Ante el mal estado de las escuelas públicas norteamericanas, se está empezando a probar con la gestión privada del sistema. Se espera así que con criterios más profesionales se detenga el deterioro que la burocracia no ha podido evitar. Hasta ahora, el experimento de mayor alcance es el emprendido en Minneapolis (Minnesota), donde todo el distrito escolar de la ciudad ha sido confiado a una firma de consultores. Lo mismo, a menor escala, se hizo el año pasado en Baltimore (ver servicio 88/92). Asimismo, la Universidad de Boston, privada, dirige la mayoría de las escuelas de un distrito de Massachusetts.
El distrito escolar de Minneapolis comprende 44.000 alumnos y tiene un presupuesto anual de 384 millones de dólares. De él se ha hecho cargo Public Strategies Group (PSG). El contrato, por tres años de momento, estipula una remuneración anual de medio millón de dólares para PSG; pero si no se alcanzan los objetivos acordados, la empresa no cobrará. Las metas, aún por especificar, se refieren principalmente a los resultados académicos y a la disminución de incidentes violentos.
Los nuevos gestores consideran imprescindible crear un ambiente de colaboración, de modo que todos se sientan responsables de la marcha de las escuelas. Para lograrlo, todos los implicados firmarán un contrato por el que cada cual se comprometerá a algo: los alumnos, a estudiar más; los profesores, a mejorar su trabajo; los padres, a vigilar a sus hijos; y todos, a intercambiar información para que se detecten los fallos.
PSG busca sobre todo la intervención de los padres, considerados piezas clave, de modo que si en algún caso no se encuentra un tutor que se comprometa a velar por el alumno, pretende que firme el pacto en su lugar una institución pública o incluso una empresa privada. Además, se recompensará a los profesores que tengan iniciativas para mejorar la enseñanza. Y se estimulará a los alumnos a delatar a los compañeros que lleven armas, con garantías de confidencialidad.