En Australia el matrimonio es competencia del gobierno federal. En 2004, el gobierno se adelantó a la posibilidad de que un tribunal interpretara la legislación matrimonial en un sentido que pudiera incluir a las uniones entre personas del mismo sexo o reconociera el matrimonio de homosexuales casados en el extranjero, incorporando a la leyes la definición de matrimonio como la «unión entre un hombre y una mujer», con los votos de los dos partidos mayoritarios (ver Aceprensa 76/04). El matrimonio entre personas del mismo sexo quedaba así excluido.
Sin embargo, el Territorio de la Capital Australiana (ACT, en sus siglas en inglés), donde está Canberra, aprobó el mes pasado la ley de Uniones Civiles que permitía las uniones entre personas del mismo sexo y las equiparaba a los matrimonios. El siguiente paso era consultar al parlamento nacional y demostrar que la ley no pretendía equiparar las uniones civiles a los matrimonios -algo imposible ya que la equiparación en materia fiscal, de pensiones, de beneficios sanitarios y de seguridad social era plena-.
Conscientes de esa imposibilidad y conocedores de la posición del gobierno federal, que se había opuesto al proyecto desde el principio, el ACT adelantó la promulgación de la ley al 9 de junio, saltándose la consulta parlamentaria. El ministro jefe del ACT, Jon Stanhope, justificó la decisión de forma asombrosa: «Esta ley no tiene nada que ver con el matrimonio».
Según el fiscal general, el gobierno australiano estaba dispuesto a seguir los trámites establecidos, lo que hubiera permitido el registro de algunas parejas mientras se sucedieran los pasos legislativos. Pero la actuación de Stanhope se ha visto como un truco y una provocación, de ahí que el primer ministro, John Howard, haya invocado una prerrogativa rara vez utilizada. Como el ACT no es un estado sino uno de los dos «territorios» que existen en Australia, el gobierno federal tiene el poder constitucional de anular sus leyes (ya ocurrió en el Territorio del Norte con la ley de eutanasia voluntaria: ver Aceprensa 100/96). En menos de cuatro días, a las doce de la noche del día 13, la ley de Uniones Civiles quedó anulada por el gobierno.
Stanhope afirma que propondrá una nueva ley y que su gobierno no está dispuesto a renunciar a la equiparación de derechos. También en el gobierno de coalición ha habido algunas voces discordantes con la decisión. Sin embargo, el primer ministro dice que es absurdo tachar la decisión de homófoba ya que «preservar el estatus del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer no supone ninguna discriminación contra los homosexuales. Estoy de acuerdo en eliminar cualquier discriminación legal en relación con los derechos de propiedad pero donde sea necesario. No creo que cualquier tipo de relación distinta de lo que nuestra sociedad entiende por matrimonio deba ser sancionada por ley». La causa del matrimonio entre personas del mismo sexo no es popular en Australia, fuera de algunos barrios de Canberra y Sydney.
ACEPRENSA