Sumándose al elenco de opiniones en el debate sobre Educación para la ciudadanía (EpC), Manuel de Castro, secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y EyG, y Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho, publican sendos artículos en El País (1-07-07) y ABC (2-07-07), respectivamente, mostrando sus reticencias a la asignatura tal y como ha sido planteada en la LOE.
El loable despertar de los padres
Después de defender que los “centros educativos católicos han mostrado siempre un gran compromiso con la educación en valores; también con los valores cívicos”, De Castro señala que “el desarrollo de los acontecimientos” ha demostrado que el Gobierno no ha elegido “el camino más acertado” a la hora de plasmar el compromiso de la UE de educación cívica en las escuelas.
Se pregunta si “no hubiera sido mejor mantener” la asignatura de Ética de 4º de la ESO, que “no había sido cuestionada”, y “haber distribuido los contenidos teóricos referentes a derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas en otras asignaturas ya existentes, y haber potenciado la acción tutorial”. Además, “los temas morales encontraron en esta última (Ética) un planteamiento más sistemático y científico del que tienen ahora en Educación para la Ciudadanía”.
El directivo de FERE ve “innecesaria la presentación de la objeción de conciencia en nuestros centros” -aunque no se pondrá “obstáculo alguno a quienes libremente decidan hacerlo”- porque la asignatura se impartirá en consonancia con “el carácter propio de los centros católicos”. Lo que no impide, sin embargo, que considere que “en los centros públicos, obligados a la neutralidad ideológica, puede darse el caso de que alguien pretenda adoctrinar en valores morales no compartidos por todos, convirtiéndose en plataformas para la difusión de ideologías legítimas, pero particulares. En este caso, apoyaremos las medidas que los padres adopten en defensa de sus derechos”.
Después de criticar la falta de “acuerdo generalizado” en la LOE, De Castro señala que el debate ha provocado “un loable despertar de la preocupación de los padres por la educación religiosa y moral que sus hijos puedan recibir en la escuela”. Además de “protegerles contra posibles adoctrinamientos, del signo que sean”, los padres debieran estar “atentos a la influencia que otras instancias, como los medios de comunicación social, Internet, etcétera, están ejerciendo sobre sus hijos”.
Un temario efímero
Por su parte, Andrés Ollero expone la inviabilidad de la asignatura para quien tiene la tarea de impartirla, más allá de la ética que proponga: “la asignatura no me parece ni buena ni mala; constato simplemente que es inexplicable”. Y dicha inviabilidad parte del carácter positivista de la “moral universal” que se pretende impartir, cuyo fundamento de bondad reside en una legislación cambiante.
El catedrático de Filosofía del Derecho se plantea “cómo explicar cuestiones con hondas implicaciones morales sin traicionar la neutralidad exigida por lo público” al dirigirse a menores de edad. Puesto que, en cuyo caso, “nuestra Constitución garantiza (en su artículo 27.3) «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»”.
Argumentar que se respeta la neutralidad “en la medida en que me limite a explicar cuestiones morales remitiéndome a lo recogido en la legalidad vigente”, fruto de mayorías democráticamente elegidas, supone desconocer -escribe Ollero- “aspectos elementales de nuestro modelo constitucional, particularmente atento a evitar cualquier posible dictadura de la mayoría. Nunca, en nuestro sistema, el que gane unas elecciones, aunque no sea de carambola, lucra con ello el derecho a formar a los ciudadanos con arreglo a las convicciones morales de su preferencia”.
Algunos piensan que la Constitución es un firme anclaje a la hora de fundar la moral de esta asignatura. Pero, según Ollero, no lo es tanto, ya que el mismo hecho de que haya una instancia judicial que se tenga que pronunciar sobre la constitucionalidad o no de algunas leyes supone que a efectos morales no hay una interpretación unívoca del texto constitucional. No sin ironía, aconseja Ollero a las editoriales de libros de texto optar por los fascículos y así, “mediante las oportunas descargas automáticas anunciar cada día en qué consiste ser ciudadano de acuerdo con las últimas sentencias recaídas”. Y eso no impediría que se pueda reclamar que “los votos particulares” en sentencias del TC formen parte del temario.