentes por los métodos empleados, el comunicado los equipara por sus objetivos.

Por un lado, se habla de “los grupos organizados de narcotraficantes” que han asesinado a 21 periodistas de la región. Por otro, de “aquellos gobiernos que aspiran a conseguir el mismo objetivo de acallar la prensa”, si bien de otra forma; o sea, “aplicando presiones ilegítimas a través de querellas judiciales, detenciones arbitrarias, ataques verbales, leyes restrictivas o la simple manipulación de la publicidad oficial”.

Los países donde más asesinatos de periodistas se han producido en los últimos meses son México y Honduras (cinco, en cada uno). Los crímenes están vinculados al creciente clima de inseguridad por el narcotráfico, que coloca en el punto de mira a quienes pretenden denunciarlo.

Aunque en menor número, también han sido asesinados periodistas a manos de criminales y narcos en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Paraguay. En este punto del comunicado, la SIP denuncia la “vergonzosa impunidad” de estos delitos que se convierte en “uno de los factores más importantes para mantener viva la trágica ola de agresiones contra los profesionales de la prensa que se arrastra ya por décadas”.

Intromisiones ilegítimas

Pero junto al crimen organizado, la SIP considera que el otro gran enemigo de la libertad de prensa en América Latina son “los gobiernos intolerantes y autoritarios, que intentan conseguir el mismo objetivo de enmudecer a los medios”.

En general, la estrategia seguida por estos gobiernos es parecida. Junto a los medios oficiales conviven los demás; la convivencia es más o menos pacífica en función del grado de “tolerancia” del gobernante a las críticas de los medios independientes.

Por ejemplo, se ve que el presidente de Ecuador Rafael Correa encajó mal un artículo de opinión sobre la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, firmado por el entonces editor de opinión de El Universo, Emilio Palacio.

El disgusto de Correa terminó en un juicio penal, en el que el presidente reclamó una indemnización por injurias de 40 millones de dólares (29 millones de euros); y tres años de cárcel para Palacio y tres directivos del diario. En primera instancia, Correa “consiguió que jueces suplentes en cuya designación habría influido el propio Gobierno le concedieran un fallo favorable”, dice una de las conclusiones de la asamblea de la SIP. Los numerosas demandas contra los medios que se han producido desde entonces “estimulan un clima de autocensura” en los medios.

Junto al de Ecuador, la SIP también denuncia a los gobiernos de Venezuela, Argentina y Panamá por intentar crear “un clima de hostilidad a los medios, con agresiones verbales que en algunos casos son encabezadas por los propios Jefes de Estado”.

“También en Guatemala, Nicaragua y algunos países del Caribe, las autoridades intentan manipular las informaciones y las opiniones de los medios asignando la publicidad estatal como premio o castigo”.

Cuba merece mención aparte, ya que ni siquiera existe posibilidad de desarrollar medios independientes. “Sólo en Internet, que llega a menos del 2% de la población, pueden expresarse los periodistas con algún grado de libertad, pero la represión ha ido en aumento. En el último año, las detenciones breves superaron las 2.000, la cifra más alta en 30 años. Los corresponsales extranjeros también enfrentan dificultades crecientes para renovar sus permisos de trabajo”.

Finalmente, otra preocupación de la SIP son los proyectos de ley que, en caso de ser aprobados, perjudicarán las libertades de expresión y de prensa. Aunque el comunicado no explica en qué consisten estas iniciativas legislativas, menciona los países en que se están gestando: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y, fuera de América Latina, algunas provincias de Canadá.

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