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Prohibido entrar con ideas impopulares en la universidad

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Desde sus orígenes, la universidad se ha entendido bien con la controversia. Y todavía hoy los debates siguen entusiasmando a los estudiantes. Pero algunos casos recientes del Reino Unido y Estados Unidos ponen de manifiesto que la libertad para debatir incomoda a quienes aceptan sin fisuras el progresismo establecido.


Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 37/14

En su monumental obra Historia de la educación occidental, James Bown explica que en el siglo XIII la argumentación y la disputa se usaban como métodos ordinarios en las primeras universidades de París, Salerno o Bolonia. Los debates o quaestiones disputatae permitían a los alumnos comprender los argumentos a favor y en contra de la polémica de turno.

Pero la actitud paternalista de las autoridades de la Universidad de Brandeis, en Massachusetts (EE.UU.), ha querido ahorrar a sus estudiantes el esfuerzo de discernir por sí mismos los pros y los contras de lo que iba a contarles la exparlamentaria holandesa Ayaan Hirsi Ali sobre la violencia del islamismo radical.

De origen somalí, Hirsi Ali se fue a vivir a Holanda para evitar un matrimonio impuesto. En su país de acogida estudió ciencias políticas y se fue dando a conocer por denunciar la situación de inferioridad que padecen las mujeres en algunos países islámicos.

Ahora, Hirsi Ali vive en EE.UU. y se dedica a combatir prácticas como el matrimonio impuesto, la mutilación genital femenina, los asesinatos de mujeres “por honor” o la imposición de la sharía en la vida política. No cabe duda de que Hirsi Ali es una figura incómoda. Pero todo esto ya lo sabía la Universidad de Brandeis cuando decidió darle un galardón académico por su lucha a favor de los derechos de las mujeres.

Algunas universidades han excluido a personajes o movimientos cuyas ideas podrían molestar a otros

Lo polémico no se debate
A mediados de abril, las autoridades de la universidad anularon la entrega del premio como consecuencia de una campaña de presión realizada por el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, que acusa a Hirsi Ali de “islamófoba”.

Como cualquier persona que denuncia un problema con mucha pasión, Hirsi Ali puede defender algunas ideas más discutibles que otras. Pero descartarlas como una “fobia” no va a contribuir a que los alumnos se aclaren sobre qué hay de cierto y qué de falso en lo que dice. A esto pensaba referirse precisamente la activista pro derechos humanos en el silenciado discurso, previsto para mayo.

El Wall Street Journal ha publicado una versión abreviada del discurso: “Necesitamos hacer de nuestras universidades templos no de la ortodoxia dogmática, sino del pensamiento verdaderamente crítico, donde todas las ideas sean bienvenidas y donde se pueda espolear el debate cívico”, hubiera dicho Hirsi Ali. “Estoy acostumbrada a que no me dejen hablar en las universidades. Por eso, agradezco que hoy me brinden esta oportunidad. No espero que todos estéis de acuerdo conmigo, pero aprecio mucho vuestra voluntad de escuchar”.

El discurso se cerraba con un elogio al lema de la universidad: “La verdad hasta sus partes más recónditas”. Pero a Hirsi Ali no le han dejado llegar hasta el final de su explicación.

Matones en la universidad
En Gales, el Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Cardiff también está decidiendo estos días qué ideas pueden entrar en su campus y cuáles no, actuando así como auténticos matones de la clase. Aunque todavía falta la votación definitiva, la mayoría del sindicato ha apoyado una moción para prohibir a las asociaciones universitarias su participación en marchas contra la causa pro-choice.

A la moción se han opuesto las asociaciones de estudiantes musulmanes, católicos y provida. Con ellos votaron una minoría de estudiantes pro-choice, que no ven coherente quitar la palabra a sus compañeros y reivindicar después un “derecho a decidir” en la cuestión del aborto.

Para Ivor Jones, estudiante universitario en Brighton y escritor, los impulsores de la moción se han revestido con una autoridad moral que nadie les ha dado. “Los representantes del sindicato estudiantil pueden taparse los oídos para bloquear las ideas que no les gustan, pero no tienen derecho a decir al resto de estudiantes qué ideas son aceptables”, escribe en Spiked.

Y añade que “silenciar a los provida apisona las virtudes que se supone deberían cultivar las universidades en sus estudiantes: el pensamiento libre, el vigor intelectual y el coraje para afrontar las ideas que pretenden desmontar”.

Suprimir la libertad para debatir ideas controvertidas en los campus solo es el primer paso para acabar excluyendo a quienes las defienden

Discriminar sin reparos morales
Otro ejemplo de intolerancia en los campus británicos es el que ha protagonizado la Facultad para el Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Colegio Real de Obstetricia y Ginecología, del Reino Unido. Pero en este caso la censura es más sofisticada: se permite la entrada a los discrepantes, como muestra de buena fe, pero se acaba prohibiendo la salida.

Según informa The Telegraph, la Facultad acaba de publicar unas normas por las que impide obtener el título de experto en salud reproductiva a quienes tengan “objeciones morales o religiosas” a la contracepción y la píldora del día siguiente. Lo que afecta tanto a los estudiantes de medicina como a los médicos y enfermeras que quieran especializarse en este campo.

Los que tengan objeciones éticas podrán cursar el programa sobre salud reproductiva. Pero solo recibirán el diploma acreditativo los que muestren “durante las prácticas la voluntad de prescribir cualquier forma de anticonceptivo hormonal, incluidos los de emergencia, y la voluntad de aconsejar y, si fuera apropiado, de remitir al especialista en métodos intrauterinos”.

Esta discriminación injusta contra los profesionales sanitarios acaba teniendo un efecto multiplicador, pues indirectamente discrimina también “a los pacientes que comparten las mismas creencias y que probablemente querrían ser tratados por profesionales capaces de empatizar con su postura”, advierte David Jones, director del Anscombe Bioethics Centre, con sede en Oxford.

Penalizados por las ideas de su universidad
Tampoco podrán “salir” de la universidad los estudiantes del Trinity Western University School of Law (TWU), en la provincia canadiense de British Columbia.

A finales de abril, los colegios de abogados de dos provincias canadienses, Ontario y Nueva Escocia, decidieron que el título de grado en Derecho impartido en el TWU no sirva para ejercer la abogacía en esos territorios.

El motivo de esta decisión es que el TWU, una universidad privada de inspiración cristiana (protestantes evangélicos), pone como condición para ser admitido que los estudiantes suscriban un código ético que no admite las relaciones homosexuales, entre otras conductas que se oponen a las enseñanzas bíblicas.

Este código había sido ya objeto de polémica, pues el Colegio de Profesores de la Columbia británica se había negado a acreditar al centro de formación de profesorado de la TWU por esa razón. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en 2001 sentenció que considerar inmoral la homosexualidad no es una razón para declarar a un profesor no idóneo para enseñar (cfr. Aceprensa, 6-06-2001) y que la universidad estaba en su derecho al establecer esa cláusula en su reglamento.

El Tribunal Supremo dijo que la decisión del Colegio de Profesores suponía una discriminación por motivo de la fe, pues la libertad religiosa “no es respetada si la consecuencia de ejercerla es la denegación del derecho a la plena participación en la sociedad”.

A pesar de esta clara decisión, los colegios de abogados de Ontario y Nueva Escocia han votado no reconocer la validez de los diplomas de la TWU para ejercer la abogacía, por su postura sobre la homosexualidad. No se discute que la Escuela de Derecho de la TWU cumpla los requisitos académicos, ya que ha sido aprobada por el Ministerio de Educación y por la Federation of Law Societies. Tampoco pueden decir que el código ético de la TWU es insconstitucional, pues ha sido validado por el Tribunal Supremo. Ni pueden constatar que los graduados en Derecho de esa Universidad mantengan posturas discriminatorias frente a nadie, ya que esos estudios acaban de ser aprobados y no empezarán hasta el 2016. Así que han decidido una descalificación preventiva, castigando a los estudiantes que se atrevan a vincularse a la universidad.

De hecho, como señala Lea Singh, el mensaje que están enviando los colegios de abogados de Ontario y Nueva Escocia va en esa dirección: si tu universidad no apoya el matrimonio gay, no podrás trabajar como abogado en nuestro territorio.

Ya se prohíba la entrada en la universidad, ya la salida, los cuatro ejemplos mencionados permiten prever un itinerario en el que se comienza suprimiendo la libertad para expresar ideas impopulares y se acaban excluyendo a quienes las defienden. Una cosa está clara: cuanto más se niega la libertad para debatir en la universidad, menos espacio hay para los discrepantes.

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