En noviembre de 1999 entró en vigor en Francia el Pacto civil de solidaridad (PACS), que puede ser suscrito por parejas no casadas, del mismo o distinto sexo, para acceder a derechos hasta entonces reservados a los matrimonios. En medio de la polémica que rodeó su aprobación, se dijo que el PACS respondía a una fuerte demanda social, que reclamaba la regulación de las parejas de hecho. Pero las cifras ahora publicadas sobre el primer año de aplicación muestran que el número de PACS firmados es sensiblemente inferior a las previsiones.
En poco más de un año se han registrado 29.855 contratos de este tipo, unas diez veces menos que los matrimonios (285.000 en 1999). Esa cifra se considera baja, en relación con el número total de parejas que podrían sentirse atraídas por esta solución jurídica para su vida en común. El Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED), en un informe publicado en diciembre de 1999, hacía algunas hipótesis. Cada año se forman en Francia unas 450.000 parejas. La hipótesis de que la tercera parte de las uniones diera lugar a un PACS llevaría a 150.000 contratos al año. Pero, habida cuenta de las formalidades jurídicas del PACS, el INED preveía que el número anual podría estar en torno a los 40.000.
En teoría, en el primer año de vigencia de la ley se firmarían más PACS, al dar salida a todas las parejas de hecho que esperaban desde hacía tiempo una solución. Así que ahora los expertos prevén que el número anual podría estabilizarse en torno a los 12.000, lo cual es un nivel muy bajo.
Hay que tener en cuenta que, según el INED, en Francia hay 4,8 millones de parejas no casadas (el 16,2% del total). La cohabitación previa al matrimonio es cada vez más frecuente y más larga: entre las parejas no casadas que se formaron en 1990, el 30% seguían sin contraer matrimonio en 1998. Y el 53% de las mujeres que tienen su primer hijo no están casadas.
Pero, a juzgar por el balance de este primer año, la gran mayoría de las parejas que conviven al margen del derecho no ven tampoco la necesidad de regular su vida con el PACS. Aunque las estadísticas sobre los PACS firmados no permiten distinguir entre los establecidos por parejas del mismo o de distinto sexo, la impresión de los expertos consultados es que ha interesado fundamentalmente a homosexuales, y no a todos.
El PACS da a los firmantes una serie de beneficios de carácter fiscal, de subrogación en el contrato de alquiler de vivienda y de prestaciones sociales, antes reservadas a los matrimonios (cfr. servicio 146/99). Los firmantes se obligan a prestarse «ayuda mutua y material», cuyas modalidades se estipulan en el contrato. Y responden solidariamente de las deudas contraídas para las necesidades de la vida corriente y de los gastos relativos a la vivienda común.
Para explicar el escaso atractivo del PACS, ahora se afirma que todavía está sometido a demasiadas formalidades; pues, aunque basta firmarlo en el juzgado, parece bastante aconsejable ir antes al notario para redactar bien el contrato. Pero siempre que se busca la protección del Derecho, es inevitable el aumento de la complejidad formal.
También se dice que, al someter a los contratantes al régimen de indivisión de bienes, puede hacer conflictiva la separación. El PACS puede romperse de mutuo acuerdo o por decisión unilateral, sin que la ley diga nada sobre la posibilidad de indemnización en caso de ruptura. Por otra parte, el PACS es un contrato de pareja, que no trata de la familia, y no cambia en nada el estatuto de los hijos nacidos de parejas no casadas, a los que la ley ya protege suficientemente.
Quizá los que recurren al PACS buscan fundamentalmente una forma de reconocimiento público de su vida en común. Pero, en este plano, el matrimonio sigue siendo mucho más atractivo. Y, al resto de parejas de hecho, le trae sin cuidado este aspecto.