Por qué la baja natalidad afecta más a las escuelas públicas

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Duración lectura: 7m. 27s.
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El descenso en el número de nacimientos provoca que queden vacantes cada vez más puestos escolares. El efecto se nota primero, lógicamente, en los cursos de Infantil, pero con el paso del tiempo acaba llegando también a las aulas de Primaria y Secundaria. No es un fenómeno nuevo, pues el declive demográfico en España data de décadas atrás. No obstante, las caídas más intensas de la natalidad asociadas a la crisis económica de 2008 y, más recientemente, a la pandemia, han agudizado el problema.

Según el Ministerio de Educación, el número de estudiantes matriculados en el segundo ciclo de infantil descendió en 150.000 entre 2010 y 2020, y los datos de los dos últimos años –aunque aún sin confirmar oficialmente– apuntan a que este número podría haberse incrementado hasta superar los 200.000.

No obstante, no todas las escuelas están sufriendo por igual la disminución de los nacimientos. Por un lado, pesa el factor geográfico: los centros ubicados en zonas especialmente afectadas por el declive demográfico (por ejemplo, en el ámbito rural, o las que acostumbraban a recibir una inmigración que también ha disminuido) se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Aquí, una reducción en el número de niños, aunque pequeña en términos absolutos, puede significar el cierre de algunas aulas, o incluso de la escuela al completo. A su vez, esto puede acentuar la despoblación de estas regiones, como una pescadilla que se muerde la cola.

La red de escuelas pública está más presente en estas zonas que la concertada o la privada, y en parte eso explica que estén siendo sus centros los que en mayor medida estén acusando el declive demográfico. Así lo señala a nivel nacional El País, citando fuentes ministeriales, y lo confirman otras informaciones referidas a distintas comunidades como Andalucía, País Vasco o Navarra.

¿Trato de favor hacia la concertada?

Sin embargo, también influyen otros factores. Los detractores de la escuela concertada (colectivos como Soy Pública, medios como Nius, o sindicatos como CGT) se quejan, por ejemplo, del distinto procedimiento que siguen las autoridades educativas en cuanto a la planificación de plazas en estas escuelas respecto a las públicas: mientras que en el caso de la red pública cada año se recalibra el número de aulas de acuerdo al total de alumnos matriculados, la oferta de las concertadas estaría blindada durante el periodo de vigencia del concierto (un mínimo de cuatro años, aunque cada Comunidad tiene margen para aumentarlo).

No obstante, lo cierto es que, aunque esto pueda ocurrir en la práctica, la gran mayoría de legislaciones regionales condicionan el mantenimiento del concierto a un centro privado a que este mantenga una ratio mínima de alumnos por clase (la referencia suele ser la media de alumnos por aula en los centros públicos de la zona), una exigencia que no existe como tal para las escuelas públicas.

Además, los datos no parecen respaldar ese supuesto trato de favor de las autoridades hacia los centros concertados. Según las estadísticas de la OCDE referentes al curso 2019-20, el último del que hay referencias, el número medio de alumnos en las aulas de Primaria de la red pública era de 20,9, por 24,7 en las concertadas; en Secundaria, 24,8 y 27,5 respectivamente. Es cierto que la diferencia se ha acortado ligeramente en la última década, pero sigue siendo abultada.

Un informe del sindicato UGT sobre la situación de las escuelas públicas y concertadas de Madrid durante el curso pasado, escrito en un tono crítico hacia el supuesto favoritismo de las administraciones hacia la red concertada, señalaba sin embargo que entre todas las clases con una ratio superior al límite legal, casi el 80% pertenecían a esta red, cuando el porcentaje que suponen estos centros respecto al total es 15 puntos menor. En cambio, entre las aulas con un bajo número de estudiantes –menos de 20–, el porcentaje de las que se encuentran en centros públicos y concertados se corresponde aproximadamente con el tamaño de cada red.

Conocer las causas del problema

Poco se puede hacer desde las administraciones educativas para aumentar la natalidad, pero sí es posible buscar soluciones que al menos amortigüen el efecto del invierno demográfico en el vaciamiento de las aulas, y en su distinta repercusión en unos centros y otros.

No obstante, primero sería conveniente cuantificar el problema con rigor, y diferenciar las causas. En este sentido, sería interesante conocer qué parte de la menor ocupación de las aulas públicas se explica por el hecho de que sea mayoritariamente esta red la que escolariza a los alumnos de zonas más despobladas, y a los que tienen necesidades educativas especiales, y cuál se debe a otras razones.

Por ejemplo, se podrían comparar las ratios de centros públicos y concertados de una misma zona urbana, y con un alumnado de perfil similar, teniendo en cuenta las preferencias de escolarización expresadas por los padres de esos centros. Un estudio así permitiría comprobar si existe algún tipo de trato preferencial hacia una red o la otra, si existen desigualdades estructurales que se puedan corregir (por ejemplo, el gobierno catalán ha anunciado un plan para repartir de forma más equilibrada al alumnado con necesidades educativas especiales), y qué parte del problema se debe únicamente a las decisiones de las familias.

Ratios, blindaje de plazas y marketing

La reivindicación más escuchada entre los sindicatos y asociaciones de profesores de la red pública es la de que las administraciones aprueben una bajada de ratios general. Sugieren, por ejemplo, que se mantengan las que se establecieron durante la pandemia. Así no habría que cerrar aulas, lo que supone despedir profesores.

Es cierto que el número de alumnos por clase en España es superior a la media europea, especialmente en Secundaria, pero una medida así supondría un coste importante, y no hay evidencia científica clara sobre su efectividad cuando se aplica a gran escala. Otra posibilidad, que reduciría el gasto y cuenta con más respaldo científico, es aplicar esa bajada de ratios solo a los centros con una mayor concentración de estudiantes, especialmente si sufren algún tipo de desventaja (necesidades especiales, bajo nivel sociocultural, poca fluidez en la lengua de instrucción).

También se ha propuesto que la administración blinde la oferta de plazas en las escuelas públicas durante un periodo análogo al de los conciertos. Las asociaciones de profesores de la red estatal se quejan de que con frecuencia las autoridades educativas planifican a la baja la oferta de puestos escolares en estos centros basándose en el descenso de la natalidad, y esto lleva a algunas familias a no solicitar plaza para sus hijos por la incertidumbre de si podrán conseguirla o no. De esta forma se produce una especie de profecía autocumplida.

Otra medida que podrían aplicar los centros públicos por su cuenta es intensificar las campañas de información y promoción para las familias, dando a conocer, por ejemplo, el proyecto educativo particular de la escuela. Algunas voces dentro de la red reconocen que las escuelas concertadas llevan la delantera a las públicas en este campo, entre otras cosas porque parte de sus ingresos dependen de ello.

Todas estas actuaciones son razonables, y podrían, en efecto, paliar algunas desventajas de la escuela pública respecto a la concertada en cuanto a la pérdida de alumnos. Sin embargo, resulta sorprendente que se utilice este debate para criticar a esta red, como si fuera la culpable de todos los problemas de matriculación en los centros estatales; más cuando, a día de hoy, es en las escuelas concertadas donde en mayor proporción hay clases con exceso de estudiantes, en parte porque se exige un número mínimo bastante alto para poder recibir financiación.

Por otro lado, los que piden que, si se ha de reducir un aula se haga siempre en la concertada parecen olvidar, en primer lugar, que no conviene sacrificar la libertad de elección de los padres en aras de la estabilidad profesional del cuerpo docente; y en segundo, que varias sentencias de distintos tribunales –entre ellos, el Supremo– han desmentido la idea de que la escuela concertada cumpla una función subsidiara respecto de la pública, y que por tanto solo pueda existir allí donde esta no llega.

El problema de la baja natalidad y su efecto en la escuela es demasiado real y grave como para despacharlo con medias verdades.

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