Mientras en Estados Unidos no dejan de aumentar los programas que ayudan a las familias pagar el colegio que prefieran, el parlamento británico estudia limitar la autonomía de muchos centros de gestión privada.

2022 fue calificado como “el año de la elección de escuela” en Estados Unidos. En esos doce meses se aprobaron numerosos decretos estatales para crear nuevos programas de este tipo o expandir los ya existentes. Desde entonces, la oferta ha seguido creciendo. Por ejemplo, en Ohio, Indiana y Florida se han relajado los requisitos para poder beneficiarse de sendos programas de cheque escolar. Otra de las fórmulas para subsidiar la enseñanza privada con dinero público son las cuentas de ahorro educativo (ESA, por sus siglas en inglés), una opción parecida a la del cheque escolar que ha crecido mucho en los últimos años. En este caso, se ofrece a los padres una cuenta corriente en la que se les ingresa una cantidad cercana a lo que la administración gasta por alumno en la red pública; ese dinero también se puede gastar en distintos conceptos, pero –al contrario que en el cheque escolar– no se pierde si se deja de utilizar durante el curso. Ya son casi 20 los estados del país que ofrecen esas cuentas. California no es uno de ellos, pero allí una iniciativa popular está promoviendo que los ciudadanos puedan votar sobre esta posibilidad en las próximas elecciones de noviembre (las conocidas como elecciones “de mitad de mandato”). Para ello, la propuesta, liderada por un exalcalde de la región, necesita recabar cerca de 900.000 firmas –un 8% del censo electoral del estado– antes del final de marzo; actualmente está cerca de llegar a las 600.000. Aunque anteriormente se han rechazado algunos proyectos similares, varios sondeos apuntan a que esta vez podría ser distinto, ya que la causa de la libre elección de escuela no deja de ganar adeptos en todo el país, también en territorios tradicionalmente demócratas. La propuesta de California se inspira en Arizona, que universaliza el acceso a las ESA. Para algunos, esto supone aumentar la libertad de las familias; para otros, generar desigualdad y malgastar dinero En caso de que se aprobara, la eventual ley supondría una apuesta ambiciosa, pues propone blindar las ESA en la propia Constitución de California, de manera que el programa no esté al albur de los cambios en el ejecutivo, como ha ocurrido en otros estados. Cada familia recibiría en su cuenta cerca de 17.000 dólares al año (aproximadamente lo mismo que se invierte, de media, en cada alumno matriculado en una escuela pública); lo que no se gaste se acumula, y si aún quedan fondos cuando el estudiante termina la etapa de escolarización obligatoria, se pueden transferir a la cuenta de otro familiar, donar al centro educativo que se quiera o utilizar para pagar la universidad. El ejemplo –para bien o para mal– de Arizona El proyecto de California se inspira en el programa de las ESA de Arizona, que fue el primero en ofrecer estas cuentas a todas las familias del estado, independientemente de sus ingresos, y que ha sido tomado como ejemplo, a imitar o a evitar, por distintos actores educativos. Las críticas a este programa se han centrado en señalar cómo estaría aumentando la brecha académica y la segregación en centros diferentes de los alumnos de familias ricas y los de menos recursos. Ciertamente, al igual que ha ocurrido con otras iniciativas similares, quienes finalmente se han apuntado a las ESA en Arizona no ha sido el colectivo para el que, en principio, se pensó la medida: la población que, por no tener recursos para costearse una escuela privada, se veía obligada a matricular a su hijo o hija el centro público más cercano. Como señalan algunos análisis, han sido las familias de rentas medias y altas las que más han participado, y la mayoría de los niños y niñas beneficiados no han cambiado de red: o ya estaban en la privada o han permanecido en la pública, aunque este porcentaje ha ido disminuyendo con los años. Para explicar este fenómeno existen diferentes hipótesis: que las familias pobres no estén recibiendo la información pertinente, que valoren más la proximidad geográfica como criterio de elección de escuela, o que los costes de los centros privados sigan estando fuera de su alcance, incluso con la ESA (sobre todo si, como ha pasado en algunos estados, algunos de estos centros aprovechan la mayor disponibilidad de dinero para subir sus tarifas). Otro de los argumentos entre los que se oponen a las políticas de cheque escolar o ESA es que los alumnos que se benefician de ellos no mejoran su rendimiento académico, y en cambio este decae en los de la red pública. Sin embargo, la investigación no es concluyente, al menos en cuanto al primero de los asertos, aunque sí hay consenso en que estas políticas suelen mejorar la tasa de graduación escolar y de acceso a la universidad. En cuanto a lo segundo –el supuesto empeoramiento de la red pública cuando se aplican cheques escolares o ESA–, Martin West, profesor de la facultad de Educación en la Universidad de Harvard y experto en equidad educativa, señalaba recientemente que no conocía ninguna investigación que avalara esta tesis: las que se han hecho o bien no muestran ningún efecto significativo, o bien señalan una leve mejoría, que se suele atribuir a la mayor competitividad que provoca este tipo de políticas, también dentro de la red pública. Las declaraciones de West son parte de una entrevista en la que el experto valora la primera ley para favorecer la libre elección de escuela que se ha aprobado a nivel federal. Se llama “Educational Choice for Children Act”, y forma parte de la “One Big Beautiful Bill” firmada por Trump en junio del año pasado. No funciona exactamente como un cheque escolar, porque el dinero del que pueden disponer los padres no proviene de un cupón financiado directamente por la Administración, sino de una deducción fiscal –del 100%– aplicada a las donaciones que las familias hagan a unas entidades que ofrecen becas a estudiantes. Como en el caso de Arizona, las críticas a la ley señalan que los principales beneficiarios serán las familias de clase media y alta, y puede dar lugar a abusos. Reino Unido: las academies, en el punto de mira Mientras en Estados Unidos la causa de la libre elección de escuela navega “viento en popa”, en Reino Unido una propuesta de ley del actual ejecutivo propone –entre otros asuntos– recortar la autonomía de las academies, centros asimilables a los concertados en España; es decir, de gestión privada pero financiación pública –aunque, a diferencia de las escuelas concertadas, la dotación de fondos a las academies en Reino Unido sí es casi igual que la de los colegios públicos–. Si se aprueba el proyecto de ley, las academias perderán autonomía curricular y de gestión de su personal, una autonomía que –junto con algunos riesgos– ofrecía un incentivo para diversificar la oferta educativa Las academies han sido la gran apuesta educativa en el Reino Unido desde que fueran creadas por el gobierno laborista de Tony Blair a comienzos de siglo. Su número creció mucho desde el comienzo, y especialmente cuando, una década más tarde, una nueva ley permitió a cualquier centro público convertirse en una academia y estableció que, por defecto, tanto las escuelas de nueva creación como aquellas consideradas “preocupantes” (por su mal rendimiento académico o por problemas de disciplina) pasarían también a ser academias. Actualmente, algo más del 80% de las escuelas de Secundaria y un 40% de las de Primaria son de este tipo. Otro gobierno laborista, en este caso el de Starmer, es el que plantea ahora limitar su autonomía. Según el texto de la propuesta de ley, que se encuentra en la fase final de su recorrido parlamentario, las academies tendrán que seguir el currículum nacional (que antes podían adaptar según su proyecto educativo); en cuanto a los profesores, la ley reduce la flexibilidad de estas escuelas para establecer su remuneración (con lo que se limita significativamente la autonomía presupuestaria) y obliga a que todos cuenten con una certificación oficial que hasta ahora no era necesaria. Las academias también pierden capacidad de decisión –la ganan las autoridades locales– en cuanto a las políticas de admisión y planificación de vacantes. Por otro lado, la propuesta elimina la presunción de que los centros de nueva creación o los problemáticos deban convertirse en academias. Ciertamente, el texto no establece ningún obstáculo directo a la capacidad de los padres de elegir una academy para sus hijos. Pero al limitar la autonomía curricular y la relativa a la contratación de docentes, indirectamente se reduce la diversidad de oferta de la que pueden beneficiarse las familias, y que en algunos casos ha servido para crear algunas instituciones de gran prestigio y que han ayudado sobre todo a estudiantes desfavorecidos, como la Michaela Community School.

La elección de escuela gana terreno en EE.UU., pero puede perderlo en Reino Unido

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