Perú: 250.000 mujeres esterilizadas con engaños

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Duración lectura: 4m. 50s.

La campaña de control de la natalidad emprendida en Perú por el gobierno del presidente Alberto Fujimori (ver servicios 8/98, 40/98 y 91/98) se ha saldado con unas 270.000 esterilizaciones, la gran mayoría de mujeres. La campaña se ha hecho con el empleo sistemático de presiones y engaños, como denunciaron en su día los obispos peruanos y más tarde diversas organizaciones: así lo confirma un completo informe que acaba de ver la luz. El documento, titulado Nada personal, fue encargado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Un resumen de sus hallazgos y conclusiones se puede leer en el diario El País (Madrid, 20-XII-98).

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) aprobado por el gobierno peruano se proponía esterilizar a 100.000 personas en 1996, a 130.000 en 1997 y a 166.000 en 1998. Este programa respondía a la Ley Nacional de Población, cuya reforma de 1995 autorizó incluir la esterilización quirúrgica voluntaria entre los métodos de control de la natalidad, con el objetivo de rebajar la tasa de fecundidad a 2,5 hijos por mujer en el año 2000 (se estima que la tasa actual es de 2,98).

La campaña se dirigía a los campesinos pobres (cerca de la mitad de la población del país) de uno y otro sexo. En la práctica, casi todas las esterilizaciones fueron hechas a mujeres (unas 250.000), objetivo preferido de los controladores, y muchas no fueron voluntarias. A raíz de las denuncias, la campaña fue perdiendo fuerza a lo largo del año pasado. Así, en 1996 se hicieron 81.000 esterilizaciones, en 1997 se alcanzó el cupo previsto y en 1998 no se han conseguido más de 43.000. Para capear el temporal de protestas, el Ministerio de Sanidad ordenó que sólo los hospitales mínimamente equipados pudieran realizar esterilizaciones. Pero, Según Giulia Tamayo, coordinadora del informe Nada personal, la principal causa del descenso ha sido la creciente desconfianza de la población a medida que fueron difundiéndose las denuncias.

El CLADEM, que es partidario de la legalización del aborto, centra su informe en la coacción ejercida sobre las mujeres para conseguir esterilizaciones. Aunque, en general, la investigación no revela nada nuevo, da cuenta bastante completa del alcance de la campaña y abunda en detalles sobre los métodos empleados.

El informe subraya que a los centros sanitarios y su personal se fijaban cuotas de esterilizaciones, y los superiores del Ministerio les instaban a cumplirlas con frecuentes llamadas, promesas de bonificaciones y amenazas de sanciones. Por su parte, los médicos y enfermeras empleaban dstintos medios de presión. Muchas veces engañaban a las mujeres, no revelándoles el verdadero objeto de la operación o diciéndoles que era reversible. También empleaban amenazas o promesas de que, a cambio de esterilizarse, recibirían dinero o alimentos. Otras esterilizaciones se realizaban contra la voluntad expresa de la mujer, contando sólo con el consentimiento del marido. En otros casos la esterilización se hizo sin informar para nada a la interesada, aprovechando su paso por el hospital por otro motivo, como un parto.

Las esterilizaciones se solían hacer rápidamente y con pocas precauciones. De ahí -como subraya el informe del CLADEM- que haya habido numerosos casos de complicaciones, algunas graves y aun mortales.

En cuanto a los motivos de la campaña, los obispos peruanos han denunciado en algunas ocasiones que responde a presiones de organismos internacionales. Giulia Tamayo, por su parte, dice que el gobierno la puso en marcha porque “cree que es una buena estrategia para reducir la pobreza, cuando en cualquier otro país las campañas irían destinadas a la educación y a la sanidad”. Este método ha provocado una paradoja que Tamayo resalta: en Perú la esterilización es gratuita, pero la asistencia médica por parto es de las más caras de Latinoamérica.

México: o hijos o trabajo

Otro informe reciente denuncia presiones a mujeres para que no tengan hijos, en la parte de México fronteriza con Estados Unidos. A Job or Your Rights, elaborado por Human Rights Watch (HRW) y publicado el pasado 29 de diciembre, acusa a varias multinacionales de prácticas abusivas contra las empleadas en maquiladoras, las fábricas instaladas en esa zona para aprovechar los menores costes laborales y la proximidad a Estados Unidos. La industria maquiladora comprende unas 2.700 empresas y da trabajo a medio millón de personas, mujeres más de la mitad.

Las víctimas de los abusos, dice HRW, son mujeres que solicitan empleo en las maquiladoras o que ya están contratadas. Las candidatas son sometidas a pruebas de embarazo y a interrogatorios exhaustivos sobre sus relaciones sexuales. A las empleadas se realizan controles periódicos para comprobar si quedan embarazadas, y, si así ocurre, se las sanciona o despide. Según HRW, tales prácticas se aplican en al menos cincuenta fábricas.

A Job or Your Rights es el segundo informe que HRW publica sobre este asunto. El anterior, de 1996, provocó que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos abriera una investigación, ya que las prácticas denunciadas son contrarias a la ley nacional y al Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA) entre este país, Canadá y México. En octubre pasado, los signatarios del TLC decidieron iniciar consultas sobre el respeto a los derechos laborales. Pero HRW se queja de que el acuerdo tomado no menciona expresamente la discriminación por motivo de maternidad ni prevé acciones concretas. HRW afirma también que esa discriminación contraviene las leyes de México y que, pese a ello, el gobierno de este país no la persigue.

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