Francia: Escuela privada y pública coexisten en paz

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Duración lectura: 4m. 28s.

El 31 de diciembre próximo cumple cincuenta años la llamada ley Debré, que regula las relaciones entre el Estado francés y los centros privados de enseñanza. Diseñó un contrato de asociación, que permitía atender a los alumnos a precios asequibles, cumpliendo los requisitos generales de la llamada “escuela republicana”, pero sin que los centros renunciaran a su “ideario propio”. El Estado sufragaría los gastos de funcionamiento, en las mismas condiciones que los centros públicos.

De este modo, la escolaridad sería gratuita, aunque la ley autoriza que los centros pidan unas cuotas a las familias, en función del “carácter propio” del centro, de la atención al culto, de gastos de transporte, o de la asistencia al comedor, que suele ser más cara de media que en los centros públicos, por la desigualdad de las subvenciones municipales.

Esta libertad de enseñanza estuvo a punto de desaparecer con la ley Savary, aprobada por la Asamblea Nacional en 1983, que preveía “la inserción del sector privado dentro del servicio público de la enseñanza”. La ley provocó las manifestaciones de protesta más numerosas que se recuerdan en París. François Mitterrand, entonces presidente, decidió con buen criterio no promulgarla, y Alain Savary se vio obligado a dimitir.

Antes, la ley Guermeur de 1977 había concedido a los profesores de la privada las mismas ventajas sociales que a los de la pública, sin perjuicio de la libertad de la dirección del centro de elegir a sus equipos. Otras actualizaciones han sido menos importantes. Hoy, como estima Nicole Fontaine, antigua presidenta del Parlamento Europeo, “prácticamente nadie pensaría en atacar la ley Debré, cualquiera que sea su sensibilidad política” (La Croix, 16-12-2009).

Con listas de espera

Sólo queda establecer algún tipo de regulación que facilite la financiación de nuevos centros educativos, especialmente en zonas menos favorecidas, como sería el deseo expreso del sector católico. Porque, de hecho, aunque se habla de escuelas privadas bajo contrato, en realidad el 97% son centros católicos: actualmente, son 8.984, que atienden a 2.013.051 alumnos, en torno a la sexta parte del total de los escolarizados en Francia.

En la práctica, estos últimos años las escuelas privadas bajo contrato han tenido listas de espera en torno a los 35.000 candidatos en el proceso de admisión de nuevos alumnos, especialmente a partir de 2003, tras los graves conflictos en el sector público provocados desde los sindicatos de la enseñanza. Pero reflejan también el prestigio creciente de la escuela católica, que pugna por recuperar de veras su identidad específica.

Se ha superado así la confrontación entre lo público y lo privado. La coexistencia de ambos sistemas, desde la ley Debré, no provoca oposición, sino una sana emulación. Y se producen con mucha frecuencia trasvases de alumnos, casi siempre a la búsqueda de un mayor éxito escolar. Se calcula que casi la mitad de los estudiantes ha hecho a lo largo de sus estudios preuniversitarios algún curso en un centro privado. Esa realidad muestra los inconvenientes reales que produce la bienintencionada fórmula del mapa escolar (la zonificación), que no contribuye a superar desigualdades, sino más bien a perpetuar diferencias y cuasi-guetos, también en el sector público.

Un apoyo del 83%

Un sondeo realizado con ocasión de este 50 aniversario por las asociaciones de padres de la enseñanza libre (Apel) y el diario La Croix, muestra que el 83% de los franceses son favorables a esa ley, que tanto ha contribuido a la paz escolar, pues armoniza libertad de enseñanza con pluralismo. Ciertamente, la proporción es mayor entre los simpatizantes de la derecha (93%) que entre los de la izquierda (79%), pero las antiguas rivalidades en este campo parecen bastante superadas.

Además, el 55% de los franceses (el 47% de los padres con hijos en edad escolar) desearía que sus hijos estudiaran en centros privados. También esta vez son más numerosos los de la derecha (74%) que los de izquierda (44%), pero se confirma el avance de la paz escolar. Curiosamente, ese deseo es más fuerte entre quienes no tienen estudios (59%) que entre los que poseen títulos de cierto nivel. En el fondo, la escuela privada, aparte de preferencias ideológicas, puede servir para la promoción social de los hijos con mayor eficacia que la pública.

Muy significativos resultan, por tanto, otros datos del sondeo: la gran mayoría de franceses (67%) estima que el Estado debería ayudar a la enseñanza privada a abrir nuevos centros o ampliar el número de sus aulas. Ese deseo es aún más vivo entre los menores de 30 años (80%) y los simpatizantes de la derecha (79%).

Por otra parte, los contenidos didácticos comunes, junto con el respeto al carácter propio del centro, permiten alcanzar los objetivos de la llamada “escuela republicana”, sin caer en los “comunitarismos” (especialmente islamistas), que tanto temen los franceses. En la práctica, la escuela católica atiende cada vez más a alumnos de otras religiones, e incluso de familias no creyentes, porque confían en la calidad educativa, en la atención personal a los alumnos y en la mayor colaboración entre padres y profesores.