La laicidad, en clave de cooperación

Una idea adecuada de la neutralidad es aquella que no se empeña en enfrentar al Estado con sus raíces cristianas –tampoco en las escuelas de titularidad pública–, ni privarlo de las aportaciones que las comunidades religiosas quieren hacer al bien común. El Estado que asume la cuestión escolar entre sus preocupaciones no puede eludir el planteamiento de cuestiones relevantes de orden religioso o ideológico. El art. 7 de la Ley Fundamental en principio permite, también en el marco de la instrucción pública, influencias religiosas e ideológicas. Concretamente permite introducir referencias o aspectos cristianos en la configuración de la escuela pública elemental, siempre que se evite (…) toda forma de coacción hacia la fe sobre quienes piensen de distinta manera, lo cual sería incompatible con el art. 4 de la Ley Fundamental. Es decir, la educación escolar, en tanto que transmisión consciente de valores, no puede en absoluto ser “neutral”, sino que tiene siempre en su base una determinada orientación religiosa e ideológica (…). La comunidad escolar cristiana tan solo debe abstenerse de ser una escuela misionera, o de reclamar para los contenidos de la fe cristiana el carácter de lo absolutamente obligatorio (…). El patrimonio cristiano puede y debe ser introducido y renovado en la escuela como fundamento cultural de la sociedad, ya que el Estado “no puede ser indiferente a la pérdida de sus tradiciones fundamentales de pensamiento, experiencias de sentido y modelos de conducta” (sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán [BVerfGE] 93, 1, 22). En realidad, ni el pasado ni el presente resultan legibles sin el conocimiento de esa herencia; no es posible ganar el futuro para la joven generación sin la renovación que esa herencia mantiene viva. Tal renovación solo cabe lograrla si la aportación cultural del cristianismo no se separa completamente de la fe cristiana, que constituye su raíz religiosa. (…) Lealtad mutua El Estado liberal secular necesita un fundamento ético que él mismo, en tanto que liberal, no puede ni mantener ni mucho menos crear; a tal efecto se asegura la ayuda de aquellas comunidades religiosas que están en condiciones y quieren cooperar como “instancia moral” en el suministro de ese fundamento. (…) Quien pugna por desterrar del reino de la razón ilustrada la fe cristiana como fe en un Dios razonable, promoverá sin quererlo religiones “irracionales” De cara a una colaboración permanente entre el Estado y las comunidades religiosas cooperantes a favor del bien común secular (…) resulta imprescindible que la sociedad religiosa se mantenga leal al Estado en la forma de aceptar el orden constitucional sin promover otro orden estatal y social –por ejemplo, un orden teocrático– (…). De ahí que las organizaciones religiosas in statu cooperationis tengan que respetar también esos principios. Si no quieren o no pueden respetarlos, se descalifican como cooperadores del Estado, sin perjuicio de que se mantenga íntegra su libertad jurídico-constitucional. (…) Si es claro que la lealtad de la que aquí se trata se le debe al Estado surgido de la Ley Fundamental, tampoco hay que dejar de insistir en la importancia de que el Estado se comporte a su vez lealmente. Religión en la escuela Lo dicho también vale para la organización de la instrucción religiosa en los centros docentes de titularidad estatal. La garantía de una educación religiosa en las escuelas públicas, de acuerdo con el art. 7 § 3 de la Ley Fundamental, es una institución del Derecho eclesiástico estatal con ropaje jurídico constitucional. Su integración en la organización escolar estatal convierte la instrucción religiosa en un asunto público que solo se puede gestionar cooperativamente, entre el Estado, que define los objetivos generales de la educación, y una confesión religiosa, que determina el contenido específico de esa instrucción. (…) Para garantizar una intensa cooperación –exigible en materia de educación religiosa– entre el Estado y la comunidad religiosa, tan solo han de considerarse acreditadas aquellas confesiones que son capaces de participar en la “empresa común”, es decir, las que se hallan en posesión de un estatus corporativo público –habiendo comprobado el Estado en cada caso su lealtad constitucional–, o bien al menos las que cumplan los requisitos para la adquisición de ese estatus, satisfaciendo los supuestos materiales exigibles para la concesión (…). Que se admita o no que una determinada confesión colabore, de acuerdo con el art. 7 § 3 S. 1 de la Ley Fundamental, en la enseñanza religiosa de una escuela estatal, debería depender de si su contribución a los contenidos de la instrucción ayuda a cumplir los objetivos formativos que el Estado marca (…). Fe cristiana y razón política ilustrada Dada la situación espiritual de nuestro tiempo, la sociedad tiene que volver a ser consciente, en primer término, de los fundamentos de su propio ordenamiento político, así como de las aportaciones espirituales con las que el cristianismo ha preparado el camino al Estado constitucional moderno, liberal y secularizado, como también ha predispuesto al compromiso por los derechos humanos. (…) Quien pugna por desterrar del reino de la razón ilustrada –y por ello igualmente del Derecho racional– la fe cristiana como fe en un Dios razonable, promoverá sin quererlo religiones “irracionales” que devienen inasumibles para la razón del Estado secular, la rompen o se evaden de ella (…) Para que razón y fe no incurran en un antagonismo insalvable en la sociedad postsecular que se va afianzando, y para que el Estado constituido por la Ley Fundamental pueda mantener su secularidad y libertad, el cristianismo hace falta como fuente presecular y como garante imprescindible de su identidad jurídico-cultural, es decir, como “manadero inextinguible de fuerza que a la vez vincula y libera” (Theodor Heuss). El texto de Christian Hillgruber, tomado del libro: José María Barrio Maestre (ed.), Cristianismo, Europa, libertad, es reproducido aquí por gentileza de Ediciones Teconté.

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