Las universidades japonesas han empezado a llevar a la práctica las reformas más profundas desde el final de la II Guerra Mundial, con el fin de sostener el esfuerzo nacional de investigación. Según la ley de reforma de las universidades públicas, que ha entrado en vigor el 1 de abril, habrá menos universidades, gozarán de más autonomía de gestión, se impulsará la competencia entre ellas y se favorecerán los proyectos de investigación conjunta con la industria.
El primer eje de la reforma es dar mayor autonomía a las universidades públicas, que en vez de organismos estatales pasarán a ser corporaciones autónomas de derecho público. Este nuevo estatuto supone una sacudida en la organización tradicional. Las universidades gozarán de una mayor autonomía y flexibilidad de gestión, pero la mitad de los miembros del consejo de administración procederán de fuera de la universidad para incluir puntos de vista externos. Podrán decidir la adjudicación de recursos, por la creación o cierre de departamentos. Cada universidad pública fijará el importe de sus tasas, que dejarán de ser uniformes. Los profesores ya no serán funcionarios, sino que tendrán contratos de duración indeterminada. Su retribución dependerá del sistema salarial que establezca cada universidad, en función del mérito y la experiencia.
La reforma supone la reducción del número de universidades públicas, para poner el énfasis en la calidad de la educación más que en la cantidad. Desde 2002, 24 universidades han alcanzado acuerdos de fusión para convertirse en 12, y otras 3 se fusionarán en una sola para 2005. Esta reducción es inevitable ante el descenso de estudiantes, pues la población de 18 años, que alcanzó un máximo de 2,05 millones en 1993, se prevé que disminuirá a 1,21 millones en 2009. Si antes la política del Ministerio de Educación era tener una universidad nacional por prefectura, ahora importa elevar la eficiencia de la enseñanza aprovechando mejor los presupuestos.
La reforma hace hincapié en la introducción del principio de competencia entre universidades, a través de la evaluación por una entidad externa a las universidades y al Ministerio de Educación. Estas evaluaciones tendrán en cuenta los logros en docencia e investigación, y la visión de futuro de las universidades. Las universidades públicas y privadas competirán por la financiación pública de proyectos de investigación, en campos definidos como prioritarios por el gobierno. El objetivo del gobierno es seleccionar treinta universidades públicas y privadas para que estén entre las más prestigiosas del mundo por su investigación.
Pues el objetivo último de la reforma es que las universidades tengan un papel motor en la investigación en simbiosis con el sector privado. Las autoridades japonesas quieren hacer del archipiélago una gran potencia mundial de investigación, pues consideran que esto es capital para no perder competitividad en la economía mundial. En 2003, Japón dedicó a la investigación el 3,18% del PIB frente a un 2,79% de EE.UU.
La reforma ha despertado resistencias por parte de miembros del cuerpo académico, que se oponen al cambio de estatuto de las universidades nacionales. También denuncian que la investigación capaz de generar beneficios va a tener prioridad sobre la investigación básica y la que no es rentable. Pero la reforma va adelante porque hay una creciente convicción de que el sistema de enseñanza superior se ha quedado anticuado para responder a las necesidades de un país que quiere ocupar un puesto de vanguardia en el mundo.