Francia: medidas educativas para responder a la revuelta juvenil

Recuperada la calma en las banlieues, el gobierno francés ha ideado un conjunto de medidas para atacar las raíces de la revuelta. Como los disturbios tuvieron lugar en barrios deprimidos donde se concentra la población de origen inmigrante, y el fracaso escolar y el paro juvenil son muy superiores a la media (ver Aceprensa 131/05), el objetivo es mejorar la educación y la entrada en el mercado laboral. Estas son las principales propuestas presentadas el 1 de diciembre por el primer ministro, Dominique de Villepin:

Contrato con los padres. Cuando un chico problemático deje los estudios antes de los 16 años o perturbe la convivencia en la escuela, se propondrá a los padres un “contrato de responsabilidad parental”. Se encargará de prepararlo un asistente social, que hablará tanto con la familia como con la dirección del centro educativo. El contrato podrá imponer a los padres unas metas de asistencia a clase y de calificaciones del hijo. A cambio, se les ofrecerá ayuda, por ejemplo para encontrar empleo o aprender francés si son inmigrantes. Los que no alcancen las metas podrán ser castigados con la retención de los subsidios familiares hasta que cumplan lo prometido.

Asistencia en lectura y escritura. Para prevenir el fracaso escolar, se vigilará el nivel de lectura y escritura desde la enseñanza primaria. Según dijo el primer ministro, el 10% de los alumnos franceses pasan a la enseñanza media (a los 11 años) sin dominar esas materias; la proporción sube hasta el 30% en las llamadas zonas de educación prioritaria (ZEP: ver Aceprensa 41/02), que en gran parte coinciden con las “banlieues” problemáticas. Según la propuesta de Villepin, durante el primer curso de colegio elemental (7 años) se evaluará a todos los niños en lectura y escritura; los que no alcancen el nivel mínimo recibirán clases de apoyo individuales o en grupos con menos de diez alumnos.

Nuevos itinerarios educativos. Se aumentará la diversidad de opciones con una nueva formación profesional “junior” a partir de los 14 años, dos antes de terminar la enseñanza obligatoria. Se reforzará también otra modalidad de formación profesional, la que cualifica para el diploma de técnico superior (BTS), que requiere el título de bachiller.

Orientación académica. Un nuevo servicio público ayudará a los alumnos a escoger entre las distintas posibilidades de estudios al empezar el liceo (16 años) y la enseñanza superior (18 años). Ahora, cuatro de cada diez estudiantes que comienzan una carrera salen sin obtener el título.

Más medios para las ZEP. Se mejorará la formación, el salario y las posibilidades de promoción para los profesores de los 8.300 centros de las ZEP. Se triplicarán las becas para los buenos estudiantes de esas zonas.

Ayuda para la inserción laboral. Se extenderán los contratos “Jóvenes en Empresas”, con bonificaciones fiscales, creados hace dos años para favorecer el acceso al empleo de los jóvenes menores de 23 años.

Nuevas medidas contra la discriminación. Se legalizará el llamado testing, método para poner a prueba a una empresa. Consiste en enviar, en respuesta a una oferta de empleo, curricula vitae inventados, para ver si se descartan injustificadamente los correspondientes, por ejemplo, a magrebíes. La empresa sorprendida en falta podrá ser castigada con multa de hasta 25.000 euros. Por otra parte, las empresas públicas deberán experimentar la selección de personal con C.V. anónimos, y se estudiarán fórmulas para aumentar la diversidad del funcionariado.

De estas propuestas, la primera es la más discutida. La sanción por incumplimiento del contrato de responsabilidad parental no plantea problemas si es por absentismo escolar, pues en ese caso la ley vigente ya castiga a los padres con la suspensión del subsidio e incluso multa. Lo que no convence es que se aplique la pena por mal comportamiento. Juristas y directores de colegios objetan que, a diferencia del absentismo, la mala conducta no se puede definir con precisión; añaden que la medida otorgaría a las escuelas una función cuasi-judicial y contraria a su misión educativa. El gobierno se defiende aclarando que el contrato será siempre voluntario, ya que no hay forma legal de imponerlo a una familia, y que la retención del subsidio será el último recurso, si fracasa la intervención del asistente social (cfr. Le Monde, 7-12-2005).

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