El Gobierno italiano acaba de adoptar una original decisión sobre los bonos escolares de la región de Lombardía: retirar el recurso al Tribunal Constitucional que había presentado en la anterior legislatura el entonces presidente del Consejo de Ministros de centro-izquierda, Giuliano Amato.
El Consejo formado tras las recientes elecciones legislativas quiere evitar dilaciones en la puesta en marcha de los bonos, que reembolsan hasta el 25% de los gastos escolares. La ayuda se aplica en función de los niveles de renta familiar, tanto para los desembolsos realizados en escuelas privadas reconocidas legalmente, como para los efectuados en centros estatales, no siempre totalmente gratuitos. El subsidio máximo por hijo está fijado en dos millones de liras, ampliables a tres millones en caso de niños con minusvalías (cfr. servicio 125/00).
Han solicitado esas ayudas 60.000 estudiantes, de los que el 13% son alumnos de escuelas públicas. La mitad pertenece a familias con renta inferior a 20 millones de liras por persona, y el 75% no supera los tres millones. El gobierno lombardo espera que se podrán conceder los bonos antes del 31 de julio.
Giuliano Amato presentó en su día el recurso contra la norma lombarda por entender que favorecía a la escuela privada y discriminaba a la pública. El actual líder del Olivo, Francesco Rutelli, ha reaccionado con excesiva dureza: «La impresión es que la derecha quiere deshacer la escuela: no tienen ideas positivas, sino sólo negativas, y bloquean reformas ya en curso como la de los ciclos». Parece haber olvidado que el programa electoral del Olivo, en materia de enseñanza y sanidad, prometía garantizar la igualdad de prestaciones y derechos a los ciudadanos, con el desarrollo de instituciones privadas sin reducir los servicios públicos.
Al margen de su evolución política y jurídica, el caso servirá para reactivar en Italia el debate sobre la parità, es decir, sobre la libertad de enseñanza, sintetizada hace un par de años en el eslogan «la escuela libre en el Estado libre», inspirada en la famosa frase del laicista del XIX Cavour. La cuestión no se reduce ya a un aspecto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, como ocurría antes de la crisis de comunistas y democristianos, sino que se plantea como cuestión vital de la sociedad civil (cfr. servicio 166/99).