Las fundaciones Ford y Rockefeller son importantes fuentes de financiación de la enseñanza superior de EE.UU. Pero ahora han entrado en conflicto con algunas prestigiosas universidades al añadir una nueva condición para la concesión de sus ayudas. Las fundaciones dicen que solo quieren evitar que sus fondos sirvan para financiar a grupos relacionados con el terrorismo. Las universidades temen que su libertad académica se vea comprometida. Al fondo, el conflicto palestino-israelí.
La Fundación Rockefeller ha determinado que ninguna de sus ayudas debe ir directa o indirectamente a financiar «grupos o individuos que estén comprometidos o promuevan la actividad terrorista». La Fundación Ford va más allá, ya que retirará su financiación si cualquiera de los gastos de la universidad receptora promueve «la violencia, el terrorismo, la intolerancia o la destrucción de algún Estado», con independencia del origen de los fondos.
Esta innovación ha encendido la señal de alarma en algunas universidades importantes, ya molestas por recientes medidas antiterroristas que a su juicio pueden hacer peligrar la libertad académica: desde la Patriot Act, que permite investigar las listas de estudiantes y de obras sacadas de bibliotecas, a las regulaciones que intentan limitar la publicación de investigaciones que puedan ser aprovechadas por grupos terroristas.
Como respuesta, los rectores de nueve destacadas universidades -Chicago, Columbia, Cornell, Harvard, MIT, Pensilvania, Princeton, Stanford, Yale- han firmado conjuntamente cartas dirigidas a las dos fundaciones advirtiendo que las nuevas condiciones «obstaculizan el principio básico de la libertad de expresión en el campus» y «crean una desafortunada barrera para la cooperación futura» (Wall Street Journal, 4-V-04).
Lo que asusta a las universidades no es que se prohíba financiar a grupos que apoyan el terrorismo, sino la imprecisión con que se formula la nueva condición. Temen que esto pueda mermar su libertad a la hora de organizar actividades académicas o culturales, sobre todo en asuntos altamente controvertidos, como el conflicto palestino-israelí. ¿Un festival de cine palestino podría interpretarse como un apoyo a Hamás?
De hecho, la nueva política de la Fundación Ford responde a las críticas y al asesoramiento de organizaciones judías, que se han quejado de que algunas ayudas de la fundación han ido a grupos palestinos que promovieron resoluciones contra Israel en la Conferecia de Durban (Sudáfrica) sobre el racismo en 2001. ¿Pero esto equivale a promover el terrorismo?, se preguntan otros. Si se excluye de la financiación a los que promueven «la intolerancia o la destrucción de un Estado», ¿no habría que negar toda ayuda a los grupos judíos opuestos a la creación del Estado palestino? En cambio, el American Jewish Committee ha defendido la nueva condición de Ford.
No es poco lo que se juegan las universidades, ya que en 2003 la Fundación Ford les concedió ayudas por valor de 34,7 millones de dólares y la Fundación Rockefeller dio 15 millones.
Las fundaciones aseguran que no quieren inmiscuirse en la libertad académica, sino garantizar que sus fondos no se destinan a fines inapropiados, y esperan llegar a un acuerdo con las universidades.
Por su parte, las universidades han adoptado una postura coherente. Si las fundaciones son libres de fijar sus condiciones, las universidades también tienen sus propios criterios respecto a aceptar o no una financiación externa. Columbia y la Universidad de Chicago han decidido no firmar por ahora los acuerdos que estaban negociando con la Fundación Ford. La Universidad de Michigan está también discutiendo con la Ford para asegurar que conservará su plena libertad académica.
Lo que nadie discute es la libertad de las fundaciones para establecer criterios que respondan a sus valores ni la de las Universidades para rechazar condiciones que puedan mermar su libertad académica.