Foto: “Yoapoyoalospreescolares”
Ciudad de Guatemala.— Antes de la pandemia, Guatemala era un país que sufría de graves carencias en su sistema educativo. Muchas escuelas públicas no cuentan con infraestructuras básicas, como el agua corriente. Por ello, cuando en 2020 el mundo entero se detuvo a los pies del covid-19, el sistema educativo público de Guatemala lo sufrió aún más.
El Ministerio de Educación decidió cerrar todas las escuelas, y durante más de diez meses los niños tuvieron que adaptarse a un sistema a distancia, aunque no todos tuvieron el mismo éxito. La enseñanza a distancia exige recursos en metodología, infraestructura, conectividad y capacitación docente, con los que en su gran mayoría el sector público no contaba.
La población escolar en Guatemala es de aproximadamente cuatro millones de niños, de los cuales un 25% son atendidos por el sector privado. Estos pudieron comenzar sus clases de manera casi inmediata, a través de dispositivos digitales y clases en línea. Los otros tres millones de niños no han tenido tanta suerte. El gobierno ha intentado ofrecer clases vía televisión y radio, así como entregas periódicas de materiales escritos; pero eso no ha evitado que 106.000 niños abandonaran el colegio antes de tiempo en 2020.
Según Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala, el año escolar 2020 fue una especie de laboratorio en el que las escuelas modificaron aspectos tradicionales de sus metodologías para adaptarlos a los nuevos requerimientos impuestos por la pandemia. “Al finalizar el año 2020, esa experiencia permitió una planificación con el enfoque virtual para el siguiente ciclo escolar 2021, el cual inició a distancia. Luego, cuando el tablero de alerta sanitaria se encontraba en color naranja [los niveles de contagio son rojo, naranja, amarillo y verde, cada color con sus parámetros de aforo], se abrieron las aulas en modalidad híbrida, de acuerdo con las peticiones de los padres. Se observó que no se logró la adquisición de todas las competencias planificadas durante 2020”.
Frustración de las familias
A pocas semanas de que los niños pudieran estar recibiendo algunas clases de manera presencial, el Ministerio de Educación modificó nuevamente los lineamientos impidiendo que los alumnos asistieran al centro educativo en modelo híbrido si el departamento estaba en color naranja. La gran mayoría de centros educativos tuvo que cerrar sus puertas nuevamente. Para muchos padres, esto generó una gran frustración, pues vieron cómo sus hijos se atrasaban en su aprendizaje y tenían que lidiar con otras consecuencias emocionales, como la ansiedad y la depresión.
Los padres insisten en la necesidad de que sus hijos tengan clases presenciales
Ana Luisa Yurrita, madre de un joven de 16 años, asegura que ha visto cómo cada mes las notas de su hijo empeoran y él pierde interés por las clases. “Y lo más preocupante es su salud: hemos tenido que llevarlo a terapia del sueño porque no puede dormir, se le ha caído el pelo y cada vez tiene menos ganas de salir de la casa. Los efectos negativos no son solo académicos, sino emocionales”.
Así lo confirma también Brown, quien explica que la falta de socialización entre los alumnos afecta a los estados socioemocionales de toda la comunidad educativa y que esto también tiene un efecto en el aprendizaje. “Hay que recordar que las emociones filtran todo, incluso el poder adquirir nuevos conocimientos”, comenta. Por su parte, Yurrita ha visto desde su papel de madre cómo la distancia afecta a la capacidad de atención de los alumnos. “Los niños pequeños necesitan tener contacto con sus maestros. ¿Cómo pretender que un niño en preprimaria o que está aprendiendo a leer y escribir tenga la atención necesaria cuando está cuatro horas frente a una computadora?”
Los temores de los maestros
Todas estas complejidades han creado una problemática nacional respecto a las decisiones del Ministerio de Educación. Por un lado, los padres insisten en la necesidad de enviar a sus hijos al colegio. Por otra parte, los maestros de las escuelas públicas no se sienten seguros, pues saben que no podrán cumplir con los protocolos mínimos. Sumado a esto, otro sector de la sociedad asegura que quienes piden la presencialidad para sus hijos son “malos padres” y que no se preocupan de la salud de su familia, que solo quieren deshacerse de ellos.
Yurrita, por su parte, considera que puede haber distintas situaciones en las familias, pero que no se descuida la salud, pues los niños llevan más de un año escuchando y viviendo los cuidados que deben tener. “Si los colegios cumplen con los protocolos, no debería haber ningún problema. El Ministerio asume que todos los papás tienen la capacidad de ser maestros para sus hijos; pero unas familias podrán ayudar a sus hijos y otras no. No todos los papás tienen la misma cantidad de tiempo para dedicar a sus hijos o no tienen los conocimientos necesarios para ayudarlos”, advierte Yurrita.
Se estima que al menos ocho de cada diez estudiantes no alcanzarán el rendimiento académico mínimo
Brown asegura que los contagios no aumentaron en las aulas durante el poco tiempo que estuvieron abiertas: “No se han observado estadísticas de contagio mayor dentro de las aulas. El sector educativo es el de mayor cumplimiento de los protocolos y la educación en modalidad híbrida contempla el uso de formación de burbujas –grupos pequeños– para evitar el contagio. Se observó esa dinámica, con resultados positivos en los centros educativos privados”.
Rendimiento por debajo del mínimo
En Guatemala, antes de la pandemia, el 70% de los estudiantes no lograba el mínimo rendimiento académico. El informe Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños, elaborado por el Banco Mundial, analiza el impacto de la pandemia en el sector educativo latinoamericano y plantea varios escenarios según el tiempo que las escuelas han permanecido cerradas. En el caso de Guatemala, estimaba que si las escuelas permanecieran cerradas siete meses, 8 de cada 10 alumnos tendrían un rendimiento académico por debajo del mínimo. Ya se ha pasado ese umbral, por lo que el siguiente escenario es qué pasa si las escuelas se mantienen cerradas durante trece meses. En ese caso, el informe plantea la alarmante cifra de 9 de cada 10 alumnos que tendrán rendimiento académico por debajo del mínimo.
Según el viceministro administrativo del Ministerio de Educación, Érick Mazariegos, no se tiene certeza de cuántas escuelas tienen la infraestructura adecuada y cumplen con las condiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud para que los estudiantes retornen a las aulas. Por tanto, los centros educativos públicos podrían permanecer cerrados por más tiempo. Esto significaría un retraso devastador para un país que ya mostraba fuertes deficiencias en educación con anterioridad a la pandemia.
Para Esperanza Quevedo de Dubón, maestra de una escuela pública en la Ciudad de Guatemala, el sistema híbrido no es una posibilidad real para estos alumnos. “Serían pocos los estudiantes que tuvieran sitio –asegura–, pues las aulas son pequeñas y no se podría cumplir con el distanciamiento. Tampoco hay recursos para comprar mascarillas y gel diariamente”.
A Carlos Carrera, representante de Unicef en Guatemala, le preocupa especialmente la educación de los niños de escasos recursos y en zonas rurales: “A fin de cuentas, ahí están los niños más vulnerables y que más sufrieron el año pasado por no tener electricidad ni Internet. También es probable que los papás no tuvieran los conocimientos para ayudarles. Volver a la escuela es imprescindible”, dice.
Libertad para elegir
Los colegios privados, por su parte, exigen al Ministerio de Educación que les dé la oportunidad de abrir, ya que muchos de ellos sí tienen la capacidad de cumplir con los protocolos de higiene y salud. Por ello, y después de fuertes presiones de los padres, el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud, permitió reabrir las aulas ya autorizadas, obligando a los colegios a pedir una nueva autorización similar a la que ya tenían.
La Constitución Política de la República de Guatemala indica en el artículo 73 que “los padres de familia tienen derecho a escoger la [educación] que ha de impartirse a sus hijos menores”. Brown explica que esto también incluye el derecho de los padres a elegir si desean que sus hijos puedan estudiar en modalidad híbrida. “En los centros educativos que la hayan implementado, no todos los padres han optado por ella. Es totalmente voluntario. De igual manera, no todos los centros educativos contemplan su implementación por la misma razón, porque los padres no la desean”. Para ella, se trata de una cuestión de libertad.
Estos retos, aunque se presentan a nivel mundial, afectan especialmente a los países en vías de desarrollo y con deficiencias previas en sus sistemas de educación. Guatemala no estaba preparada, y dadas sus carencias en infraestructura y servicios básicos, tiene una mayor dificultad para afrontar la situación. Por eso mismo, los niños serán las víctimas que cargarán con su retraso académico, cuando no su deserción escolar, el resto de su vida.
Abandono o almuerzo gratisEl abandono escolar es una de las mayores preocupaciones en materia de educación. Sin embargo, durante la pandemia, los números sorprenden positivamente: según el Ministerio de Educación guatemalteco, el abandono escolar en Infantil pasó de 3,7% en 2019 a 2,7% en 2020, y de un 4,2% a un 1,5% en Primaria. ¿Cuál es la explicación? Por un lado, los niños de la mayoría de escuelas públicas en Guatemala no tienen capacidad para recibir clases online; lo que se tiene es un programa de educación a distancia con una guía de aprendizaje semanal. Pero la capacidad de evaluación es poca y muchos de los alumnos han continuado estando inscritos en la escuela sin necesidad de trabajar o esforzarse en las tareas académicas. Esto les permite seguir cursando los grados sin dejar sus otras ocupaciones, como es el trabajo en el campo o el apoyo a sus padres en sus negocios o en casa. Se trata de trabajo infantil, pero que no se percibe así por las propias comunidades, ya que se realiza dentro del ambiente familiar. Por otro lado, el Ministerio de Educación cuenta con un programa de apoyo a través de refacciones escolares, que durante la pandemia se ha transformado en una entrega mensual de víveres y alimentos, además de un seguro médico que cubre ciertos riesgos. Así, las familias se han visto motivadas a mantener a sus hijos inscritos en las escuelas, con la ventaja añadida de que realmente no tienen que mandarlos a clase ni dejar de contar con ellos para el trabajo que haga falta. Así, los niños pierden su infancia y su educación pero los datos lo ocultan. Según el especial del diario El País “Un año sin pisar mi escuela”, en Latinoamérica y el Caribe viven más del 60% de los niños que ha perdido un año escolar completo por la pandemia del covid-19. Hoy, más de un año después del cierre de las escuelas, el Ministerio de Educación sigue sin ofrecer soluciones concretas para los niños de Guatemala. C.C. |