Arropa a México la violencia del narco

El narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, tras ser detenido en enero de 2016 (foto: Octavio Hoyos / Shutterstock)

 

Apenas iniciado el año, México y el estado de Sinaloa vivieron momentos de terror e incertidumbre en lo que parecía una acción contundente de la autoridad federal.

Por segunda ocasión –la primera fue en octubre de 2019–, Ovidio Guzmán López, hijo del poderoso narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, fue capturado por el Ejército Mexicano en la madrugada del 5 de enero en una maniobra aparentemente planeada.

En su primer arresto en 2019, el joven Guzmán incitó a su ejército privado a desquiciar la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con disparos, secuestros, quema de autos y de comercios lo que provocó que el presidente López Obrador ordenara sorpresivamente la liberación del conocido delincuente.

Dos años y tres meses después las autoridades militares se sacaron la espina al recapturar a Ovidio, pero la revancha del narco fue sangrienta:

Se registraron 29 homicidios, entre ellos los de diez militares, 35 heridos, 256 vehículo robados, 40 de ellos incendiados, saqueos masivos en comercios, bloqueos en varias ciudades, 21 detenidos y el intento de tomar el aeropuerto de Culiacán donde un avión de Aeroméxico recibió un balazo en su fuselaje que obligó a cancelar su vuelo a la ciudad de México.

Todo esto ocurrió cuatro días antes de la primera visita oficial a México del presidente Joe Biden, semejaba el preámbulo perfecto para un acuerdo internacional trilateral para desterrar a las mafias del narcotráfico que tanto daño han hecho a los mexicanos, a los norteamericanos y de paso a Canadá.

En esta ocasión los temas centrales de la cumbre, en la que también participó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron el tráfico del fentanilo y la migración de indocumentados a Estados Unidos.

Por primera vez en nueve años, un mandatario norteamericano viajó a la ciudad de México para discutir con su homólogo mexicano los graves efectos de este opiáceo de moda en el mundo del hampa.

El fentanilo tomó desde el 2014 el lugar número uno en el consumo de drogas entre los jóvenes norteamericanos, pero además desde el 2019 se convirtió en la causa principal de fallecimientos de personas entre los 18 y los 45 años de edad.

En los últimos tres años el promedio de muertes asciende a cien mil anuales lo que ha prendido los focos rojos en la administración de Joe Biden. Cuando el presidente Richard Nixon lanzó en 1971 la primera campaña masiva contra las drogas en Estados Unidos, el total de muertes por sobredosis llegó a los 6,771.

Apoyado en los poderosos carteles de la droga, México tomó el liderazgo en la producción y tráfico de fentanilo y es por cierto el cártel de Sinaloa, comandado por los hijos de Guzmán Loera, quien opera el mayor porcentaje del negocio.

El cártel de Jalisco ocupa el segundo lugar en la elaboración y tráfico de la droga sintética que cuenta con una potencia 50 veces mayor que la heroína y 100 veces más que la morfina, es también más económica y fácil de transportar.

La red del fentanilo inicia en China desde donde se envían a México sus componentes básicos que son transformados a pastillas o polvo en laboratorios clandestinos de Sinaloa y Jalisco. Su introducción a Estados Unidos se realiza por las aduanas tradicionales, ya sea escondido en carga comercial o en vehículos privados.

El año pasado fueron incautados en la frontera 6,450 kilos de fentanilo mientras que en territorio norteamericano los decomisos ascendieron a 4,535 kilos de polvo y 50.5 millones de pastillas que representan más de 350 millones de dosis que pueden resultar mortales.

En la Cumbre de Líderes de América del Norte, tanto Biden como López Obrador destacaron las acciones conjuntas que sus países realizan para contener el fentanilo y otras drogas, pero ciertamente no se anunció un plan consistente y amplio para enfrentar este delicado asunto.

Quedó la impresión que el mandatario norteamericano, quien pretende a sus 80 años de edad reelegirse en el 2024, estaba más preocupado por la masiva migración de indocumentados que afecta a Estados Unidos y también a sus aspiraciones electorales.

En julio del 2019, el presidente Donald Trump presionó al gobierno de López Obrador a desplegar miles de elementos de la Guardia Nacional para contener la inmigración de México y Centroamérica, los resultados fueron satisfactorios al reducirse las nutridas caravanas que cruzaban territorio mexicano con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Pero con la llegada de Biden a la Casa Blanca las políticas migratorios cambiaron y con ello la migración irregular se volvió un caos lo que ha sido bien aprovechado por grupos republicanos para dañar la imagen de la administración demócrata.

De ahí que el huésped principal de la Casa Blanca esté más interesado en obtener la ayuda de López Obrador para que las fuerzas policiacas mexicanas hagan de nuevo el trabajo sucio a Estados Unidos, es decir frenar la llegada de indocumentados a la frontera yanqui.

Por lo pronto Biden informó en la cumbre del ingreso mensual a su país de 30 mil venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos durante los próximo dos años, aunque aclaró que se mantendrán las expulsiones de indocumentados.

Con ello el mandatario norteamericano reduce la presión en la frontera mexicana, pero difícilmente se logrará frenar la avalancha humana toda vez que en los últimos dos años el arresto de indocumentados en Estados Unidos creció de manera dramática de 547 mil en el 2020 a 2.5 millones en el 2022.

De vuelta al tema inicial advertimos que la detención de Ovidio Guzmán López es insuficiente para pacificar a México si no viene acompañada de acciones estratégicas y decisivas en contra de la plaga del fentanilo y del crimen organizado.

Tampoco se evidencia un apoyo amplio y firme del gobierno de los Estados Unidos en esta materia, vaya ni siquiera una vasta campaña de salud para alertar a los jóvenes norteamericanos de los riesgos que conlleva el consumo del fentanilo y otras drogas.

Para complicar el horizonte, el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán recién solicitó al presidente López Obrador ser extraditado a México para cumplir su condena perpetua porque asegura que en la prisión de alta seguridad que habita en Florence, Colorado, ha sido objeto de malos tratos.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que no veía factible la extradición porque Guzmán cumple una sentencia en Norteamérica, sin embargo el presidente mexicano aceptó revisar la solicitud por tratarse de un asunto de derechos humanos de un connacional en el extranjero.

La sola mención del regreso de Guzmán Loera provocó escozor en México ante la posibilidad de que retome el control del cártel de Sinaloa desde la cárcel y desate una nueva guerra del narcotráfico, sin olvidar que “El Chapo” se ha fugado dos veces de prisiones mexicanas.

Todo esto conduce a un túnel sin salida en el complejo problema de la violencia que azota a México desde hace más de veinte años y que se agrava con el paso del tiempo.

Mientras los grupos delincuenciales toman más poder y arraigo en sus respectivas regiones, las fuerzas de seguridad lucen impotentes ante las violentas reacciones de los carteles como sucedió en la reciente captura de Ovidio Guzmán.

En los albores del 2023 un grupo armado liberó a 29 reos de la cárcel principal de Ciudad Juárez, entre ellos a “El Neto”, jefe de una poderosa banda, en el operativo asesinaron a diez custodios, a siete reclusos y a cinco personas más fuera de la prisión, en total fueron 25 muertos.

En agosto del 2022 fueron capturados 16 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, los gatilleros respondieron de inmediato con incendiar 20 comercios y decenas de autos, además de bloquear caminos, las acciones se extendieron a varios estados mexicanos.

El año pasado el número de homicidios dolosos volvió a superar los 31 mil a pesar de los esfuerzos por contener la ola de violencia, los números son ligeramente menores al 2021 pero aun así las cantidades resultan por demás alarmantes.

Los mexicanos se preguntan azorados el motivo de porque los últimos gobiernos no han podido frenar la escalada de violencia a pesar de tantos intentos, inversiones, despliegue de tropas y compra de armamento.

Pareciera que la solución sería desmantelar a los cárteles de la droga que son los que aportan el mayor número de homicidios, tanto por sus peleas internas como por sus enfrentamientos con las autoridades.

Sin embargo, el problema resulta más complejo y obedece no solo a la presencia del crimen organizado sino también a un sistema de justicia inoperante y a una sociedad con grandes desigualdades.

Expertos señalan que la impunidad, la corrupción y las condiciones económicas son las causas principales de la alta tasa de homicidios, aunque la pobreza y las diferencias sociales han existido en México a lo largo de los siglos.

Habría que enfocarse entonces a combatir la impunidad que se extiende a todos los niveles del sistema de justicia y al mismo tiempo sancionar severamente los actos de corrupción para erradicar de tajo este cáncer maligno que tanto daño ha causado a la sociedad mexicana.

Quienes nacimos en el México de hace 50 o más años no podemos dar crédito del nivel de inseguridad social al que ha llegado el país y con ese lastre será muy difícil alcanzar mejores derroteros en las siguientes décadas.

José Santiago Healy
healymediac@gmail.com