El 8 de marzo es quizás el día menos indicado para que un gobierno le pregunte a la ciudadanía de su país si está de acuerdo con una reforma que elimina la palabra mujer de un artículo de la Constitución. El gobierno de Irlanda tuvo los arrestos para hacerlo. Y sí, perdió, y con consecuencias: el primer ministro Leo Varadkar, impulsor de un referéndum sobre la iniciativa, ya ha anunciado que dimitirá.
Su propuesta de reforma no iba formulada exactamente en los términos anteriores, pero de ser aprobada, ese hubiera sido el resultado. El ejecutivo de Varakdar había entendido que era el momento de cambiar el lenguaje “muy anticuado y muy sexista sobre las mujeres” en la Carta Magna, particularmente en varios incisos del artículo 41: el 2.1 (“el Estado reconoce que, con su vida dentro del hogar, la mujer brinda al Estado un apoyo sin el cual no puede alcanzarse el bien común”), y el 2.2 (“El Estado, por tanto, procurará que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a realizar trabajos por los que descuiden sus deberes en el hogar”).
La modificación que se sometió a votación –la llamada “enmienda de cuidado”– pretendía el reemplazo de ambos artículos por uno nuevo, el 42B, que habría quedado así: “El Estado reconoce que la prestación de cuidados por los miembros de una familia entre sí en razón de los vínculos que existen entre ellos, da a la sociedad un apoyo sin el cual no se puede alcanzar el bien común, y se esforzará por apoyar dicha prestación”. Según los proponentes, la reforma subrayaría la importancia para el bien común de los cuidados que “los miembros de la familia” se tributan entre sí.
Pero la gente tomó nota: el término mujer quedaba eliminado, y la actual obligación del Estado de apoyar a las mujeres que decidan quedarse en su casa –para criar a sus hijos, para hornear tartas o para lo que desee hacer para sacar el hogar adelante– se había trucado en un “se esforzará por apoyar”. Y no gustó la idea: cosechó un 26% de respaldo y un 74% de rechazo.
No fue lo único. La otra iniciativa sometida a votación –la “enmienda familiar”– tenía el propósito de rehacer dos incisos: el 1.1 (“El Estado reconoce a la Familia como el grupo unidad natural primario y fundamental de la Sociedad” y el 3.1. (“El Estado se compromete a custodiar con especial cuidado la institución del Matrimonio, en que se funda la Familia”).
Con la nueva formulación se pretendía añadir, en el 1.1, en la alusión a la familia, la frase “ya sea fundada en el matrimonio o en otras relaciones duraderas”, mientras que en el 3.1 se eliminaría la referencia a que el matrimonio es el fundamento de la familia. Así, decían los proponentes, la protección alcanzaría a todos, casados y no casados, así como a esas “otras relaciones duraderas”. Claro, que el electorado terminó preguntándose: “¿Y cuáles son esas?”.
Como no había concreción, el público no quedó muy convencido y también rechazó la “enmienda familiar” por 67% a 32%.
La descristianización sigue su curso
¿Significa este portazo a las iniciativas de reforma un hartazgo de los irlandeses con la marcada deriva liberal, “prodiversidad” y antitradicionalista del gobierno de Varadkar, y un deseo de regresar a las antiguas costumbres?
Algunos opinan que sí. En Spiked, Brendan O’Neil señala que el No a ambas propuestas es toda una rebelión de los votantes contra el establishment, contra el wokismo, contra las “élites jactanciosas” que desprecian todo lo antiguo y trabajan para que el público se avergüence de los valores que contribuyeron históricamente a configurar la sociedad irlandesa. El No ha sido, añade, una revuelta “contra el frenético desarraigo de las naciones de su historia”. Los irlandeses habrían elegido, pues, “familia, comunidad y tradición: estos son los últimos escudos que le quedan a la gente contra los verdaderos ‘fanáticos innobles’: nuestros gobernantes del Año Cero”.
En esta línea, ¿se puede inferir que el carácter católico por el que un día se conoció a la nación irlandesa vuelve por sus fueros? En definitiva, entre los argumentos para modificar la Constitución estaba que esta es “demasiado católica”, por lo que el frenazo que han dado los votantes a las reformas sería interpretable como una suerte de regreso a las antiguas esencias.
El profesor Angelo Bottone, investigador del Instituto Iona, un think tank provida y profamilia, se decanta por la cautela: “El proceso de descristianización continúa –dice al digital italiano La Nuova Bussola Quotidiana–, pero la votación del viernes representa una pausa. Es el final de una década de reformas liberales que implicaron no solo la redefinición del matrimonio, en 2015; la apertura [de este] a las parejas homosexuales y la legalización del aborto en 2018, sino toda una serie de leyes y decisiones políticas. Recientemente, una comisión parlamentaria propuso la legalización de la eutanasia”.
Según explica, pareciera que los políticos irlandeses, para compensar un sentimiento de inferioridad debido a un pasado excesivamente religioso, hacen todo lo posible para que se les vea como “los más anticristianos” en cuestiones sensibles. “Ahora el pueblo les ha dicho que no”, apunta, pero no se vislumbra que este rechazo puntual vaya a traducirse en una propuesta política.
Autoconfianza y brocha gorda
Si el resultado del referéndum no se debe principalmente a que San Patricio susurrara a los irlandeses que votaran No, ¿qué sucedió?
Quizás que la ceguera de la clase política, montada en el tren de “síes” de sus anteriores referéndums (el del matrimonio homosexual y el del aborto) entendió que aquí no tenía que afinar demasiado y dio brochazos gordos. Una denominada Asamblea Ciudadana venía preparando hace algunos años unas formulaciones de modificación más a tono con el interés de la gente, pero el gobierno terminó ignorándolas y no las incluyó en la boleta, quizás considerando que el público daría automáticamente su visto bueno a cambiar un texto “de inspiración católica”.
Definitivamente calculó mal.
Tom Hickey, profesor asociado de Derecho Constitucional en la Dublin City University y uno de los expertos que asesoró a la Asamblea Ciudadana, comenta a Aceprensa algunos de los errores que cometieron los impulsores de la reforma, equivocaciones que les dieron este resultado.
Según Hickey, la mayoría rechazó a la enmienda de cuidado porque quería que se obligara constitucionalmente al Estado “a apoyar a los cuidadores en el hogar y en la comunidad en general”
Primeramente, el énfasis en lo “católico” de la Carta Magna: “Eso es exagerado –señala–, porque la mayor parte del texto de la Constitución es secular; de lo que se ocupa es del Parlamento, de los tribunales, los procesos políticos, las elecciones, etc., y no está influenciado por el pensamiento social católico. Aunque hay algunos aspectos, dos, tres, cuatro disposiciones, que están fuertemente influenciados por el derecho natural y el mencionado pensamiento: son los artículos 41, 42 y 43, sobre la familia, la educación y los derechos de propiedad”.
Respecto a la reformulación del papel de la mujer en los cuidados en el hogar y del deber del Estado de apoyarla, Hickey opina que el enunciado actual ha quedado superado por la realidad de la inserción masiva de las irlandesas en el mercado laboral. No obstante, “me parece que la mayor parte de los votantes efectivamente le dijeron al gobierno: ‘Esto no es lo suficientemente bueno; regresen con una propuesta mejor. No queremos la ‘cláusula de la mujer en el hogar’, sino una de reemplazo que vaya más allá, que sea más fuerte, y que obligue constitucionalmente al Estado a apoyar a los cuidadores en el hogar y en la comunidad en general”. Lo había propuesto la Asamblea Ciudadana, pero el gobierno pasó de largo.
“Relaciones duraderas”. ¿Y eso que es?
Según el experto, el mayoritario rechazo a la “enmienda de los cuidados” ha venido por parte de electores de izquierda, que vieron muy débil la fórmula “el Estado se esforzará por apoyar” a los cuidadores, pues lo desligaba de su obligación real de hacerlo En caso de una demanda del cuidador de una persona discapacitada contra la Administración, “los jueces dirían: ‘Esto no es algo que podamos decidir. No podemos determinar si el Estado está haciendo lo suficiente o no para cumplir con lo que dice la Constitución sobre este esfuerzo. Lo sentimos”.
En cuanto a la enmienda familiar, también asoma la indefinición en la frase que iguala en protección al matrimonio y a las “otras relaciones duraderas”. Hickey ve aquí un argumento para el No: “¿Qué se consideraría una relación duradera? Bueno, obviamente, una pareja no matrimonial: un hombre y una mujer que vivieron juntos durante veinte años y que tuvieron tres hijos juntos, pero que no estaban casados. La nueva cláusula los cubriría. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con alguien que está en una relación polígama? En mi opinión como abogado constitucionalista, no estaría cubierta en absoluto. Ningún abogado serio consideraría plausible que los tribunales interpretaran que la frase abarcaba la poligamia, pero una vez expuesto el enunciado se suscitó una duda en la mente de los votantes: ¿Por qué el gobierno no puede decirnos con precisión quién estará cubierto y quién no estará cubierto?. Las autoridades hicieron un mal trabajo al no responder esa pregunta en la campaña por el Sí.
Y estaría, por último, la urgencia, la necesidad. El gobierno irlandés ha lanzado un rayo con el cielo despejado. ¿Quién ha pedido estas cosas? ¿Quién las necesitaba? Desde el feminismo, asociaciones como The Countess venían advirtiendo, por ejemplo, contra la eliminación de los incisos del artículo 41. “Aunque su redacción es anticuada –reconocían–, el texto original actúa como un baluarte contra la economía neoliberal, que devalúa la maternidad como función social y considera que trabajar fuera del hogar y aumentar el PIB es la única opción estimable”.
La verdad es que nadie sentía que la sociedad estaba “quedándose atrás” en ninguno de los temas plebiscitados. “En la realidad concreta –nos dice el profesor Hickey–, la gente en Irlanda se dio cuenta de que no existe una discriminación basada en políticas legales contra las familias no matrimoniales. En otras palabras, que durante los últimos 10, 20 años, en la legislación y en las políticas, las antiguas discriminaciones contra las familias no matrimoniales, o contra la mayoría de ellas, han sido revisadas, cambiadas y eliminadas. Los votantes dijeron: ‘Aquí nadie está siendo discriminado en la práctica, luego no hay urgencia. ¿Por qué se supone que debemos votar Sí?”.
En resumen: que todo ha sido innecesario. El primer ministro le había cogido el tranquillo al comodín de los referéndums y creía tenerlo todo bajo control. Coser y cantar.
Y ahora va rumbo a la puerta de salida.