La reforma educativa del gobierno socialista ha puesto nuevamente en pie de guerra a la enseñanza privada. Las organizaciones patronales del sector, confederaciones de padres de alumnos, el sindicato USO, y grupos sociales como el Foro Español de la Familia se han movilizado para la manifestación contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), que tendrá lugar el sábado 12 de noviembre en Madrid. Lo que el gobierno intentó presentar como una ley para el pacto escolar ha acabado convirtiéndose en un motivo de discordia, que recuerda los momentos más crispados del debate escolar de la España democrática. La Conferencia Episcopal Española ha declarado que apoya la manifestación.
Los convocantes denuncian que la ley restringe la elección de centro por parte de los padres, cuyas preferencias quedan postergadas en función del criterio de «zonificación». El intervencionismo de la Administración afecta de modo especial a los centros concertados de iniciativa social, pues los criterios de admisión no facilitan que se agrupen familias que comparten el ideario del colegio.
Respecto a la financiación de la enseñanza concertada (privada pero financiada con fondos públicos), los convocantes afirman que la LOE no garantiza que la enseñanza pueda impartirse en condiciones de gratuidad, y al mismo tiempo prohíbe que se cobre cualquier cuota a las familias. La diferencia entre el incremento del coste de la vida y la financiación pública concedida ha sometido a los colegios a «una progresiva asfixia económica». A pesar de que los colegios concertados son muy demandados y cuestan menos a los contribuyentes, la LOE considera que la educación es un «servicio público», y que los centros concertados son simples colaboradores cuyo papel depende de lo que la planificación permita.
Las organizaciones convocantes mantienen que la LOE no favorece la elevación del bajo rendimiento de los alumnos, ya que podrán pasar de curso con tres asignaturas suspendidas, y no tendrán que superar una prueba final de bachillerato como en el resto de la Unión Europea.
También se quejan de la marginación de la enseñanza de la religión (asignatura que deben ofrecer los centros, pero voluntaria para los alumnos), ya que no es computable a efectos académicos. En la nota sobre el proyecto de ley publicada por los obispos se subraya también especialmente que la LOE cambia de modo unilateral el estatuto laboral de los profesores de religión, al convertirlos en empleados de la Iglesia, aunque trabajen en colegios de titularidad estatal.
La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y Educación y Gestión (EyG), titulares y patronal mayoritarios de los centros concertados católicos, han sido las últimas pero decisivas organizaciones que se han sumado a la manifestación. Representan a más de 2.100 colegios donde trabajan 60.000 profesores que atienden a 1.400.000 alumnos. Aunque aseguran «haber apurado hasta el límite las posibilidades de diálogo» con el gobierno, no han conseguido llegar a un acuerdo.
La FERE y EyG critican la reforma educativa porque «en la programación prescinde del criterio de demanda de las familias y refuerza la potestad de las administraciones; uniformiza el procedimiento de admisión en centros públicos y privados concertados»; «deja el acceso a los conciertos en manos de las administraciones educativas».
También recuerda que la financiación de los conciertos educativos prevista en los Presupuestos Generales del Estado es «notoriamente inferior al coste real de las enseñanzas concertadas», y que en los últimos once años los módulos que fija el Estado para los conciertos han perdido un 17,7% de su poder adquisitivo. La LOE, lejos de mejorar la situación, incorpora una prohibición genérica de que los centros puedan percibir aportaciones de las familias, y prescinde de conceptos antes reconocidos, por lo que supone un retroceso.
El Partido Popular ha expresado su apoyo a la manifestación contra la LOE. El Congreso de los Diputados rechazó el día 3 las enmiendas a la totalidad de la LOE propuestas por el PP y CiU.
La agitación en la enseñanza privada, que escolariza en torno al 30% de los alumnos, es un nuevo frente que se le abre al gobierno de Zapatero en un momento de fuerte confrontación política. Y al ser un tema que afecta a la vida diaria y al bolsillo de muchas familias, puede resulta costoso en términos de apoyo político.